El Gobierno volverá a sentarse con el Partido Popular para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la acogida de menores migrantes no acompañados. Lo hará después de semanas de confrontamiento con el gobierno de Canarias, que es actualmente el territorio más desbordado, y tras fracasar en su intento por lograr el apoyo de los de Génova en la reforma de la ley de extranjería que no salió adelante en el mes de julio. Según ha avanzado este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya han manifestado al PP su "total predisposición" para reunirse "cuanto antes" y encontrar una solución a un problema que mantiene tensionado al archipiélago y a Ceuta.
"Le he trasladado al PP la posibilidad de sentarnos cuanto antes", ha anunciado Torres en los pasillos del Senado, donde ha insistido en la urgencia de modificar el artículo 35 de la ley de extranjería para fijar la reubicación obligatoria de los menores migrantes en todo el territorio nacional cuando una comunidad tenga sus sistemas de acogida saturados. Lo ha hecho, eso sí, reprochando a los 'populares' que no votaran a favor de la tramitación de la iniciativa el pasado 23 de julio, la cual, ha defendido, habría evitado los "desencuentros" de las últimas semanas y aliviado la presión migratoria en Canarias, que tutela actualmente a más de 5.200 niños y adolescentes extranjeros.
La repuesta del Partido Popular ha sido positiva y el ministro de Política Territorial ha señalado que arrancarán de nuevo con las negociaciones "una vez que las agendas estén culminadas". "Necesitamos el apoyo mayoritario de la Cámara y fundamentalmente de la organización política que tiene el mayor número de presidencias de comunidades autónomas", ha reconocido.
Los requisitos que exigía el PP para apoyar esa modificación legislativa —aparte de convocar una Conferencia de Presidentes y declarar la emergencia migratoria— era que el Gobierno fijase el número de plazas que tenía cada comunidad para acoger a los menores migrantes y determinase qué porcentaje financiaría el Estado y cuánto tendrían que desembolsar las autonomías.
Una tarea en la que ya anda trabajando el Ministerio de Juventud e Infancia, según ha afirmado el ministro, que también ha avanzado que el departamento dirigido por Sira Rego está elaborando un informe para saber "exactamente" el número de menores y los recursos de los que dispone cada territorio. "Dependemos también de la información que las comunidades nos trasladarán para poder avanzar y poder tener distintas opciones con las que poder sentarnos con los grupos políticos", ha aseverado.
Ultimátum a Clavijo
En paralelo, el Ejecutivo ha lanzado un ultimátum al dirigente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), para que retire el protocolo aprobado la semana pasada y según el cual la tutela de los menores llegados en patera compete inicialmente al Estado, y no a las comunidades autónomas. Si no lo hace en los próximos días, el Gobierno lo recurrirá al Tribunal Constitucional (TC), después de que este mismo martes el Consejo de Ministros haya solicitado al Consejo de Estado que emita un dictamen urgente sobre dicho documento por un conflicto de competencias.
Pero, para Clavijo —que sostiene que la polémica en torno al protocolo "no impide para nada" un acuerdo sobre la ley de extranjería—, ese aviso no representa "una cuenta atrás ni un plazo". "Ni me siento amenazado ni me siento empujado", ha aseverado en una rueda de prensa posterior a la reunión interministerial que se ha producido esta mañana. El presidente canario ha asegurado que, si alguien está "empujando para el acuerdo" desde septiembre de 2023 es él; y ha reprochado al Ejecutivo central que no invierta la misma "proactividad" que ha desplegado para recurrir el protocolo en lograr un consenso para abordar la crisis migratoria.
"Lo importante de hoy es que hemos conseguido que el Gobierno y el PP se sienten", ha celebrado, antes de indicar que, de lograrse un acuerdo entre ambas partes, ya no se necesitaría dicho protocolo "porque estaría todo recogido en la ley".
El protocolo, sobre el que la Fiscalía apuntó una posible "discriminación por razón de origen", establece que la acogida de los menores migrantes no acompañados compete inicialmente al Estado, por lo cual Canarias no lo aceptaría en sus centros de acogida si previamente no han sido identificados y asignados individualmente.
Para el Gobierno —que si Clavijo no lo retira pedirá la nulidad del documento al TC—, dicha resolución implica un conflicto de competencias, ya que Canarias estaría limitando la tutela de esos menores y relegándosela al Estado cuando hayan sido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que hayan rescatado a esos niños que llegan en pateras y no las entidades sociales de acogida. "El Gobierno debe velar por la protección del interés superior del menor, ya que puede darse una desprotección grave del mismo, como ha puesto de manifiesto la Fiscalía", inciden desde el ministerio de Política Territorial.
