Los sindicatos convocan protestas en las sedes de CEOE el 26 de septiembre para presionar con la reducción de jornada

UGT y CCOO han convocado movilizaciones en las sedes de la patronal CEOE en todas las capitales de provincia del país para presionar a los empresarios en la negociación que mantienen con el Gobierno para reducir la jornada laboral. Los sindicatos que lideran Pepe Álvarez y Unai Sordo han informado este miércoles que las primeras concentraciones se producirán el próximo jueves 26 de septiembre a las 11.30 h. Estas protestas darán el pistoletazo de salida a un calendario de movilizaciones del que todavía no han trascendido más detalles.

"En las últimas reuniones, la negociación para reducir la jornada está bloqueada. Hemos entrado en bucle. Vamos a convocar movilizaciones para desbloquear la situación en las mesas. No vamos a cejar en el empeño de que la reducción del tiempo de trabajo que ya hemos llevado a muchos convenios llegue al BOE y al Estatuto de los Trabajadores", ha trasladado Unai Sordo, secretario general de CCOO, en un vídeo difundido a los medios de comunicación.

"La reducción del tiempo de trabajo se ha convertido en una necesidad para que los trabajadores puedan mejorar la calidad de vida, para actualizar tecnológicamente el sistema productivo, para poder vivir mejor", ha trasladado, por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT. "Los partidos políticos tienen que saber que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren vivir mejor, quiere reducir el tiempo de trabajo. Eso redundará en mejora desde el punto de vista de la eficacia económica y de la creación de empleo", ha agregado.

Los dos representantes sindicales ya habían advertido antes de las vacaciones que convocarían protestas si la mesa seguía atascada. Ante la constatación de este hecho en la reunión con Trabajo y empresarios el pasado lunes, las centrales se han decidido por arrancar con el proceso. Desde el Ministerio de Trabajo se han abstenido de valorar la convocatoria de movilizaciones, aunque el 'número dos' de Díaz en el ministerio, Joaquín Pérez Rey, señaló el lunes que los sindicatos están en su derecho de reivindicar que se cumpla un compromiso del Gobierno.

Nueve meses negociando

Las conversaciones para definir una reducción de la jornada laboral semanal máxima que se puede hacer por ley en España comenzaron el pasado mes de enero. La medida forma parte del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar y es la propuesta estrella del Ministerio de Trabajo y la vicepresidencia primera que ostenta Yolanda Díaz para esta legislatura.

Tras semanas sin grandes avances a principios de año, el departamento de Díaz endureció el tono con los empresarios y acabó dando un ultimátum a la patronal. La vicepresidenta amenazó con cerrar la reducción de jornada sin el apoyo empresarial, igual que ya se ha hecho con otras medidas como el salario mínimo o la segunda pata de la reforma de las pensiones.

Sin embargo, las dificultades para conseguir un texto que fuera capaz de salir adelante en el Congreso —donde socios del Gobierno como Junts o PNV ven con escepticismo la medida— impulsó un cambio de rumbo en la negociación. Desde principios de julio, Trabajo ha suavizado su postura y ha planteado varias concesiones para tratar de atraer a los empresarios a un acuerdo.

Entre ellas, medidas para flexibilizar la distribución irregular de la jornada o los plazos de entrada en vigor. La última, anunciada el pasado lunes, es la posibilidad de que las pymes de menos de 10 empleados puedan bonificar las contrataciones que hagan por motivo de la reducción de jornada. Una medida que forma parte de un plan de acompañamiento a estas compañías bautizado como pyme 375 para ayudar a los empresarios a desplegar la medida.

Sin embargo, ninguna de estas propuestas ha movido de su casilla a los empresarios que por el momento rechazan una reducción de jornada que creen que perjudica especialmente a las pymes y autónomos por su menor margen para adaptarse. CEOE se ha comprometido a estudiar la propuesta cuando Trabajo les remita el texto, pero fuentes patronales aseguraban el mismo día de la reunión que a priori se ve como intervencionista y que desprecia a la negociación colectiva.

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