No se han cumplido tres meses desde que el Tribunal Supremo abrió diligencias contra el fiscal general del Estado y ya hay muchas cartas sobre la mesa. Tras el frustrado análisis de los mensajes de teléfono de Álvaro García Ortiz y con varias testificales en el horizonte, las acusaciones fijan su mirada en otra diligencia ordenada por el juez: "el registro de llamadas del fiscal general". Según afirman fuentes judiciales, esta es la baza en la que más confían a día de hoy para esclarecer si García Ortiz fue el autor de la filtración de los correos que intercambiaron la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía.
El entorno del fiscal general, en cambio, considera que las declaraciones de varios periodistas que comparecieron ante el instructor Ángel Hurtado esta semana acreditan que García Ortiz no fue responsable de la filtración, dado que los mails llegaron a manos de los reporteros antes de llegar al buzón de correo del propio fiscal general. En todo caso, tras los análisis de los teléfonos de los investigados y las declaraciones de Juan Lobato y del jefe de gabinete de Ayuso, el juez tiene fechadas otras testificales para las próximas semanas: las de los fiscales Julián Salto y Almudena Lastra y las de los jefes de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid y de la Fiscalía General del Estado.
El teléfono de García Ortiz
El magistrado que dirige la causa, Ángel Hurtado, recibió un encargo complejo: debía averiguar si García Ortiz había filtrado unos correos electrónicos, pero los periodistas que publicaron las informaciones podían ampararse en el secreto profesional para no revelar sus fuentes (y así lo han hecho).
El 12 de marzo del año pasado ocurrió una primera filtración, cuando eldiario.es desveló que el novio de Isabel Díaz Ayuso estaba siendo investigado por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda. Al día siguiente, El Mundo reveló que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a la defensa del defraudador, Alberto González Amador, para librarlo de una eventual pena de prisión.
La información se basaba en una captura de pantalla de un mail enviado por el fiscal Julián Salto al abogado de González Amador. Horas más tarde, varios medios publicaron la cadena de mails íntegramente y demostraron que había sido el abogado del novio de Ayuso quien propuso el pacto.
Para tratar de averiguar si los responsables de las filtraciones son el fiscal general del Estado o la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez (también imputada), el juez ordenó los registros de sus despachos y el volcado de sus móviles. En el de Rodríguez encontró pruebas de que el 13 de marzo Álvaro García Ortiz pidió los mails que acabaron filtrados y los obtuvo antes de que se publicara su contenido íntegro. Eso sí, aunque la UCO dedujo que el fiscal general tenía un "papel preeminente" en la filtración, los periodistas que publicaron esas informaciones han indicado al juez que obtuvieron los correos horas e incluso días antes de que lo hiciera García Ortiz.
En cuanto al análisis del móvil del fiscal general, la UCO informó al juez de que no había encontrado ningún mensaje en el teléfono en las fechas indicadas -del 8 al 14 de marzo de 2024-. Más adelante se descubrió que el fiscal general había cambiado de teléfono una semana después de ser imputado. La Fiscalía General del Estado, consultada por este periódico, no aclara qué ha ocurrido con el anterior dispositivo. Si la UCO no encuentra el teléfono desaparecido, parece complicado que pueda recuperar los mensajes de García Ortiz, por mucho que el juez se lo haya pedido.
No obstante, las acusaciones personadas en la causa ponen el foco en otra diligencia. Este lunes, Hurtado pidió a dos compañías telefónicas que enviaran información sobre las llamadas que pudo haber intercambiado el fiscal general del Estado durante los días en los que enmarca los hechos. Las empresas deberán remitir al juez "los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten".
Fuentes de la acusación popular consultadas por 20minutos indican que esta información podría ser reveladora para los hechos, en tanto que se comprobará si el propio García Ortiz mantuvo alguna llamada con los periodistas que publicaron la información en la noche en que se filtró. "Puede haber muchas llamadas", indican. Por su parte, el entorno del fiscal general señala que fue precisamente su defensa quien pidió llamar a declarar a estos periodistas, dando a entender que sus testimonios exculpan por completo a García Ortiz.
Aunque los reporteros confesaron que tuvieron los correos antes que el fiscal general, solo lo publicaron cuando este ya los tenía en su poder. Otras fuentes presentes en la causa señalan que, aunque cabe la posibilidad de que esto acredite que García Ortiz no envió directamente los mails, sí que pudo dar el visto bueno a la filtración de la información confidencial.
Las citaciones de testigos
Este jueves 16 de octubre están citados en calidad de testigos el fiscal Julián Salto y la fiscal Almudena Lastra. El primero fue el encargado de investigar el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, y fue quien intercambió con el abogado de este los correos electrónicos que finalmente fueron objeto de la filtración. En esos mails, el abogado del presunto defraudador negociaba con Fiscalía un acuerdo de conformidad para eximir a su cliente de una eventual pena de prisión. A cambio, González Amador debía admitir la comisión de dos delitos y pagar una multa, algo que propuso directamente su abogado.
Almudena Lastra será otra testigo clave porque, según pudo saber la UCO, indicó que estaba "muy enfadada con FGE [el fiscal general del Estado]" por otra filtración que se produjo el día anterior a eldiario.es. Además, Lastra participó de la cadena de mensajes a través de la cual se hicieron llegar los correos filtrados al fiscal general. El 21 de enero testificarán ante el juez los jefes de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid y la Fiscalía General del Estado.
