Las comunidades autónomas intentan minimizar en lo posible los efectos que el rechazo del decreto ómnibus este miércoles en el Congreso va a ocasionar sobre el precio del transporte público.
A última hora de ayer, muchas se apresuraron a confirmar que, por el momento, mantendrán el aporte que realizaban para contribuir a que el coste del abono transporte (metro y Cercanías) y los billetes individuales fuera todavía menor (el Gobierno central aportaba un 30% y las regiones, por lo general, un 20%). Lo que sí se ha suspendido en totalidad es el abono recurrente gratuito, ya que estaba financiado solo por el Ejecutivo. Este iba dirigido a viajeros habituales en trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional.
Desde la Generalitat valenciana, por ejemplo, mantendrán los descuentos en el resto de abonos hasta el 31 de enero. También Andalucía continuará aportando, aunque sin plazo, el 20% adicional. Por su parte, la Comunidad de Madrid, que contribuía a los descuentos con un 30% de financiación, asumirá "de momento", lo que ha dejado de invertir el Gobierno, por lo que habrá de soportar el 60% hasta ahora vigente.
En este escenario, Elena, estudiante de 24 años, cree que es indispensable una mayor colaboración y comunicación entre el Gobierno y las autonomías, independientemente del partido político que esté al frente de ellos. "En mi caso, cojo el transporte público menos que antes, pero era una ayuda muy, muy grande para los jóvenes, familias numerosas... Hay quienes no tendrían previsto este gasto", defiende la joven.
En el mismo sentido se manifiesta Ignacio, también de 32 años, que apunta a la clave y el "error" que se ha cometido en este asunto. "Que hayan metido las ayudas al transporte en un decreto con tantas medidas nos ha perjudicado. No se han centrado solo en este tema y, claro, la política es así", subraya este trabajador de Renfe, quien se muestra "convencido" de que la prolongación de las ayudas habrían salido adelante "si se hubieran separado" del paquete.
Es precisamente esta amalgama de iniciativas la que llevaron al PP y Junts a votar en contra del decreto ómnibus este miércoles. El partido presidido por Alberto Núñez Feijóo llegó a calificarlo de "chantaje político", ya que en él el Gobierno introducía medidas como la cesión al PNV de la sede del Instituto Cervantes en París, un edificio previamente propiedad del Gobierno vasco en el exilio que la Gestapo le expropió.
No obstante, el decreto incluía otras medidas beneficiosas para la ciudadanía, como la prórroga del bono social, la prohibición de los desahucios a las familias vulnerables, financiamiento extraordinario para la Comunidad Valenciana por los daños de la DANA, la prolongación de las medidas de reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica de 2021 o la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
Si bien critica que el Gobierno haya aglutinado en un mismo paquete estas medidas tan dispares, Alejandro, aunque valora que la Comunidad de Madrid mantenga de momento los descuentos, afea la actitud de partidos como el PP. "Parece una forma de hacerse los héroes o los salvadores cuando han sido ellos los que han votado en contra en el Congreso", señala a 20minutos el joven de 32 años, que actualmente está estudiando un curso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Así, Alejandro lamenta que, con "una medida que afecta al ciudadano de a pie en su día a día", hayan vuelto a evidenciarse las graves desavenencias entre el Gobierno y la oposición.
"Son las historias de los tira y afloja de la política"
Ana ha sido doblemente perjudicada por la caída del decreto. Es usuaria del transporte público y jubilada. La mujer de 69 años considera "fundamental" todo lo que tenga que ver con "facilitar e impulsar el transporte público y evitar el privado".
"Lo que ha ocurrido no tiene sentido, los políticos que han votado en contra no están a la altura", afirma a este periódico. Ana, que conoce el contenido del decreto que fue rechazado este miércoles en el Congreso, achaca la situación a "las historias de los tira y afloja de la política" y al ánimo de la oposición de "poner en un brete al PSOE, aunque la mayoría de propuestas eran de un razonable absoluto".
Con todo, la mujer cree que, tanto con la revalorización de las pensiones como con las ayudas al transporte, al Gobierno no le quedará otra que "llevar al Congreso un decreto particular con estas medidas".
Al igual que Ignacio, su compañera de trabajo, Vanesa, considera que la iniciativa "debería haberse presentado de otra forma porque afecta a la vida de las personas". "Hay gente a la que le va a condicionar la vida. A muchos puede suponerle un descabale de su economía. Los políticos han seguido su camino, sin mirar atrás y sin pensar en el pueblo, como siempre", lamenta esta ciudadana de 40 años.
Para tener una idea clara del asunto, en el caso de que el Gobierno decida no aprobar de manera independiente estas ayudas y la Comunidad de Madrid deje de aportar el porcentaje que hasta ahora mantiene, el abono para la Zona A pasaría de los 21,80 euros a los 54,60 y el de la Zona E2 (aquel que permite el desplazamiento por toda la Comunidad de Madrid y llega a la provincia de Guadalajara) pasará de los 52,70 euros a los 131,80.
"Al final, todo tiene un carácter político claro. Existe un problema de convivencia entre los partidos. El caso es que, si nosotros decidimos, nosotros deberíamos ser la prioridad de cualquier tipo de Gobierno: el pueblo y los servicios públicos", remata Begoña, productora de danza de 39 años, quien ofrece, con resignación y humor, un pequeño consejo si no se aprueban las ayudas:
"Ponerse en forma. Yo animo a todo el mundo a utilizar la bicicleta porque al final se tarda menos que con el autobús o con cualquier clase de transporte público", sentencia.
