Tras el culmen de un año judicial de alto voltaje, este septiembre se abre paso un nuevo curso que, en lo que a la justicia se refiere, amenaza con superar al anterior: los tribunales seguirán copando la actualidad española con asuntos espinosos. Continúa el avance del caso Koldo y la investigación a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que ha provocado una lucha del Ejecutivo —querellas mediante— contra el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado .
La amnistía que protagonizó el último curso seguirá siendo clave durante el entrante, pues su aplicación está lejos de zanjarse. Más pronto que tarde llegará el momento en que los ojos se tornen sobre el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrán la última palabra sobre la concesión de la gracia a Carles Puigdemont.
Otro asunto pendiente es la posible imputación del fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también debe tomar decisiones importantes. Pese a que se ha superado el bloqueo de cinco años en el órgano de gobierno de los jueces, sus vocales no se ponen de acuerdo para nombrar un presidente.
La apertura del año judicial: tensión e interinidad
Este jueves se celebrará la apertura del nuevo año judicial, un acto solemne que contará con la presencia del rey Felipe VI y reunirá a la cúpula del Poder Judicial y a otros representantes institucionales. La preocupación reina porque, pese a que el PP y el PSOE han alcanzado un acuerdo y renovado el CGPJ, sus 20 flamantes vocales no alcanzan un consenso sobre quién debería presidir el órgano. El presidente del Consejo lo es también del Tribunal Supremo y, como tal, se encarga de pronunciar el discurso de apertura de este acto.
Desde que Carlos Lesmes dimitió de este cargo hace casi dos años, el encargado de dar por inaugurado el año judicial es el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán. El CGPJ ha convocado un pleno este lunes en el que los vocales intentarán por cuarta vez ponerse de acuerdo en la elección de un presidente.
El sector progresista (como se conoce al grupo de vocales escogidos a propuesta del PSOE) considera que se debe aupar a una mujer progresista al cargo, entre otras cosas porque escoger a un hombre incumpliría la ley de paridad. Pero el sector conservador (nombrado por el PP) no apoya a la candidata Pilar Teso, magistrada del Supremo. Al contrario, este grupo de vocales propone a Pablo Lucas, presidente en funciones de la Sala Tercera.
Una vez se supere este escollo, el órgano de gobierno de los jueces se topará con una tarea aún más compleja. El acuerdo por el que se renovó el CGPJ incluía un recado para sus nuevos vocales: en el plazo de seis meses desde la renovación, deben trasladar a las cortes una propuesta para reformar el sistema de elección de los vocales.
Caso Koldo, Begoña Gómez y el pulso a los jueces
Si el pacto de investidura resultante del 23-J puso al Poder Judicial en el centro de la discusión política, la entrada de 2024 reforzó ese protagonismo con la apertura del caso Koldo y la investigación a Begoña Gómez. Una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia se cobró la cabeza de José Luis Ábalos, máximo responsable del Ministerio de Transportes al que se considera el epicentro de la corruptela.
A día de hoy continúan activas las dos comisiones de investigación que crearon el PP en el Senado y el PSOE en el Congreso para investigar la corrupción durante la pandemia. El juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó en junio la avocación de la causa a la Fiscalía Europea y el Supremo dictaminó que la Audiencia es el órgano competente para hacerse cargo de la investigación. En aquel auto, el alto tribunal descartó indicios de malversación, pero apreció posible cohecho, tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
Mientras tanto, en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se desarrolla la investigación a Begoña Gómez por sus relaciones con el holding Globalia, su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés. La apertura de estas diligencias llevó a Pedro Sánchez a tomarse cinco días de reflexión sobre su continuidad al frente de la Presidencia del Gobierno.
No solo se quedó, sino que se ha querellado contra el juez por prevaricación tras ser citado a declarar como testigo. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ha registrado la querella y ha encargado al magistrado Francisco José Goyena que valore su admisión a trámite.
La posible imputación del fiscal general
Fue precisamente Goyena quien solicitó al Tribunal Supremo que impute al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Delito que habría cometido al ordenar la difusión de una nota de prensa que narraba con detalle la situación procesal del novio de Isabel Díaz Ayuso, investigado a su vez por fraude fiscal y falsedad documental.
García Ortiz ha admitido públicamente que fue él quien ordenó la difusión de esta nota, e incluso solicitó al instructor que elevara la causa al Tribunal Supremo. Lo cual no quiere decir que reconozca la comisión de un delito. A su juicio, la emisión de la nota no tiene consecuencias penales, fue más bien el paso lógico para "poner fin a un bulo".
La nota se emitió tras filtrarse unas informaciones según las que la Fiscalía Provincial de Madrid había ofrecido al novio de Isabel Díaz Ayuso un acuerdo económico para librar una eventual pena de prisión. La Fiscalía mantiene que, como rezaba aquella nota de prensa, fue el abogado de Alberto González Amador quien trasladó aquella oferta. Al tratarse de un cargo aforado, García Ortiz solo puede ser investigado por la Sala Segunda del Supremo.
La amnistía incierta, un año después
Durante el acto de apertura del curso judicial 2023, las conversaciones informales en los pasillos y salones del Supremo giraban casi exclusivamente en torno a la amnistía. Nada se sabía por aquel entonces de una norma que ahora está aprobada, pero que los tribunales no han aplicado según lo esperado por el legislador.
El 1 de julio, el Tribunal Supremo determinó que la malversación para la financiación del referéndum del 1-O no es amnistiable, descartando así otorgar la gracia a Puigdemont y permitir que regrese a España sin exponerse a ser detenido. De ahí la huida del expresident tras acudir a dar un mitin a Barcelona en agosto. En el mismo auto, el tribunal acordó promover "una cuestión de inconstitucionalidad respecto del delito de desobediencia", por el que se condenó a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.
El abogado de Carles Puigdemont recurrió el auto del Tribunal Supremo y, ante la falta de respuesta, se querelló contra el instructor del procés, Pablo Llarena, por "la desatención y el retraso injustificado y reiterado" en la tramitación de los recursos impuestos. Un año después, ante la incertidumbre que no se ha disipado, las conversaciones seguirán girando en torno a la ley de amnistía.
