El juez Joaquín Aguirre, instructor entre otros del caso Negreira se ha jubilado este miércoles, a los 66 años, mientras la investigación sobre los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros ya va por su cuarta prórroga.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la jubilación del magistrado, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona desde 1988 y uno de los más veteranos de la Ciudad de la Justicia, con 40 años de servicio en los que ha tenido en sus manos complejas -y dilatadas- investigaciones.
Entre ellas, el denominado caso Negreira, en el que Joaquín Aguirre investigó desde marzo de 2023, entre otros, a los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, tras admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía por los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a exvicepresidente del CTA y a su hijo entre 2001 y 2018.
Ambos expresidentes fueron investigados por los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil.
También figuró entre los investigados Joan Laporta, pero la Audiencia de Barcelona desautorizó al juez en el caso del actual presidente, por imputarle en contra del criterio de la fiscalía un delito de cohecho a él y al club, por los pagos a Negreira durante su primer mandato, entre los años 2008 y 2010.
El tribunal le rectificó en mayo del año pasado: no hay delito de cohecho en las dádivas al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) porque no es funcionario público y, para más inri, esos pagos imputables a Laporta estarían prescritos desde 2015.
El juez que suceda a Aguirre al frente del primero de los juzgados de instrucción de Barcelona heredará una investigación de casi dos años en la que, con la excepción de Jose María Enríquez Negreira -que sufre deterioro cognitivo-, no han declarado aún los principales imputados, Rosell y Bartomeu.
Aguirre se jubila, además, sin que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya decidido aún si lo investiga por prevaricación a raíz de la querella que presentó contra él el expresidente Carles Puigdemont.
