Los cambios en el impuesto a la banca, que el Gobierno pretendía aprobar para suavizar el impacto contable del nuevo tributo en las entidades, se quedan fuera del 'decreto ómnibus' suavizado que el Ejecutivo de coalición ha aprobado este martes en Consejo de Ministros. Las negociaciones 'in extremis' con Junts per Catalunya a lo largo de la mañana para lograr su necesario apoyo en el Congreso de los Diputados -tras el voto en contra que, sumado al del PP y Vox, tumbó el texto la semana pasada- han obligado dejar fuera otras tantas medidas fiscales, que se negociarán más adelante.
Se cae también del texto la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, lo que supone de facto una pérdida de ingresos de más de 9.675 millones de euros para los ejecutivos autonómicos y para las ciudades autónomas, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Al no haberse aprobado aún los Presupuestos Generales del Estado de 2025, la Cámara Baja debe dar su visto bueno al ajuste de las entregas a cuenta, esto es, al dinero que las autonomías reciben de forma anticipada del sistema de financiación.
Como el pleno del Congreso rechazó el pasado miércoles el decreto ómnibus esa modificación no ha salido adelante, por lo que las administraciones territoriales irán recibiendo de momento las mismas cantidades que en 2023 (las cuentas que están actualmente en vigor), cuando les correspondían menos recursos porque la recaudación tributaria fue inferior. Fuentes de Junts aseguran que su formación no estaba dispuesta a respaldar las nuevas entregas "sin pactar una redistribución distinta de los objetivos de déficit (entre el Estado y las regiones) y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Cataluña".
Estas no son las únicas medidas que obligarán al Gobierno a seguir engrasando su maquinaria negociadora. Según fuentes consultadas quedan fuera también del decreto las medidas relativas a las ayudas a empresas electrointensivas (que estuvieron entre las más castigadas por la crisis energética e inflacionaria), las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente o la modificación de la ley de la sociedad de la información o servicio postal que, en opinión de los independentistas, suponían "la vulneración de las competencias de Cataluña".
Igualmente, se quedaría fuera -a expensas de lo que el Ejecutivo consiga pactar en las próximas semanas con los grupos parlamentarios- la actualización de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social de acuerdo con la revalorización de salarios o el incremento de 1.500 a 2.500 euros del límite de ingresos de otros pagadores a partir del cual es obligatorio hacer la declaración de la Renta. También, los descuentos en el IRPF para quienes hicieran reformas en casa con el objetivo de ahorrar en su factura energética y para quienes adquiriesen un coche eléctrico.
