El Congreso debate este martes la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Sumar para exigir a los bancos la implantación de un sistema específico a través del cual sea posible reclamar directamente a las entidades financieras las cláusulas hipotecarias abusivas. La formación de Yolanda Díaz persigue así facilitar el proceso sin tener que recurrir a los tribunales y empujar a los propios bancos a renegociar con los clientes afectados. La iniciativa necesita conseguir el respaldo de la Cámara Baja para seguir adelante en su tramitación.
El objetivo de la propuesta de Sumar es crear una nueva vía para que los afectados por condiciones abusivas en los préstamos hipotecarios puedan reclamarlas voluntariamente dirigiéndose a la entidad financiera con quien se firmó el crédito, evitando así "una judicialización excesiva de las posibles irregularidades contractuales" y contribuyendo a "uniformizar las sentencias en los litigios". Para ello, la iniciativa no solo insta a la creación de un sistema de reclamación específico -más allá del servicio de atención al cliente-, sino también a darlo a conocer entre los afectados. Esto exigiría a los bancos revisar las hipotecas concedidas para detectar aquellas con cláusulas abusivas. No obstante, seguiría siendo el hipotecado quien tendría que iniciar el proceso de reclamación.
En concreto, la ley propuesta por Sumar busca proteger a los afectados por las denominadas cláusulas Redito ad Libitum (Redal), es decir, a aquellos que firmaron préstamos sin que en las condiciones figurara la fórmula empleada para calcular la amortización de la cuantía prestada o en los que la la fórmula sea abusiva o errónea e impida calcular el importe exacto a pagar. Esto puede deberse a la aplicación de métodos matemáticos "engañosos" o al uso de sistemas de subamortización "encubierta". De hecho, la iniciativa impulsada por los comunes busca que las fórmulas de cálculo y los errores matemáticos detectados de forma recurrente en las hipotecas sean públicos. Correspondería al Banco de España y al Ministerio de Economía elaborar listados accesibles y actualizados. Un informe de la Dirección General de Consumo de Baleares habla de hasta 36 tipos de irregularidades.
Por ejemplo, la fórmula empleada habitualmente en España para calcular la cuota hipotecaria que se paga cada mes es el sistema de amortización francés, que supone que la mayor parte de los intereses de la deuda se pagan en los primeros años del préstamo. En caso de que se utilice un sistema diferente que implique pagar intereses durante más tiempo y no se haya indicado expresamente, se consideraría abusivo. También lo sería el uso de fórmulas exponenciales sin explicar sus consecuencias, la aplicación de tecnicismos sin la pertinente aclaración, recoger en el contrato el importe de las primeras cuotas sin especificar cuánto pueden variar con el paso del tiempo, mencionar solo las ventajas o directamente incluir tipos de interés aplicables inferiores a los aplicados realmente.
Desde Sumar apuntan a que "gran parte" de las hipotecas a tipo variable firmadas antes de 2011 contienen "fallos" de redacción en esta línea y no cumplen la normativa europea de información al consumidor. El resultado de lo que los comunes denuncian como "mala praxis" por parte de los bancos es que "muchas familias de clase media asumieran deudas aparentemente asequibles pero que a la larga no van a poder pagar". Advierten de que esta "subamortización" supone que los hipotecados afectados hayan estado pagando sus cuotas durante años sin saber que apenas estaban reducir la deuda contraída con el banco.
La iniciativa busca abrir una nueva vía específica para reclamar estos abusos, aunque para materializarse en una nueva ley necesita todavía superar un largo proceso. El de este martes es solo un primer paso en el que el Congreso decide si abordar el asunto, debe obtener más síes que noes. Por el momento, los socialistas no han desvelado cuál será el sentido de su voto, después de que la semana pasada la vivienda provocara un choque entre los socios de gobierno. También está por ver cuál será la posición de otros socios habituales como PNV o Junts. Incluso si el Congreso diera luz verde a la tramitación de esta norma, las formaciones tendrían que debatir más adelante su contenido.
Protección ante desahucios
Según lo planteado por Sumar, recibida y aceptada la solicitud de reclamación, el banco tendría que renegociar y ofrecer al cliente un nuevo sistema de pago de las cuotas por un importe suficiente para cubrir los intereses y amortizar parte del capital prestado. En el caso de existir contradicción entre algún tecnicismo incluido en el contrato y lo firmado en el propio documento, se le tendría que dar al cliente la opción de elegir entre anular la cláusula de amortización o aplicar las condiciones financieras que le sean más favorables, lo que llevaría consigo la corrección del cuadro de amortización -el calendario de todos los pagos a abonar-.
"Con esta ley no solo quedaremos más protegidos, también facilitaremos las opciones para resolver la relación con la entidad bancaria, que siempre será la más favorable para el consumidor", explican fuentes de los comunes. La protección de los hipotecados va más allá de la agilización de la reclamación. La propuesta de Sumar también incluye que los bancos no puedan iniciar procedimientos civiles por incumplimiento de las condiciones de pago -desahucios, por ejemplo- cuando existan este tipo de cláusulas abusivas, siempre y cuando las cuotas abonadas hasta el momento sean superiores a los intereses mensuales.
El banco siempre puede rechazar la reclamación por considerar de forma motivada que no existen tales cláusulas abusivas. En ese caso, además de recurrir a los tribunales, el afectado podría acudir al Banco de España, que tendría dos meses para pronunciarse al respecto. Si transcurridos tres meses desde la presentación de la reclamación por parte del consumidor en la entidad financiera no se ha llegado a un acuerdo entre las partes, la iniciativa planteada por Sumar da prevalencia al planteamiento del cliente.
