La crisis migratoria que atraviesa España desde hace meses es ya otro de los puntos que enfrentan al Gobierno y al principal partido de la oposición. Ninguno de los dos ha conseguido proponer una solución que contente a la otra parte para hacer frente al desbordamiento que sufren los sistemas de acogida de menores migrantes de Ceuta, Melilla y Canarias. El archipiélago está siendo, de hecho, el tercero en discordia en este tira y afloja que vienen escenificando PP y Moncloa desde principios de verano, con rechazos a reformas legislativas, acuerdos bilaterales, protocolos polémicos y denuncias de inconstitucionalidad. La paradoja, no obstante, reside en que, pese a que parece que el tono se ha elevado en los últimos días, el Ejecutivo y los de Génova han accedido finalmente a sentarse para intentar alcanzar un acuerdo.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fue el primero en manifestar su disposición de volver a intentar lograr un pacto con el PP para definir una reforma legislativa que alivie los sistemas de acogida de los territorios habituales de llegadas. Lo hizo este martes, cuando defendió la necesidad de que esa reunión se produzca "cuanto antes"; y lo ha vuelto a repetir este miércoles en el Congreso, donde ha asegurado que estarían dispuestos a añadir en un anexo de su reforma de la ley de extranjería "algunas cuestiones" que puedan plantear los populares.
Todos han movido ficha en cuestión de días, tras las innumerables llamadas de auxilio del dirigente canario, Fernando Clavijo, que este mismo miércoles se reunía con el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Margaritis Schinás, para pedir la implicación de Bruselas en este asunto. La reunión ha culminado con un plan de acción basado en cinco puntos de apoyo a las islas para hacer frente a la situación de emergencia: la transferencia de 14 millones de euros adicionales para recursos de acogida; la apertura de nuevos recursos a través de los Fondos de Desarrollo; el refuerzo de salvaguarda exterior de Frontex; una mayor cooperación de la UE con los países de origen y tránsito; y medidas hasta la puesta en marcha del Pacto de Migración y Asilo en 2026.
Un encuentro que se ha celebrado al mismo tiempo que la Fiscalía Superior de Canarias daba a conocer su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el nuevo protocolo territorial de recepción de menores migrantes no acompañados impulsado por el Gobierno de la comunidad insular, y por cuya aprobación Clavijo ya recibió una amenaza del Gobierno central de recurrirlo al Tribunal Constitucional (TC).
Sin fecha marcada en el calendario
También el Pleno del Congreso ha dedicado gran parte de la sesión de hoy a debatir la cuestión migratoria, con la comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha apelado al "sentido común" del PP para alcanzar un acuerdo que alivie la presión en Canarias. No hay fecha marcada en el calendario, sin embargo, sobre ese próximo encuentro que protagonizarán el Gobierno, PP y Clavijo para consensuar un texto que pueda ser aprobado en las Cortes con una mayoría suficiente.
Fuentes de Política Territorial insisten en que la intención es que se celebre "lo antes que se pueda" y aseguran que la intención del ministro Torres era hacerlo incluso este mismo jueves. Pero ni el presidente de Canarias ni el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, tienen hueco en la agenda para tan pronto. El líder de la oposición, de hecho, estará este jueves en Roma (Italia), visitando a la primera ministra, Giorgia Meloni, dentro de su gira europea en búsqueda de apoyos para su "alianza europea" contra la inmigración ilegal. Feijóo ha alabado la gestión italiana de la migración, basada en la deportación de migrantes a Albania, y la ha señalado en más de una ocasión como un ejemplo al que debería mirar España.
La principal preocupación de los españoles
Lo que es evidente es que el fenómeno migratorio está copando los discursos de las últimas semanas. Pero también ha ido trascendiendo más allá del panorama político, hasta el punto de que la inmigración es ya la principal preocupación señalada por los españoles en el panorama nacional, desbancando al paro y a los problemas políticos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
En apenas dos meses se ha duplicado la proporción de población que considera que la inmigración es el primer problema nacional, hasta llegar a unos datos que no se veían desde la conocida como 'crisis de los cayucos', en 2007. En tan solo dos meses se ha duplicado la tasa de españoles que ven la inmigración como el asunto más urgente para España: del 16,9% de julio al 30,4% que así lo cree en septiembre.
