Todas las personas que estén en una situación de dependencia pasarán a tener reconocido automáticamente el grado 33% de discapacidad. Es una de las novedades contempladas en las nuevas leyes de discapacidad y dependencia, aprobadas este martes en Consejo de Ministros, y con las cuales se aspira poder reducir listas de espera y trámites administrativos. La creación de un banco público de servicios de apoyo, de un fondo estatal para sufragar las obras de accesibilidad en los edificios o el reconocimiento universal a la rehabilitación son algunas de las medidas contempladas en sendas reformas, que todavía deberán volver a Consejo de Ministros antes de ser enviadas al Congreso de los Diputados.
Así, y mediante un anteproyecto de ley que reforma las dos leyes, el Gobierno pretende avanzar hacia la desinstitucionalización de los cuidados, erigiéndose sobre cuatro pilares fundamentales: autonomía, inclusión, accesibilidad y mujeres e infancia. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, impulsor de la norma, inciden en que con esta iniciativa se adapta el sistema de dependencia —que atiende a más de 1,6 millones de personas— a los "cambios sociales y demográficos" de los últimos años, en los que la población está cada vez más envejecida y las dinámicas de familia han cambiado, bien porque las unidades son más pequeñas, porque los familiares viven más lejos los unos de los otros, o porque las mujeres participan más en el mercado laboral.
"Esta reforma acaba con los recortes del PP, blinda el sistema de dependencia y diseña un modelo de cuidados que fortalece el Estado de bienestar y lo proyecta hacia las necesidades del siglo XXI", ha destacado Pablo Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De este modo, y para agilizar la burocracia, la reforma concederá a cualquier persona a la que se le haya reconocido oficialmente una situación de dependencia el grado de discapacidad del 33%. "Todas las personas con dependencia, en el momento que necesitan una persona que les apoye, ya son de facto personas con discapacidad", arguyen en el departamento de Pablo Bustinduy. Se habilita así una especie de "pasarela" para que de forma automática tengan esa certificación sin necesidad de pasar dos veces por el mismo trámite, con vistas a que el 98,5% de las personas que tienen un grado de dependencia tienen, también, un 33% de discapacidad. No obstante, cualquier persona que quiera acreditar un grado superior de discapacidad sí que deberá pasar por los circuitos habituales para ello.
También en materia de discapacidad, se reconoce el derecho universal a la rehabilitación, algo que actualmente no está contemplado y que hace que muchas personas tengan que sufragarse estos servicios si se alargan mucho en el tiempo. "Ahora hacemos un mandato legal a los poderes públicos para que aseguren esta rehabilitación", detalla el ministerio de Bustinduy.
Discriminación en seguros y multas por "mofa pública"
En el ámbito sanitario, el anteproyecto prohibirá cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad a la hora de contratar seguros de salud o de vida. Una precisión que se establece ante las "cláusulas gravosas" que se imponen muchas veces a pacientes con algún tipo de discapacidad, como aquellos con ELA, a la hora de ofrecerles una póliza.
En esa línea, se endurece el procedimiento sancionador para regular como infracción grave la exposición de una persona por su discapacidad, "ya sea en un espectáculo, en una feria, en un local abierto al público o en las redes sociales". Actos como los espectáculos de "enanos toreros" que, aunque se prohibieron en 2023, todavía se celebran en algunas localidades, como Teruel. "Vamos a ir más allá y vamos a poner este tipo de situaciones de mofa pública con una infracción muy grave", aseguran las mismas fuentes, que detallan que esa sanción irá de los 600.000 al millón de euros.
Un fondo para financiar las obras de accesibilidad
En materia de accesibilidad hay varias medidas, que van desde la eliminación de barreras en servicios públicos hasta el control de recursos como las tarjetas de estacionamiento. Se crea, para ello, un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, que financiará todas las obras de adaptación en los edificios y espacios públicos, como la instalación de rampas para sillas de ruedas o los QR con audiodescripciones.
Pese a que la ley todavía no tiene un presupuesto concreto asignado, este fondo nacería ya con el dinero obtenido a través de tres vías: del dinero al que renuncian los ciudadanos por sus herencias; de los fondos recaudados a través de las multas contempladas en el régimen de infracciones y sanciones de la ley de discapacidad; y de una asignación concreta de los presupuestos generales para un programa estatal de accesibilidad.
Para buscar situaciones de "aislamiento" o "institucionalización forzosa", la ley contempla igualmente otras medidas de accesibilidad en la vivienda, como la reforma de la ley de propiedad horizontal, que hará obligatorias todas las obras encaminadas a asegurar la accesibilidad, como el ascensor; y facilitará el cauce para que las personas con discapacidad puedan denunciar a la comunidad de propietarios que se nieguen a acometer dichas obras. Según datos del CERMI, se estima que 100.000 personas están encerradas en sus casas porque sus bloques o viviendas tienen problemas de accesibilidad.
Más servicios para la dependencia
En cuanto a la reforma de la ley de dependencia, la norma contempla modificaciones del catálogo de servicios actual, así como la creación de nuevas prestaciones. Se modifica así el servicio de ayuda a domicilio, que podrá desarrollarse fuera del hogar, para que los auxiliares puedan acompañar a la persona dependiente al médico o a la compra, lo que, según Derechos Sociales, fomentará la autonomía de las personas. También hay cambios en la asistencia personal, que dejará de ser solo una prestación económica y se reconoce como un servicio, que, además, podrá prestar cualquier persona del entorno del beneficiario (convivientes, amigos, etc.).
Respecto a los nuevos servicios, se crea un catálogo de productos de apoyo para la autonomía (sillas de ruedas, camas, etc.), en una especie de "banco público" para que las personas dependientes no tengan que invertir en aquellos objetos que les ayudan a permanecer en su vivienda y no tener que trasladarse a un centro.
Se reconoce, por otra parte, el derecho a la teleasistencia como derecho subjetivo para las personas dependientes que residan en su domicilio, y que tendrán acceso a un servicio "proactivo" y adaptado a las necesidades de accesibilidad de cada usuario. Además, se refuerza la autonomía de las personas, garantizando que permanezcan en aquel entorno que hayan elegido y que, en su caso, la asignación a una residencia o a una vivienda concreta se base en sus preferencias.
Régimen de incompatibilidades
Además, en línea con lo que ya se reconoció con la recién aprobada ley ELA, se establece un procedimiento de urgencia para agilizar cualquier expediente en situaciones de "especial vulnerabilidad", como casos de demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica.
Una de las mayores demandas del colectivo era la supresión del régimen de incompatibilidades, que desde 2012 impedía recibir dos prestaciones por dependencia al mismo tiempo, como por ejemplo un servicio de día y horas de atención domiciliaria. La norma lo elimina, aunque esta medida depende de las comunidades autónomas, que podrán mantenerla si así lo consideran, aunque ya no podrán ampararse en ninguna ley estatal. También se elimina el plazo de dos años que retrasa el acceso a las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.
