Que la ley de amnistía llegaría al Tribunal Constitucional era ya una certeza antes de que la norma existiera. De hecho, políticos, medios y juristas llevan meses debatiendo sobre la constitucionalidad de la amnistía. Pero con la apertura del nuevo año judicial, ese debate llega finalmente al órgano de garantías, que tendrá la última palabra sobre el encaje de la norma en la Constitución.
Así, el Tribunal Constitucional se prepara para abordar este asunto "con calma". Se deben contestar varias cuestiones y el órgano no se pronunciará inmediatamente. Fuentes del tribunal ofrecen una horquilla amplia en lo que se refiere a las fechas: la votación se producirá entre seis y nueve meses a contar desde ahora.
Y antes de tomar una decisión final, el Pleno del Tribunal Constitucional deberá estudiar las recusaciones de varios de sus miembros. Por un lado, el exministro de Justicia y actual magistrado Juan Carlos Campo ha anunciado ya que tratará de abstenerse del debate. Tiene la voluntad de apartarse porque desde el Ministerio de Justicia firmó una serie de informes sobre los indultos a los líderes del procés, y en uno de ellos afirmó que la amnistía es "claramente inconstitucional". Un pronunciamiento previo que, a juicio de Campo, impide que se le presuma imparcial a la hora de deliberar sobre la medida de gracia.
Por otro lado, el Partido Popular ya ha anunciado que recusará a varios magistrados del TC, entre ellos a Laura Díez y al presidente Cándido Conde-Pumpido. También hay quien pone en cuestión la posibilidad de que José María Macías participe en el debate.
Uno de los puntos en el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial al que llegaron el PSOE y el PP antes del verano fue el nombramiento de Macías como magistrado del Constitucional. Durante los más de cinco años de bloqueo del CGPJ, Macías asumió el papel de cabecilla del sector conservador del Consejo, especialmente crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Y cuando se desbloqueó el CGPJ, el PP impuso el nombre de Macías para ocupar una plaza del Constitucional que había dejado vacante en 2021 Alfredo Montoya, aquejado por problemas de salud. El magistrado ha tomado posesión del cargo este mismo viernes.
La cuestión es que durante el último año se ha pronunciado públicamente en muchas ocasiones en contra de la amnistía, negando que quepa en la Constitución. Y aunque no faltan voces que le contradigan, Macías cree que no tiene motivos para apartarse, tal y como han confirmado fuentes cercanas al Constitucional.
Las mismas fuentes ponen en cuestión que aquella apreciación que hizo Juan Carlos Campo al sostener que la amnistía es "claramente inconstitucional" sea motivo de recusación. Señalan, en este sentido, la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional, plasmada en el auto 107/2021. Y se refieren concretamente al siguiente párrafo: "No puede pretenderse la recusación de un juez por el mero hecho de tener criterio jurídico anticipado sobre los asuntos que debe resolver. No solo el Tribunal Constitucional sino también el resto de tribunales jurisdiccionales deben ser integrados por jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración".
En aquel auto, el Tribunal Constitucional explica que sus miembros han de ser "juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional" y, como tal, "no puede extrañar" que "se hayan pronunciado voluntaria u obligatoriamente sobre materias jurídicas" que deban tratar en el órgano de garantías.
Una vez solventado el asunto de las recusaciones, el Tribunal Constitucional dará prioridad a contestar a la cuestión de inconstitucionalidad que presentó en julio el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal, la misma que juzgó a los líderes independentistas que protagonizaron el procés, se opuso en aquel momento a concederles la amnistía por el delito de malversación, por el que se investiga aún a día de hoy al expresident Carles Puigdemont. Según la Sala Segunda, la ley de amnistía vulnera el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional.
Al estudiar el caso de dos condenados por desórdenes públicos en el marco de las protestas contra la sentencia del procés, el Tribunal Supremo decidió acudir al constitucional para preguntar por la posibilidad de aplicarles la medida de gracia. En el órgano de garantías se da por hecho la admisión a trámite de la cuestión remitida desde el Supremo, a la que además se dará prioridad frente a los recursos presentados.
Entre ellos, el que presentó el Partido Popular este mismo jueves, coincidiendo con la apertura del año judicial. La ponencia que dará respuesta a este recurso correrá a cargo de José María Macías. Por otro lado, las trece comunidades que gobierna el PP presentarán su propio recurso antes de que finalice la fecha para hacerlo, el próximo 11 de septiembre. El 24 de septiembre, el Constitucional decidirá si admite a trámite estos recursos.
