El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una reforma de la ley orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra (LORAF) que hará efectivo el traspaso de las competencias de Tráfico ostentadas por la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra. El Gobierno ya aprobó este traspaso en 2023 a través de un decreto que respondía a un acuerdo para obtener el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado. Pero el Tribunal Supremo anuló este decreto y dictó que el traspaso se tenía que tramitar con una ley orgánica.
Ahora el Congreso ha aprobado esa ley orgánica -que pasará al Senado- con el apoyo de 179 diputados frente a los 169 que han votado en contra. Dos diputados no han emitido su voto, y todos los grupos menos el PP y Vox han apoyado la iniciativa. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha subido a la tribuna del Congreso y ha celebrado la votación como "un paso más en el autogobierno de Navarra". La reforma, ha indicado Torres, "es fruto del consenso" alcanzado en una comisión negociadora entre el Gobierno de España y el de Navarra. "Quienes creemos en la descentralización del Estado estamos hoy satisfechos".
El traspaso supondrá una retirada de las competencias ostentadas por la Guardia Civil en favor de la Policía Foral de Navarra, un paso que, a juicio de Torres, "eleva al campo del derecho lo que la realidad social y política de Navarra necesita". Un paso alcanzado gracias a "una conjunción de voluntades dentro de la Constitución".
El diputado Sergio Sayas se ha encargado de ofrecer la perspectiva del Partido Popular sobre la reforma, completamente opuesta a la del Gobierno. Para los populares este martes se ha aprobado "el pago a Bildu" a cambio de la aprobación de los Presupuestos de 2023. El acuerdo es un "mercadilleo con los proetarras", un pacto con "un apéndice de ETA". Y "el PP nunca va a estar con los negocietes con los proetarras", ha anticipado Sayas.
"¡Qué vergüenza y qué bochorno!", ha exclamado con indignación ante "la expulsión de la Guardia Civil de Navarra". De eso se trata esta reforma para el PP, de complacer a Bildu, al que "le molesta la Guardia Civil" porque "nos protegió en los años del terrorismo". También Vox se ha referido a un ataque a la Guardia Civil. "Un asalto", ha señalado Ignacio Hoces, y una manera de "justificar las chapuzas normativas del Consejo de Ministros". "Esta reforma no nace de una necesidad social; nace de la confluencia de intereses de Bildu y de Pedro Sánchez", ha lamentado el diputado.
La parlamentaria de Bildu Isabel Pozueta, que ya desde antes de las intervenciones de Sayas y Hoces sabía que este es "un día malo para las derechas", ha celebrado el inicio del "último capítulo de un largo y difícil camino". Pozueta ha censurado a Vox y al PP, que "se empeñan en obstaculizar el autogobierno de Navarra". Y más allá de aplaudir este "avance en el autogobierno" de la Comunidad Foral, ha reclamado al Gobierno "nuevos acuerdos para las transferencias pendientes".
Se enmienda el decreto anulado por el Supremo
Con la aprobación de esta reforma, el Congreso viene a enmendar un decreto que aprobó el Gobierno y acabó anulado por el Tribunal Supremo a comienzos de 2024. El traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra ya se aprobó en 2023, y de hecho comenzó a hacerse efectivo en julio de aquel año. Pero se aprobó a través de un decreto, y el Tribunal Supremo dictaminó que debía tramitarse a través de una ley orgánica o a través de la reforma de la ley orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra (LORAFNA), equivalente a un estatuto de autonomía.
El dictamen del Tribunal Supremo, que anuló el traspaso, se apoyaba en el artículo 150.2 de la Constitución: "El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".
En el momento en que se acordó por primera vez el traspaso de transferencias a la policía foral de Navarra, el departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior acotó el número de competencias afectadas. La primera es la competencia sancionadora, que supone la gestión de miles de denuncias anuales, con diferentes orígenes (agentes de autoridad y sistemas automáticos) y diferentes acciones finales (pagos, anulaciones, detracción de puntos).
También está la gestión de autoescuelas y centros de reconocimiento de conductores. Esto incluye la formación en la obtención de los permisos de conducción y su renovación, los primeros realizados por las Escuelas de Conductores y los segundos, por los Centros de Reconocimiento Médico.
Por otro lado, entre las competencias de tráfico está el sistema de recuperación de puntos. Es decir, que una vez se haga efectivo el traspaso corresponderá a Navarra determinar el modelo para impartir los cursos de sensibilización y reeducación vial, de acuerdo con la duración, el contenido y los requisitos que se determinen con carácter general.
El traspaso implicará además la asunción por parte del Gobierno de Navarra de la convocatoria y desarrollo de los cursos para obtener el Certificado de Aptitud de Profesor y Formación Vial y de la planificación y ejecución de campañas divulgativas en educación y formación vial. Desarrollará, además, la Estrategia de Seguridad Vial y Movilidad que marcarán el futuro, así como un Currículo Navarro de Seguridad Vial.
Entra también en juego la competencia de vigilancia y control del tráfico. En el plan orquestado por el Gobierno habrá un periodo de convivencia entre Policía Foral y Guardia Civil y al final del periodo transitorio de ejecución de la transferencia, estas funciones serían desempeñadas en exclusiva por Policía Foral.
Por último estarán las competencias en lo referente a ciertas pruebas deportivas y marchas ciclistas, además de la estadística y comunicación de accidentes e información de estado del tráfico.
