El Ministerio de Consumo ha dado ya el primer paso para sancionar a las empresas de pisos turísticos que engañen a sus clientes mediante prácticas como la del 'falso casero'. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha abierto expedientes sancionadores a varias gestoras de alojamientos turísticas de todo el país que podrían estar cometiendo fraude o infringiendo la ley por ofrecer información falsa o que pueda inducir a error. Se trata, según ha podido saber 20minutos, de un procedimiento fruto de la investigación iniciada el pasado mes de diciembre, cuando se pidió información a empresas que operan en varias comunidades autónomas comercializando alojamientos turísticos en régimen de alquiler.
Bustinduy avanza, así, en la persecución de los fraudes de ley de las grandes gestoras de pisos turísticos por prácticas engañosas, junto con otras dos líneas de investigación abiertas a este tipo de alojamientos. En este caso, los datos recopilados por la Dirección General de Consumo constatan que estas empresas estarían ocasionando "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada", ofreciendo "cientos" de viviendas turísticas ofreciendo información falsa o que, aun siendo veraz, "por su contenido o presentación", inducen a error a los destinatarios. La más común es la conocida como la del 'falso casero', que consiste en hacerse pasar por un particular para alquilar una vivienda turística que en realidad está gestionada por una gran empresa.
Consumo recuerda que esto se trata de una práctica engañosa "susceptible de alterar el comportamiento económico" —es decir, la decisión de los propios clientes—, tal y como se define en el artículo 5 de la ley de Competencia Desleal. "Afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional", así como "presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario" son, de hecho, acciones definidas como contrarias a la norma en el artículo 27 de dicha ley. Engaños que pueden llegar a considerarse infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, que incluso podrían ser mayores, si se decide sancionar con entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido la empresa por haberlos llevado a cabo.
Por ahora se desconoce cuántas ni cuáles son las gestoras de pisos turísticos que han entrado en ese radar de Consumo para ser sancionadas, y fuentes cercanas a Bustinduy inciden en que no pueden desvelar datos de la investigación hasta que no haya concluido, ya que la apertura de este expediente no implica todavía una multa segura, pues ahora se abre un periodo de alegaciones.
Tres frentes abiertos contra los pisos turísticos
Estos nuevos procedimientos de sanción se unen al que ya abrió el ministro hace dos meses a Airbnb por publicidad ilícita en "miles" de los pisos turísticos ofertados en la plataforma. También en diciembre se abrió otro expediente sancionador a diversas agencias inmobiliarias por llevar a cabo "prácticas abusivas" contra los inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a pagar la comisión por la gestión del arrendamiento —algo que está prohibido desde que se aprobó la nueva ley de vivienda en 2023—, firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o aceptar cláusulas contrarias a la normativa.
En una entrevista para este periódico, Bustinduy defendió la necesidad de actuar contra la "proliferación descontrolada de pisos turísticos" que asegura que se ha tolerado en España durante años y que están "cercenando el derecho a la vivienda". "En algunas ocasiones, Madrid ha reconocido que un 90% de las viviendas turísticas son ilegales. Esos porcentajes en Mallorca son un 80%, y en Barcelona un 50%", subrayó entonces, tachando esto de "intolerable" y un fraude que no se permitiría en ningún otro sector o actividad económica.
