La mayoría del Tribunal Constitucional (TC), compuesta por los magistrados de sensibilidad progresista, ha apartado definitivamente a José María Macías de todos los recursos que estudiará el órgano contra la ley de amnistía. Con la oposición de cuatro magistrados conservadores, la resolución final del tribunal es que Macías tuvo "participación directa o indirecta" en dos informes que elaboró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la norma cuando el ahora magistrado era vocal.
El órgano ya apartó a Macías de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo, a petición del fiscal general del Estado, y ahora lo que ha hecho ha sido extender la recusación al resto de debates que tenga el Constitucional sobre la amnistía.
Como en aquella decisión del 15 de enero, el tribunal entiende que Macías, como vocal de CGPJ, pudo "tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad", cuestiones que son causa de recusación en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esta circunstancia se repite tanto para abordar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo como para estudiar los recursos interpuestos por las comunidades autónomas gobernadas por el PP y por Castilla-La Mancha.
Macías es el segundo magistrado apartado del debate de la amnistía, toda vez que Juan Carlos Campo decidió abstenerse de las deliberaciones porque siendo ministro de Justicia dijo que la amnistía era "claramente inconstitucional" en los informes a favor de indultar a los condenados por el procés.
El PP y las comunidades autónomas gobernadas por dicha formación intentaron apartar al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y a la magistrada progresista Laura Díez, pero el Pleno del tribunal rechazó sus pretensiones. La corte de garantías también rechazó —por extemporánea— la petición de la Abogacía del Estado de dejar fuera de ese debate a Macías.
