La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha pedido un informe a la Fiscalía antes de decidir si imputa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Así, el Ministerio Público deberá pronunciarse sobre la exposición razonada que presentó Francisco José Goyena, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la que pedía imputar a García Ortiz.
La Fiscalía deberá pronunciarse también sobre el resto de denuncias y querellas planteadas por otras asociaciones en relación al mismo delito. El Supremo ha acordado acumular todas estas acciones en una única causa, reuniendo las denuncias de la fundación Foro Libertad y Alternativa y de Manos Limpias. Una vez la Fiscalía se haya pronunciado sobre la posible imputación del fiscal general, los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela se encargarán de tomar la decisión final.
El fiscal general del Estado, que hasta este momento ha rechazado la posibilidad de dimitir, podría acabar investigado por un delito cometido al publicar una nota de prensa sobre la situación procesal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La nota se emitió tras filtrarse unas informaciones según las que la Fiscalía Provincial de Madrid había ofrecido al novio de Isabel Díaz Ayuso un acuerdo económico para librar una eventual pena de prisión por fraude fiscal y falsedad documental.
La Fiscalía mantiene que, como rezaba aquella nota de prensa, fue el abogado de Alberto González Amador quien trasladó aquella oferta. Al tratarse de un cargo aforado, García Ortiz solo puede ser investigado por la Sala Segunda del Supremo. El fiscal general ha admitido públicamente que fue él quien ordenó la difusión de esta nota, e incluso solicitó al instructor que elevara la causa al Tribunal Supremo. Lo cual no quiere decir que reconozca la comisión de un delito. A su juicio, la emisión de la nota no tiene consecuencias penales, fue más bien el paso lógico para "poner fin a un bulo".
