El Gobierno ha dado este miércoles el primer paso para aplicar un 'perdón' de parte de la deuda autonómica a los gobiernos regionales. Tras un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) histórico, caótico, marcado por el plantón de los gobiernos autonómicos del PP, María Jesús Montero ha arrancado el proceso para condonar hasta 83.252 millones de pasivo autonómico. Una quita de la deuda que las comunidades populares han rechazado en bloque al entender que les llega impuesta con un pacto con el independentismo catalán y porque no es suficiente para resolver la cuestión de la financiación autonómica.
En la rueda de prensa posterior a la reunión —que apenas ha durado dos horas— la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha cargado con dureza contra los consejeros del PP, a quienes ha acusado de "dejación de funciones", "irresponsabilidad" y de hacer "política infantil". "Algunos consejeros han preferido levantarse antes que quedar retratados y votar en contra de una medida que ellos mismos habían pedido", ha señalado Montero.
La vicepresidenta ha calificado lo sucedido de "esperpéntico" y de "pataleta" e interpreta que el plantón se explica porque los consejeros del PP no se atreven a contradecir las instrucciones de la dirección nacional del partido. "No se atreven a volver a sus territorios y explicar por qué votan en contra", ha señalado. "Van a tener muchas dificultades para explicar a sus ciudadanos el espectáculo que hemos vivido hoy", ha agregado.
Para Montero, resulta "incomprensible" que los gobiernos autonómicos del PP critiquen una condonación de 83.252 millones, de los cuales 60.000 millones irían a parar a autonomías en manos del PP. "¿De qué trampa habla el señor [Alberto Núñez] Feijóo, de qué cesión?", ha interpelado Montero. "Este día va a perseguir durante muchos años al PP y va a quedar marcada esta fecha en la que se puso de manifiesto su total falta de sentido de Estado", ha comentado.
Cuando apenas había transcurrido media hora desde el inicio de la reunión, los 12 consejeros del PP presentes en la reunión han abandonado el encuentro. Un plantón que han escenificado en una foto conjunta y un comunicado en el que rechazan la condonación y piden abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. "No vamos a ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo", ha expresado la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, una de las portavoces que han hablado en nombre del PP. La reunión ha proseguido solo con los consejeros socialistas de Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña.
Primer paso de un largo proceso
Fuentes de Hacienda sostienen que si los consejeros del PP no se hubiesen presentado a la reunión, no se habría formado el quorum suficiente como para sacar adelante la medida. En todo caso, el paso por el Consejo de Política Fiscal y Financiera —el foro en el que el ministerio y las autonomías discuten sobre estos asuntos— es un mero trámite. La última palabra la tendrán los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, donde la condonación llegará próximamente en forma de proyecto de ley. Montero confía en recibir el visto bueno de las Cortes antes de final de año, por lo que la condonación efectiva difícilmente empezaría a producirse en 2025, si es que sale adelante.
El siguiente paso que tiene previsto adoptar Hacienda es reunirse cara a cara con todas las comunidades autónomas para negociar los términos individuales de la quita de la deuda. El diablo está en los detalles, y todavía está por definir qué vencimientos, de qué préstamos (y a qué tipo de interés) que se condonan. La cuestión es especialmente peliaguda con las autonomías que no deben dinero al Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como es el caso de la Comunidad de Madrid. Si la condonación llega a sobrevivir a la tramitación parlamentaria, las comunidades deberán decidir si finalmente se adhieren o no a la misma, algo que es completamente voluntario.
Montero estima que el planteamiento de Hacienda permitiría que las autonomías se ahorren unos 7.000 millones de euros en intereses por la deuda que dejarán de pagar. Un ahorro que iría llegando a los gobiernos regionales con cuentagotas, a medida que se van produciendo los vencimientos de los préstamos. El Gobierno confía en que la quita de la deuda facilite que las autonomías que actualmente dependen del Estado para financiarse poco a poco puedan ir saliendo a los mercados.
La fórmula con la que Hacienda ha diseñado la condonación tiene en cuenta la población (ajustada por sus necesidades) de cada territorio, premia a las autonomías infrafinanciadas (aunque no a todas) y castiga a quienes han rebajado el IRPF. Las más beneficiadas son Cataluña y Andalucía, que suponen más de un 40% de la deuda condonada y también ocupan los primeros puestos en deuda perdonada por habitante.
