Alberto Luceño ha aseverado en el juicio por el caso mascarillas que sin Luis Medina en la operación de compraventa de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en la pandemia no hubiera habido "negocio", insistiendo en que la responsable municipal de compras en aquella época nunca le preguntó sobre si iban a recibir comisiones y que estas las fijó el proveedor malayo.
El empresario y Luis Medina se sientan en el banquillo de los acusados por la presunta estafa al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en la venta de mascarillas y por la que el Consistorio desembolsó unos once millones de euros.
Luceño afronta una petición fiscal de quince años de prisión por delitos continuados de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y un delito contra Hacienda. Medina se enfrenta a una pena de nueve años de cárcel por un delito de estafa agravado y falsedad en documento mercantil.
En sus conclusiones, el fiscal ha mantenido las penas a imponer por los delitos de los que les acusa, agregando la inhabilitación para el ejercicio el comercio durante los años que dure la condena. El juicio quedará visto para sentencia este jueves con los informes del resto de las partes y la última palabra de los procesados.
No habló de comisiones
Durante el interrogatorio, el procesado ha explicado que mantuvo la noche del 22 de marzo de 2020 una conversación con la entonces jefa de compras en el Consistorio, Elena Collado, en la que la funcionaria le traslada "la necesidad imperiosa" de que se les ayudara a traer suministros sanitarios.
"Me pongo a su disposición y nos manda un cuadro con 37 artículos que necesitaban. Y nos centramos en las mascarillas, guantes y test", ha detallado, insistiendo en que la ayuda se la solicita ella ante una situación en la que el mercado estaba roto.
"Yo hasta el 22 de marzo no existo. No sé con quién contacta (Medina). Aparezco el día en el que me da el correo de Elena Collado", ha querido dejar claro el acusado.
"Si hubiera pretendido estafar, hubiera ofrecido los 26 artículos del cuadro de suministros. Hubiera ganado mucho más. Él es el facilitador, sin él no hay negocio y por eso cobra. Es el primero que se pone en contacto con el Ayuntamiento. La garantía era tener una persona de confianza", ha dicho.
A preguntas del fiscal sobre si Elena Collado conocía que iban a cobrar comisiones, ha contestado que "nunca" le preguntó ni "nunca se lo dijo" frente a la afirmación de esta de que no las cobrarían, recalcando que no le dijo que era agente de la empresa malaya Leno.
En la misma línea, ha indicado que al inicio de las conversaciones no sabían las comisiones que iban a recibir y que el precio de las mascarillas, que se fijó en 6,6 dólares, se cerró entre el comprador y el vendedor cuando se firma el contrato, a través de la empresa funeraria municipal.
Hechos probados
En su informe, el fiscal ha subrayado que han quedado probados todos los hechos de los que se les acusa y de la prueba se acreditan todos los elementos del delito.
En cuanto a la estafa, considera que el ánimo de lucro ha quedado "más que probado" por una serie de datos, como un correo en el que se dice "pa, la saca" y que la operación es un "pelotazo", así como la cuantía de las comisiones.
"La comisión que se llevaron fue del 149% en el caso de las mascarillas, de 244% en el caso de los test y en el caso de los guantes del 426%. Es difícil encontrar mayor ánimo de lucro en este tipo de operaciones", ha recalcado.
Sobre el engaño, el fiscal ha destacado que está acreditado que hubo una ocultación de las comisiones y que se quiso dar la creencia de que actuaban de forma altruista y de que no se llevaban comisiones, tal y como consta en un correo que manda Elena Collado el 22 de marzo en el que escribe que no percibirían dinero por esa operación.
"El precio se incrementa para aprovecharse de las circunstancias, lo que es un elemento nuclear del engaño. Luis Medina y Luceño dijeron que tenían experiencia en comercio exterior cuando no firmaron ninguna operación en esos dos años", ha reseñado.
