La primera reunión entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios para intentar acordar el diseño de un nuevo impuesto permanente a los beneficios de las empresas energéticas acabó sin avances. PNV y Junts decidieron no acudir a la cita, que el Ministerio de Hacienda se había comprometido hace un par de semanas a convocar para convencer a Podemos de que apoyara su reforma fiscal en el Congreso. Y, dado que sin los nacionalistas de derechas el Ejecutivo no suma la mayoría suficiente para sacar adelante la tasa, lo único que pudo prometer Hacienda a sus aliados de izquierdas es lo que ya se había comprometido a hacer: aprobar por decreto la extensión del actual gravamen para 2025.
Así lo confirman fuentes conocedoras del contenido de la reunión, que explican que el decreto incluirá algunos pequeños cambios con respecto al actual diseño de la tasa y que tendrá una duración de un año. En la práctica, no obstante, esto no significa que esté garantizado que en 2025 se seguirá aplicando el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Los decretos que aprueba el Gobierno entran en vigor de manera inmediata, pero en el plazo máximo de un mes deben ser sometidos a votación en el Congreso, que puede derribarlos. Por tanto, lo que hace de facto Hacienda con esa prórroga es ganar tiempo y darse todo el mes de enero para intentar que Junts y PNV den su brazo a torcer. Si no lo hacen, el impuesto caerá a partir de febrero.
La reunión se celebró este miércoles tras el Pleno del Congreso, aunque desde horas antes ya se extendió el runrún de que iba a ser un encuentro descafeinado. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, anunció durante la mañana que el PNV no participaría en lo que considera un "paripé" que "algunos", en especial "Podemos", al que se refirió expresamente, "necesitan de cara a los medios de comunicación y propaganda". "No tiene ningún sentido" hacer una reunión para discutir sobre un impuesto entre siete u ocho partidos en una mesa abierta, espetó Esteban, que insistió en que "así no se discuten las cosas, y menos teniendo la prensa justo al otro lado de la puerta".
Junts, por su parte, también decidió plantar a Hacienda y no acudir a la reunión sobre el impuesto a las energéticas. Aunque la formación liderada por Carles Puigdemont no fue tan expresiva como el PNV y no ofreció explicaciones sobre ese movimiento, lo cierto es que es coherente con la postura que ha defendido desde hace meses: su rechazo expreso a un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, que Junts defiende asegurando que extender la tasa que se encuentra actualmente en vigor —y que vence el 31 de diciembre— pondrá en riesgo las inversiones de Repsol en su planta de Tarragona.
La consecuencia del plantón de los dos socios de derechas del Gobierno fue que en la mesa de negociación solo se sentaron, paradójicamente, quienes ya están de acuerdo, aunque con importantes matices, en la existencia de un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas. El problema es que PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y Podemos no suman los votos suficientes en el Congreso para sacar adelante la tasa. Les faltan, precisamente, los apoyos de PNV y Junts, y aunque los nacionalistas vascos sí se han abierto a negociar siempre y cuando el Ejecutivo lo haga con cada grupo por separado y sobre la base de modificar el impuesto de sociedades, los independentistas catalanes ni siquiera han dado esa opción.
Un ojo puesto en los Presupuestos
Junts, de hecho, ha dado uno de sus ya habituales vaivenes y, tras prestar hace unas semanas sus votos para que el Gobierno sacara adelante su reforma fiscal, ha endurecido su posición esta semana a las puertas de empezar a negociar con el Ejecutivo los Presupuestos Generales del Estado. Puigdemont exigió el lunes al presidente Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso, y el martes los independentistas pactaron con el PP una enmienda para eliminar el impuesto sobre la generación eléctrica, una iniciativa que fue aprobada por el error de un diputado del PSOE y que ahora los socialistas intentan revertir para evitar que genere un importante agujero en las arcas del Estado.
El fracaso de la reunión de este miércoles, además, puede tener importantes consecuencias de cara a las próximas semanas. Podemos, el partido que arrancó a Hacienda la celebración de este encuentro para negociar el diseño de un impuesto a las empresas energéticas, aseguraba por la mañana que culpará al PSOE si finalmente la tasa no puede aprobarse por la oposición de Junts y el PNV. Fuentes moradas aseguran que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró personalmente a Podemos que los independentistas catalanes se habían comprometido con él a aprobar un impuesto, aunque faltaba por cerrar el diseño.
