El Ministerio para la Transición Ecológica ha arrancado formalmente este lunes la elaboración del Plan Social para el Clima con medidas para revertir en los ciudadanos parte de los ingresos que a partir de 2027 tendrá el Estado por el pago de los derechos para emitir CO2 por parte de los nuevos sectores incluidos en este esquema, el transporte por carretera y la edificación. Para ello, ha lanzado una consulta pública en la que se contempla la distribución de ayudas directas a colectivos vulnerables para pagar combustible para sus vehículos o la calefacción y en la que se descartan ideas más universales como el "dividendo climático" que planteó una consultora especializada en políticas climáticas a principios de año.
El Plan Social para el Clima forma parte del cuerpo legislativo que la UE ha venido desplegando en los últimos años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero -Fit for 55-, del que también forma parte la directiva de la que toma su origen, la ampliación del régimen de comercio de emisiones de CO que, a partir de 2027, obligará a pagar por emitir, no solo a sectores ya incluidos como el aéreo o el marítimo, sino también al transporte por carretera y la edificación.
La UE asume que la obligación de que los operadores de gasolinas y gasoil y los constructores tengan que pagar por emitir CO2 supondrá un aumento del precio de sus productos finales, como el combustible para los coches o para la calefacción, y que esto tendrá un impacto especialmente sensible en la población más vulnerable. Por eso, el año pasado los Veintisiete acordaron crear un Plan Social para el Clima al que en conjunto destinarán 65.000 millones entre 2027 y 2032 en ayudas que irán a parar a los sectores más afectados por la obligación en el transporte por carretera y la edificación a pagar por el CO2 que emitan a la atmósfera. De paso, se ve como una manera de que la ciudadanía obtenga un beneficio tangible de las 'incomodidades' que provoca la lucha contra el cambio climático.
9.000 millones para compensar
Con este fondo, se prevé hacer una especie de redistribución de parte de esos ingresos, que en el caso de España equivaldrá al 10,2% del total, algo más de 6.600 millones, a los que se suma un 25% de esa cantidad que, como el resto de Estados miembros, el Gobierno deberá aportar de sus propios presupuestos.
En total, el Ministerio de Transición Ecológica destinará a esta compensación 9.000 millones que ahora estudia en qué medidas distribuir en el plan nacional que debe ser remitido a la Comisión Europea como muy tarde el próximo 30 de junio. Para empezar a elaborarlo, este lunes ha abierto una consulta pública en la que hasta el 21 de marzo pueden participar administraciones, empresas y la sociedad civil para diseñar el programa de ayudas que deberán dirigirse a la población más vulnerable -hogares y usuarios vulnerables de transporte público- y también a microempresas. Entre otras medidas, el Ministerio pide también pide propuestas sobre "ayudas directas a la renta para los hogares y usuarios vulnerables del transporte", para reducir el "impacto del incremento" previsto del precio de los combustibles para el transporte por carretera y la calefacción".
Según el reglamento europeo, de los 9.000 millones, el Gobierno no podrá dedicar a ellas más del 37,5%, es decir, 3.375 millones. El resto podrá destinarlo a inversiones en renovación de edificios -"sobre todo para hogares vulnerables y las microempresas"-, para acceso a vivienda asequible y eficiente, para la descarbonización de edificios mediante la electrificación de la calefacción o la cocina o ayudas e incentivos para el "acceso" a vehículos de emisión cero y de baja emisión y bicicletas".
Otras de las propuestas sobre las que deberán pronunciarse los participantes en la consulta pública es sobre si destinar este fondo a labores de "información, educación, concienciación y asesoramiento" sobre inversiones rentables, instalación de almacenamiento en parques renovables, sobre si destinar recursos a infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos o en "incentivos" para el uso del transporte público y movilidad a la carta y compartida.
La posibilidad de otorgar ayudas directas a población vulnerable figura en el reglamento europeo y ahora queda confirmado que también es una posibilidad para Transición Ecológica, semanas después de que su titular, Sara Aagesen, se limitó ha apuntar en el Senado hace unas semanas que el Plan Social "tiene que ver con cómo ayudamos a los más vulnerables con medidas de mejora de la eficiencia energética de sus hogares o de la movilidad".
Si el Gobierno termina destinando hasta 3.300 millones en ayudas directas a hogares y consumidores vulnerable es una medida parecida en parte pero distinta a quizá la idea más llamativa que ha surgido en los últimos meses sobre qué debería contener este Plan Social para el Clima, que planteó la consultora Oikos de acuerdo a la experiencia previa en Austria o Canadá y que consiste en que todos los ciudadanos recibieran un cheque anual de dinero contante y sonante, que oscilaría entre 150 y 500 en función de su renta o del lugar donde vivieran y, por tanto, de lo afectados que se vieran por la previsible subida del precio de los combustibles para automoción o calefacción.
