El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró todos los mensajes de WhatsApp de su teléfono el pasado 16 de octubre, cuando el Tribunal Supremo lo imputó por presuntamente revelar información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Así lo acredita la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe trasladado al instructor Ángel Hurtado.
El informe, al que ha tenido acceso 20minutos, destaca que "no se han encontrado mensajes anteriores al 16/10/2024 en la aplicación de mensajería". Y explica que la ausencia de mensajes "se debe, fundamentalmente, al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día 16 de octubre".
El magistrado que investiga a García Ortiz había pedido a la UCO que informara sobre la posibilidad de recuperar los mensajes del fiscal general, pero la Guardia Civil no será capaz de hacerlo. Aún así, el juez también solicitó recuperar información esencial tanto a WhatsApp como a Google, que de momento no han contestado al magistrado.
Por otra parte, el juez interesó a la UCO a informarle sobre la posible recuperación de datos de interés que pudieran estar almacenados en la copia de seguridad de Google Drive de Álvaro García Ortiz. En el informe recién llegado al Tribunal Supremo, la policía judicial indica que "no ha sido posible" recuperar estos datos, "debido a la eliminación deliberada de la cuenta de Google asociada a este servicio". En otras palabras, el fiscal general ha borrado su cuenta de Google "recientemente".
El mismo informe que desvela esto último recoge un registro de las llamadas telefónicas que intercambió el fiscal general en los días clave de la filtración, entre el 8 y el 14 del pasado mes de marzo. Un total de 123 llamadas entrantes o salientes que se concentraron especialmente en la noche del 13 de marzo, cuando se produjo la filtración de los correos confidenciales del abogado de González Amador, y en la mañana del día 14, cuando el fiscal general ordenó publicar una nota de prensa sobre el asunto.
A partir del 11 de marzo se registran una serie de llamadas intercambiadas entre las 18.00 horas y las 21.17 con el teniente fiscal Diego Villafañe, también imputado por la presunta revelación de secretos. Varias llamadas se produjeron también el 12 de marzo, tanto con el teniente fiscal como con la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado.
Pero sin duda la actividad telefónica de García Ortiz fue más intensa el 13 de marzo, cuando se filtraron los correos en los que el abogado de González Amador negociaba un acuerdo de conformidad con el Julián Salto para que su cliente evitara una eventual pena de prisión tras haber cometido un fraude fiscal. Aquel día, el fiscal general habló con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; con la jefa de prensa de Fiscalía; con la fiscal jefe provincial de Madrid, también imputada, Pilar Rodríguez; y con Diego Villafañe.
Además, según recoge el informe, García Ortiz mantuvo dos llamadas con la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado. La primera se produjo el día 12 de marzo a partir de las 11.50 horas y duró más de 20 minutos. La segunda se dio el 13 de marzo, el día de la filtración de los correos, pasadas las cinco de la tarde.
Un periodista que después publicó la información filtrada trató de contactar con García Ortiz a las 21.38 horas, pero este no contestó su llamada. Desde las 20.00 hasta que finalizó el día 13 de marzo, el fiscal intercambió 20 llamadas telefónicas. Desde las 00.00 horas del día 14 hasta las ocho de la tarde intercambió otras 22.
Toda la información relativa a los dispositivos telefónicos de Álvaro García Ortiz se deriva del registro de su despacho en la Fiscalía General del Estado. El juez ordenó registrar los despachos del fiscal general y la fiscal jefa provincial de Madrid poco después de imputarlos, si bien la UCO no encontró mensajes en el móvil de García Ortiz porque este los había borrado y había cambiado de teléfono.
Tanto la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal general, como la fiscal encargada del caso han recurrido ante la Sala de Apelaciones del Supremo el registro de los despachos. Según fuentes del órgano, los magistrados de la Sala comenzarán a deliberar sobre el registro este martes, aunque la decisión podría retrasarse unos días.
Si la Sala estimara los recursos, la decisión supondría un importante retroceso para la causa que dirige el instructor Ángel Hurtado, ya que la mayoría de evidencias encontradas se desprenden de los informes de la UCO en torno al mencionado registro.
