Nueve centros de detención de inmigrantes en el estado de Luisiana han sido acusados de permitir abusos generalizados y tratos inhumanos a los reos. Así lo ha revelado una investigación publicada este lunes por una coalición de grupos de derechos civiles que ha asegurado que estas instalaciones incumplen sistemáticamente los mínimos estándares de atención.
La investigación, encabezada por la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU, en inglés) y que ha analizado los datos obtenidos durante 59 visitas a los centros de detención entre 2022 y 2024, ha averiguado que estos estarían violando las leyes federales y de derechos humanos. Los inmigrantes detenidos denunciaron agresiones físicas, abusos sexuales, negación de medicamentos recetados para la epilepsia y la diabetes, y la falta de acceso a productos de higiene femenina, entre otras cosas.
El informe, basado en entrevistas a más de 6.200 personas detenidas, documenta también otros abusos, como el uso de grilletes dentro de la cárcel o el aislamiento prolongado. También se ha hecho alusión a alimentos infestados de cucarachas en los centros del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE), un 98% administrados por compañías particulares.
Centros aislados
Luisiana es uno de los estados de EEUU con mayor número de centros de detención de migrantes del país, solo superado por Texas. La mayoría de las cárceles se encuentran en zonas rurales, lo que mantiene a los detenidos alejados de los abogados y de sus familias. Este estado también tiene la única cárcel del ICE en Estados Unidos conectada directamente a un aeropuerto.
"Hemos escuchado historias horribles que han sido corroboradas por una amplia documentación. Nuestros hallazgos respaldan aún más lo que las personas detenidas y sus defensores han exigido durante mucho tiempo: las cárceles del ICE de Luisiana deben cerrarse", ha expresado en un comunicado Sarah Decker, coautora del informe y abogada de Robert F. Kennedy Human Rights, una de las organizaciones que hizo parte de la investigación.
Por su parte, Andrew Perry, abogado de la ACLU de Luisiana, ha considerado que el Gobierno federal ha convertido la detención de inmigrantes en "una máquina de ganancias" a expensas tanto de los solicitantes de asilo como de los residentes de larga data de los Estados Unidos. El letrado también ha insistido en que "estas instalaciones deben cerrarse".
En el informe también han participado las organizaciones Immigration Services & Legal Advocacy (ISLA) y National Immigration Project. Además se ha subrayado que en 2021 la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional tomó la medida sin precedentes de abrir una investigación sobre toda la red de cárceles del ICE en el sector de Nueva Orleans.
