El exministro de Transportes pareció vacilar la semana pasada, pero finalmente ha tomado el único testigo que el instructor Leopoldo Puente estaba dispuesto a ofrecer y acudirá a declarar voluntariamente este jueves ante el Tribunal Supremo. José Luis Ábalos, el primero en comparecer en el alto tribunal por el denominado caso Koldo, tiene que aclarar muchos asuntos si pretende salir ileso de su declaración. No solo tendrá que desmontar las múltiples acusaciones del comisionista Víctor de Aldama, también debe demostrar su inocencia ante los "indicios serios y fundados" que, según el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, muestran que desempeñó un "papel principal" en la corruptela.
Ábalos —que conserva el acta de diputado, aunque ya no en el PSOE, sino en el Grupo Mixto— asegura que tiene "ganas" de acudir a declarar ante el juez, pero la semana pasada trató de aplazar la cita. Alegó que no había tenido tiempo para estudiar el "extenso" sumario y pidió declarar más adelante, una vez ya lo hubieran hecho Víctor de Aldama y Koldo García. Estos dos investigados están citados para comparecer ante el juez del Supremo los días 16 y 17 de diciembre, respectivamente.
Este miércoles, horas antes de su comparecencia ante el juez, José Luis Ábalos aseguró desde el Congreso de los Diputados que acudirá a la cita "tranquilo", con la intención de "desmontarlo todo". Aunque el exministro admite que el comisionista Aldama "colaboró" con el Ministerio de Transportes en los contratos de compraventa de material sanitario, asegura que no hubo "ninguna irregularidad".
Las acusaciones que vertió contra él Aldama ante el juez instructor de la Audiencia Nacional son, según Ábalos, un medio del comisionista para "lograr la libertad". El exsecretario de Organización del PSOE se considera víctima de "una operación política", y este jueves tratará de desmentir los indicios que apuntan a su participación en la trama corrupta.
Fuentes de Moncloa señalan que el Gobierno esta "tranquilo" con la declaración del exministro, convencidas de que Ábalos no disparará contra el Ejecutivo. Además, señalan que de momento Aldama no ha presentado ninguna prueba que acredite que Ábalos recibió mordidas por la concesión de contratos públicos. El PP ejercerá la representación de todas las acusaciones populares porque así lo decidió el juez este miércoles, alegando que los populares fueron los primeros en personarse. Fuentes cercanas a esta acusación aseguran que se ha preparado una "intensa batería de preguntas" para el exsecretario de organización del PSOE.
Los indicios contra el exministro
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno expuso ante el Tribunal Supremo varios motivos para investigar a Ábalos por su "papel principal" en la trama corrupta. El alto tribunal, tras estudiar la exposición razonada, concluyó que Ábalos "intervenía" en las operaciones de la trama e, "indiciariamente", habría participado en los "beneficios derivados de su pertenencia y consecución de la contratación".
Estos beneficios llegaron de distintas formas. Por un lado, según apuntan los informes de la UCO en los que se basó Moreno, Ábalos disfrutó de un chalet adquirido por una sociedad vinculada a la trama. La empresa, Have Got Time SL, adquirió este inmueble de la urbanización La Alcaidesa en junio de 2021, y se lo alquiló a Ábalos al mes siguiente. El ministro firmó un contrato de alquiler de cinco años, pero solo pagó un mes y la fianza. En total, tuvo la vivienda a su disposición durante seis meses.
Otro asunto a investigar son los beneficios que obtuvo de la trama la pareja del exministro, Jéssica Rodríguez. Tal y como apuntó la UCO tras analizar varios dispositivos electrónicos, Aldama financió a través de diferentes testaferros y sociedades el alquiler de Jéssica Rodríguez en Madrid, por valor de 82.298 euros. Además, la mujer relacionada con Ábalos se benefició de dos contratos públicos. Estuvo 18 meses trabajando como auxiliar administrativa de una empresa dependiente de Transportes llamada INECO. Culminado ese plazo, Koldo García propuso a Ábalos "pasar[la] a otro sitio", y así fue como Jéssica comenzó a trabajar para Trasatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Las acusaciones de Aldama
Al margen de todos estos hechos recogidos en diversos informes de la UCO y analizados por el juez Ismael Moreno, Ábalos deberá defenderse este jueves de las palabras del comisionista Víctor de Aldama. Este, también investigado, declaró voluntariamente ante Moreno el pasado 21 de noviembre y lanzó graves acusaciones contra el exministro de Transportes. Señaló que Ábalos recibió mordidas de 250.000 euros por el negocio de las mascarillas y 400.000 más por otras operaciones.
Además, el comisionista se refirió a otros pagos en especia, y días más tarde presentó en el Supremo un documento de 37 folios en el que indicó que la solicitud de estas dádivas era "constante". El documento señala que "entre otras relaciones económicas, se proyectó una operación por la cual el señor Ábalos adquiriría, sin contraprestación, el inmueble del Paseo de la Castellana 164 de Madrid, propiedad de Víctor de Aldama".
Este piso, relata el escrito, sería una "garantía en favor de Ábalos del cumplimiento del compromiso de varias constructoras de abonar comisiones, si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos preadjudicados". Siempre según el documento que presentó Aldama, el piso tenía un valor aproximado de 1,9 millones de euros.
Junto a este escrito, el comisionista aportó una copia de un anexo de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con una serie de contratos marcados con subrayador, que según él estarían preadjudicados. No obstante, el ministro Óscar Puente informó más tarde de que, de las siete obras señaladas, solo una se corresponde con el periodo de Ábalos frente al ministerio, y en ella "no se ha observado ninguna irregularidad".
