La Comisión Europea ha avalado el veto del Gobierno español a la operación lanzada por la empresa húngara Ganz-MaVag para comprar Talgo. Así, Bruselas ha alegado que se deben proteger los intereses y la seguridad nacional de España, apuntando que la situación puede terminar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
En una rueda de prensa celebrada este jueves, la portavoz comunitaria Francesca Dalboni, ha evitado poner objeciones a la maniobra del Gobierno, tras asegurar que es prerrogativa de los Estados miembros adoptar este tipo de decisiones. Así, ha recordado que los tratados de la Unión permiten restringir las libertades de mercado único, como la libertad de establecerse y libre movimiento de capitales, alegando motivos de seguridad pública.
"Las medidas deben estar justificadas y ser proporcionales al objetivo que persiguen", ha añadido Dalboni, quien también ha indicado que las autoridades españolas no tenían obligación de informar previamente al Ejecutivo europeo sobre su decisión.
"Sin noticias" de la compañía húngara
Después de que el potencial comprador, Magyar Vagon, haya anunciado que acudirá a instancias europeas para denunciar la maniobra de España, desde la Comisión Europea han asegurado que, por el momento, no han recibido noticias de la compañía.
En este sentido, el portavoz comunitario, Eric Mamer, ha resumido que los principios por los que funciona la UE aparecen recogidos en los tratados y este tipo de decisiones deberán ser supervisadas en última instancia por el TJUE.
