Asisa, SegurCaixa Adeslas y DKV Seguros pasan a la acción y llegan a tiempo para participar a la consulta pública preliminar abierta por el Gobierno, cuyo plazo expiraba este miércoles a las 23:59 horas, antes de plantear una nueva licitación para Muface. Las tres aseguradoras que prestan el servicio en el momento actual han acudido así a la llamada del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, que les había solicitado indicar a qué precio en función del tramo de edad estarían dispuestas a continuar en el concierto para los ejercicios 2025,2026 y 2027.
En concreto, fuentes cercanas a Adeslas han confirmado a La Información el envío de una carta con varios anexos en el que explican su postura al respecto, analizan las "nuevas circunstancias" y aportan datos "que sustentan su posición". No obstante, esto no implica que vayan a renovar el convenio. De hecho, la compañía participada por Mutua Madrileña y CaixaBank envió recientemente un comunicado a sus pacientes avisando de que dejará de dar este servicio a los empleados públicos a partir del próximo 31 de enero.
Uno de los principales argumentos que esgrimen radica en la "deficitaria" situación a la que se ha llegado tras años de pérdidas acumuladas, motivo por el que rechazaron presentarse al concierto planteado inicialmente que contemplaba una mejora de la tarifa del 17,12% en dos años (2025 y 2026), hasta los 1.208 euros de prima por paciente con una partida de 3.521 millones, 300 millones más en comparación con el concierto en vigor. La cifra se encuentra lejos del 40% demandado por el seguro para dejar de registrar números rojos.
Precisamente, esta es la cantidad mínima fijada por DKV en el documento enviado al departamento que dirige Óscar López para garantizar la asistencia en 2025, frente al 40% que exigía de subida para los siguientes dos ejercicios. Asisa, por su parte, confirma que también ha enviado la documentación a Función Pública, aunque evita dar detalles sobre los requisitos presentados. En cualquier caso, apuntan que llegada la ocasión, "estudiarán las condiciones" que pongan encima de la mesa.
La crisis que atraviesa Muface estalló hace justo un mes -el pasado 5 de noviembre- cuando el concurso quedó desierto por primera vez desde la creación del sistema de mutuas en 1975. Una situación anómala que le ha obligado a escuchar las peticiones del sector antes de lanzar una nueva convocatoria 'in extremis'. El contrato con carácter trienal finaliza este 31 de diciembre, si bien están obligadas a garantizar la asistencia como mínimo hasta finales de enero, con posibilidad de prórroga hasta el 31 de marzo en algunos supuestos como embarazos.
Desde CSIF, uno de los sindicatos mayoritarios entre los trabajadores públicos, han instado tanto al Ejecutivo como a las aseguradoras a que cierren un acuerdo "lo antes posible" en aras de poner fin a la incertidumbre que viven los 1,5 millones de mutualistas afectados y sus familiares. Se trata principalmente de personal docente de primaria, secundaria y universidades, así como de profesionales de la administración general.
Desde el Gobierno intentan transmitir un mensaje de tranquilidad y defienden que la atención sanitaria se mantendrá, tal y como se viene haciendo hasta ahora. Desoyen así un informe publicado por el Ministerio de Sanidad en el que apuestan por el desmantelamiento de Mufce y el trasvase de pacientes a la sanidad pública, ya que es una decisión que habrá que tomar "antes o después". El informe se escuda en que cada vez hay menos población joven que ayude a compensar los costes de la población de mayor edad y, por tanto, empuja a un contexto sanitario "ineficiente, difícil de gestionar y fuertemente insostenible".
