El Partido Popular ha querido, con buen tino, iniciar el curso político tras el paréntesis vacacional con un manifiesto conjunto de sus barones en contra del concierto económico para Cataluña que, llámelo cada cual como prefiera, recoge el pacto suscrito entre socialistas y republicanos para investir president a Salvador Illa.
El texto, que intenta conjurar la previsible división entre las autonomías que gobiernan los populares ante el reparto de los dineros estatales, precede a la reunión que este viernes mantendrá Alberto Núñez Feijóo con sus barones: toda una demostración de por dónde pretende Génova enfocar la pelea este curso, Begoña Gómez aparte.
El manifiesto no escatima descalificaciones y asegura que el acuerdo es “un intento ilegítimo de modificar nuestra Constitución y nuestro modelo de Estado por la puerta de atrás" ya que pretende sustituir el actual sistema autonómico por un “modelo confederal asimétrico”. Pasando por alto que el todavía hipotético cambio de modelo debería pasar el legítimo trámite de ser votado por nuestro igualmente legítimo Congreso de los Diputados, el PP dispone de tan gruesa munición porque ni el Gobierno ni el PSOE, dos semanas después de la investidura de Illa, ha facilitado explicación alguna sobre los detalles del pacto que revierta estas acusaciones.
Si el Gobierno pretende repartir carnés de singularidad financiera que informe sin demora de sus requisitos y prerrogativas
La escueta y machacona “solidaridad” a la que se vienen refiriendo los escasos ministros que hasta ahora se han pronunciado al respecto no es suficiente para tranquilizar a socios parlamentarios y votantes, que no alcanzan a entender la anunciada recaudación y gestión del cien por cien de los tributos por parte del Govern catalán más que como una ruptura de la caja común del reparto.
Los diez años de retraso en la renovación pendiente del actual sistema de financiación autonómica, por falta de voluntad política y acuerdo, ya acumulan suficientes agravios entre territorios para añadir ahora, sin contrapesos, el factor catalán. Si el Gobierno pretende repartir carnés de singularidad financiera a cada autonomía, como ha prometido a Cataluña, que informe sin demora de sus requisitos y prerrogativas. Y, sobre todo, de si hay suficiente para todos.
