El Ministerio de Trabajo ha llegado a un acuerdo con los sindicatos —no con los empresarios— para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 4,4% en 2025. Esto se traduce en 50 euros más al mes, elevando la cuantía de esta renta hasta los 1.184 euros mensuales en 14 pagas, o lo que es lo mismo, 16.576 euros anuales. Sin embargo, y pese a que la medida beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, que representan en torno al 12% de la población asalariada, aún sigue sin conocerse si este nuevo suelo salarial estará exento de tributación en la declaración de la renta, como venía sucediendo hasta ahora.
¿Cuál es la norma hasta ahora?
Por el momento, y hasta que Hacienda se pronuncie al respecto, lo que sabemos es que, ante el gran aumento del salario mínimo en los últimos años (del 54% desde 2018), la Agencia Tributaria ha ido elevando el mínimo exento para que los trabajadores que cobrasen el SMI no tuvieran que pagar IRPF.
Así, mientras en la campaña de la Renta 2023, el mínimo exento para no declarar subía de los 14.000 a los 15.000 euros, en la renta de 2024, que se realizará este año 2025, se actualizó para llegar a los 15.876 euros.
¿Qué pasa si Hacienda no aumenta el mínimo exento?
Ahora, con el anuncio de esta nueva subida, que sitúa el salario mínimo en 16.576 euros, algunos medios han venido informando de que el departamento que dirige María Jesús Montero se plantea no adaptar el IRFP al SMI en esta ocasión, lo que provocaría que, por primera vez, parte de sus beneficiarios tuviesen que tributar a un tipo superior al 40% -afrontando retenciones fiscales que oscilarían entre 230 y 300 euros- por el exceso de renta que haya entre el mínimo exento actual y el nuevo suelo salarial.
Esta anomalía en el funcionamiento del impuesto, que implica un recargo fiscal de unos 43 céntimos por cada euro de más en los ingresos, afectaría también al resto de rentas bajas, hasta aproximadamente los 21.000 euros anuales.
La subida del mínimo exento, a debate
El debate acerca de la necesidad o no de incrementar el mínimo exento sigue abierto. Por un lado, son muchas las personas que cobran el SMI actualmente: más de dos millones y medio de trabajadores, por lo que, eximirles a todos de pagar el impuesto sobre la renta supone un coste de cerca de 1.500 millones de euros al Estado -0,1 puntos del PIB-, que en los últimos años, ha asumido Hacienda.
Con los datos en la mesa, la posición del Ministerio de Trabajo es clara: "nuestra postura es la misma que en las subidas anteriores. El mínimo exento del IRPF tiene que subir junto al SMI" y coincide con la de los sindicatos: "la prioridad del sindicato es garantizar que el importe del SMI llegue neto a las personas trabajadoras que lo perciben, quienes representan a las capas más desfavorecidas de la población y requieren un mayor apoyo institucional. Este objetivo implica también una responsabilidad directa del Ministerio de Hacienda para asegurar que estas medidas se implementen adecuadamente", han afirmado desde UGT.
Por su parte, en CGT denuncian que "la presión fiscal recae proporcionalmente en mayor medida sobre los estratos de población más pobres, y a quienes realmente se les exonera del pago de impuestos son a las rentas altas y a los grandes patrimonios por múltiples vías". Ahora la pelota está en el tejado de Hacienda, que deberá tomar una decisión y despejar la incógnita sobre si, efectivamente, los beneficiarios del SMI tendrán que pagar o no IRPF.
