Sumar intenta recuperar el paso tras unos meses opacado, y el escenario que ha encontrado para ello es la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Este lunes, la líder de la formación, la vicepresidenta Yolanda Díaz, presentó junto a la plana mayor de Sumar sus propuestas para estas cuentas, que deben servir, aseguró, para "modernizar el país". Y, entre esas propuestas, Sumar incluye una reforma legal para que los contratos de alquiler de vivienda tengan una duración indefinida, la prohibición de comprar vivienda en zonas tensionadas si no es para usarla como primera residencia, o el aumento de 100 a 200 euros al mes de la ayuda por hijo a cargo para los menores entre 0 y 3 años.
El partido presentó su paquete de medidas para los Presupuestos en plena negociación con el PSOE para cerrar un borrador conjunto que, posteriormente, tendrá que ser negociado con los grupos parlamentarios para su aprobación en el Congreso. Entre las propuestas se encuentran algunas ya conocidas, como el aumento de la ayuda por hijo a cargo, una vieja aspiración del espacio a la izquierda del PSOE. Pero Sumar ha querido diseñar una iniciativa de máximos con el objetivo de presionar a los socialistas de cara a unas conversaciones que se prevén complicadas, y por ello muchas de las propuestas son ambiciosas.
La vivienda es una de las áreas en las que Sumar quiere tomar medidas más decididas en los Presupuestos, y de hecho Díaz aseguró que los problemas de acceso a un techo deben corregirse con urgencia porque "estamos hablando de un derecho humano fundamental". "Estamos permitiendo que los de arriba hagan negocio con un derecho fundamental, la juventud no puede alquilar y vivir con dignidad a la vez", denunció la vicepresidenta del Gobierno, que se mostró muy crítica con las comunidades autónomas (todas menos Cataluña) que, pudiendo aplicar las restricciones de precios al alquiler contempladas en la ley de vivienda, no lo hacen.
Precisamente una de las medidas estrella que incluye la propuesta que presentó Sumar este lunes busca presionar a las comunidades para que apliquen estos topes de precios. Esa competencia es autonómica y fuentes del partido admiten que no hay ninguna manera de forzar a las comunidades a utilizar esa herramienta. Por ello, Sumar apuesta por el enfoque contrario: incentivar a las autonomías a que apliquen estos límites de precios entregando tan solo a aquellas que lo hagan los fondos públicos que ofrece el Estado para la puesta en marcha de políticas de vivienda.
Por otra parte, el documento de Presupuestos presentado este lunes por Sumar plantea la necesidad de prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas si no es para usarla como primera residencia o para alquiler asequible. La fórmula para impedir la adquisición de inmuebles para especular no está demasiado clara, pero fuentes de Sumar se limitan a señalar que el mecanismo sería similar al que se utiliza para certificar que quienes disfrutan de una vivienda de protección oficial no hacen negocio con ella: que la vivienda en cuestión sea utilizada por su propietario como su domicilio fiscal.
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