El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que desde hace meses está en el ojo del huracán tras ser imputado por un presunto delito de revelación de secretos, tiene otros motivos para la preocupación este 28 de enero. Mientras el instructor Ángel Hurtado le investiga, la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo decide este martes si anula el nombramiento de García Ortiz, como reclama en un recurso la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Este mismo martes estará tomada la decisión y el miércoles García Ortiz declarará como imputado.
Los miembros de la Sección Cuarta de la Sala Tercera deliberarán sobre el recurso de APIF a partir de las 10.00 horas, y deberán decidir si anulan la decisión que tomó el Gobierno en diciembre de 2023 de renovar a García Ortiz al frente de la Fiscalía. El Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió mantener al fiscal general en el cargo pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo había considerado "no idóneo" para ocupar este puesto.
¿Qué llevó al CGPJ a hacer esta consideración, cuando años antes había aceptado el nombramiento de García Ortiz? Entre ambos hitos, el Tribunal Supremo dictó varias sentencias que dañaron la reputación del fiscal general. En dos ocasiones distintas García Ortiz propuso a su predecesora, la exministra de Justicia Dolores Delgado, para ocupar dos cargos distintos, y ambos nombramientos fueron anulados por el alto tribunal.
La primera vez, la propuso para fiscal de Sala togada del Tribunal Supremo y el Gobierno la nombró. La segunda vez la propuso para estar al frente de un cargo de nueva creación: fiscal de Sala de Memoria Democrática, y el Gobierno aceptó de nuevo la propuesta. En ambos casos, la propuesta de García Ortiz era contraria al criterio del Consejo Fiscal. De forma que la Sala Tercera del Supremo, la misma que este martes decidirá el futuro del fiscal general, anuló los dos ascensos de Dolores Delgado. En una de las dos ocasiones, el Supremo acusó a García Ortiz de incurrir en "desviación de poder".
Esto llevó al CGPJ a concluir que García Ortiz ya no era "idóneo" para ser fiscal general; y a su vez llevó a la APIF a recurrir la decisión del Gobierno, que renovó al fiscal de todos modos. En su recurso, la asociación también destaca que García Ortiz "privó" al Consejo Fiscal de elaborar un informe sobre la ley de amnistía y añade que tras la condena por desviación de poder el fiscal general ya no es "un jurista de reconocido prestigio".
El pasado mes de mayo, García Ortiz trató de recusar a cuatro de los magistrados de la Sección Cuarta de la deliberación sobre el recurso de APIF. Alegó que se trata precisamente de los mismos jueces que le acusaron de "desviación de poder" y que, por tanto, no son imparciales. Pero el Supremo desestimó su petición por extemporánea. De modo que el ponente será el magistrado José Luis Requero y participarán todos los miembros de la Sección, incluidos el presidente Pablo Lucas y los magistrados Luis María Díez-Picazo, Pilar Teso y Antonio Jesús Fonseca.
La decisión que tomen mañana estos magistrados "no es recurrible ante ninguna instancia del Tribunal Supremo", según explican fuentes del órgano. Así que si la Sala decide anular el nombramiento, el tribunal se lo comunicaría al Gobierno en los días siguientes y este tendría que ejecutar la decisión. Sin embargo, el fiscal general García Ortiz sí que puede plantear un incidente de nulidad de cara a recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
La batalla de García Ortiz y la APIF
El recurso contra el nombramiento de García Ortiz no es el único embate de la APIF contra el fiscal general: la asociación está personada en la causa en la que se le investiga por revelación de secreto y ha pedido en reiteradas ocasiones su dimisión. En esta tesitura, según ha recogido Europa Press, el fiscal general ha solicitado que se desestime el recurso de la asociación, que según dice solo pretende "socavar" al Gobierno y conseguir "publicidad".
El abogado del fiscal general sostiene que "lo que se pretende al interponer el recurso" es "que se inicie el proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses en cuestión y que la asociación demandante obtenga 'publicidad' por medio de este procedimiento, que, según parece, no tiene por otros cauces, y 'socavar' al Gobierno (de turno) que efectúa el nombramiento, eso sí, de modo 'indirecto".
La declaración como imputado
Un día después de que se produzca esta deliberación, el fiscal general deberá acudir al Tribunal Supremo para declarar como imputado ante el instructor Ángel Luis Hurtado, que investiga si García Ortiz está detrás de la filtración de datos confidenciales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El fiscal general pidió que se aplazase su declaración para realizar antes otras pesquisas, pero una vez más sus pretensiones se vieron frustradas.
Con lo cual, este miércoles se convertirá en el primer fiscal general de la democracia que declara como imputado ante el Supremo. En el caso de que el Supremo anule su nombramiento este martes, la decisión no afectará a la investigación. Esto ocurre porque García Ortiz no solo está aforado ante el Supremo por ser fiscal general; también goza de ese privilegio por ser fiscal de Sala. Después de la declaración del fiscal general tendrá lugar la de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el miércoles; y la del teniente fiscal Diego Villafañe, el 5 de febrero.
