Socios autonómicos de Sumar se unen a Junts al dejar en el aire la aprobación de la quita de la deuda y Moncloa ya mira al PP

La compleja aritmética parlamentaria no da respiro al Gobierno ni siquiera cuando éste se muestra dispuesto a perdonar más de 80.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Tras el anuncio del Ministerio de Hacienda de que llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles la condonación de buena parte de la deuda autonómica, el PP salió raudo a calificar esta medida "trágala", "insulto" y "trampa". Y a los conservadores se les unieron este martes Compromís y Chunta Aragonesista, que criticaron el diseño de esta quita e incluso, en el caso de los valencianistas, amenazaron con votar en contra de la misma cuando llegue a la Cámara Baja. Para Moncloa, el rechazo del PP al perdón de la deuda sería "inexplicable" porque perjudicaría a los ciudadanos de sus comunidades, por lo que les pide "responsabilidad".

Lo cierto es que, aunque el PP quiso el lunes fijar rápidamente una posición común de todas las comunidades que gobierna (nada menos que 13) para evitar que su frente de oposición al Gobierno se resquebrajase, para algunas autonomías lideradas por presidentes populares renunciar a la quita de deuda sería un durísimo golpe. Andalucía, por ejemplo, sería una de las más perjudicadas, puesto que la propuesta publicada por Hacienda contempla que la autonomía se viera liberada de casi la mitad de su pasivo. Y no es la única: a la Comunidad Valenciana se le condonarían 11.200 millones de euros de deuda, por 8.644 a Madrid o más de 4.000 millones a Galicia.

Moncloa asume el rechazo de las comunidades del PP en el foro que se celebrará este miércoles, pero diferencian la posición que puedan trasladar en el CPFF de la votación final del PP cuando la norma llegue al Congreso de los Diputados. "Es un hecho que las comunidades necesitan liquidez", remarcan fuentes gubernamentales para presionar a los barones populares a aceptar esta medida que el Gobierno pactó con ERC en 2023 en el marco de la investidura de Pedro Sánchez.

Estas fuentes admiten que tanto el PP como Junts pueden poner en peligro la aprobación de la norma a su paso por las Cortes, pero aseguran que la fórmula está estudiada "al milímetro" para que las comunidades puedan considerarla "justa". Por ello, confían en que, a la hora de la votación, estos grupos acaben replanteándose su posición.

En el caso de Junts, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les pidió este martes salir de sus "aspiraciones de máximos", ya que la quita de la deuda va en línea de la autonomía fiscal que reclaman. "Entre conseguir todo lo que uno quiere e ir avanzando en un objetivo hay mucho trecho que recorrer", advirtió en declaraciones a los medios la vicepresidenta primera. Con todo, desde Moncloa sostienen en privado que la posición de los posconvergentes se debe a la pugna que mantienen con sus rivales independentistas de ERC y la reticencia a no "avalar" cualquier medida que impulsen.

En todo caso, sea cual sea la posición de las comunidades que no son socialistas, Hacienda salvará el paso de la norma por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, puesto que cuenta con la mitad de los votos en este foro multilateral. El escollo está en el Congreso, donde necesitan una mayoría parlamentaria que, en este momento, no está asegurada.

Para el Gobierno, este rechazo sería "inexplicable" porque la norma mejoraría la situación económica y financiera de las comunidades. De hecho, no se toman muy en serio la posición del PP en el foro de este miércoles y creen que si la norma supera la tramitación parlamentaria, todas las comunidades del PP firmarán los convenios para aplicar la condonación de la deuda de sus territorios.

No obstante, pese a la confianza del ala socialista del Gobierno en que la conveniencia de aceptar estas quitas de la deuda terminará imponiéndose a la tentación de votar en contra de una propuesta de Hacienda, los populares se han mostrado, por el momento, firmes en su oposición. Y no solo ellos tienen reservas: este martes, Compromís también se mostró muy duro a la hora de opinar sobre una propuesta que, consideran los valencianistas, no tiene en cuenta a la hora de calcular la cantidad que se perdonará a cada comunidad autónoma la "infrafinanciación" que sufre la Comunidad Valenciana.

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, aseguró este martes que su autonomía tiene una deuda global de 59.000 millones de euros, y aseguró que, de esa cantidad, nada menos que 47.000 millones se deben al actual diseño del sistema de financiación autonómica. La propuesta de Hacienda solo reduciría un 19% de dicha deuda, lo que para Micó es claramente insuficiente, puesto que, denunció, el grueso del pasivo "se genera aquí, en Madrid", por parte del "Gobierno central", y "no la han generado los ciudadanos que vivimos en el territorio valenciano".

Ante esa situación, la portavoz de Compromís se mostró dispuesta a "negociar" con Hacienda para aumentar la cantidad de deuda que se perdonará a la Comunidad Valenciana. "Pero si no quieren negociar con nosotras, no podemos dar apoyo a esta condonación que no tiene en cuenta las necesidades reales de los valencianos", amenazó Micó, que se mostró muy crítica con el hecho de que el Gobierno no haya abierto conversaciones con su partido antes de anunciar el cuadro completo de quitas de la deuda.

Al respecto, Hacienda sostiene que la deuda condonada en la Comunidad Valenciana es la "máxima" posible y aseguran que esta propuesta da "más impulso" a las comunidades infrafinanciadas como la valenciana porque han incorporado ese parámetro para tenerlas en cuenta. "Lo que ocurre es que las deudas de partida de las comunidades autónomas no son homogéneas. Hay comunidades autónomas que tienen un gran nivel de endeudamiento y por mucho que la cantidad sea importante, el porcentaje sobre el total disminuye", argumentó al respecto la ministra del ramo.

Por su parte, el diputado Jorge Pueyo, de la Chunta Aragonesista, no llegó tan lejos como Micó y evitó poner en duda el sentido de su voto cuando la condonación de la deuda llegue al Congreso. Pero, como la portavoz de Compromís, Pueyo se mostró crítico con unas cifras que no son "suficientes", aunque puedan servir de "punto de partida" para negociar. El diputado de la Chunta, además, se refirió expresamente al Gobierno de Aragón, que controla el PP a través del presidente Jorge Azcón, para instarle a negociar con Hacienda "una reestructuración de toda la deuda y un cambio de los intereses de demora".

Sumar, por su parte, intentó nadar este martes entre dos aguas para no desairar a sus aliados territoriales mientras, a la vez, tampoco se opone a la propuesta de Hacienda. La portavoz parlamentaria de los de Yolanda Díaz, Verónica Martínez, calificó de "buena pero insuficiente" la quita de deuda que se ha planteado, y llamó la atención sobre el hecho de que algunas comunidades, incluso con el perdón de una parte de su pasivo, "tienen una deuda tan abultada que van a seguir sin poder acudir a los mercados". "Tenemos que aprobar medidas de refinanciación que faciliten esto", planteó Martínez, que pidió al PSOE que se abra a "conversar" sobre posibles cambios en el cuadro de condonaciones anunciado por Hacienda.

Moncloa aleja el debate sobre el sistema de financiación

Otra de los asuntos previstos en el foro de este miércoles es la reforma del sistema de financiación. Y aunque la mayoría de los barones populares piden abordarla, Moncloa aleja esta posibilidad. Señala que la condonación de la deuda también es un paso adelante en este sentido y que aunque en su "hoja de ruta" está la reforma del sistema, primero quieren abordar la quita para lo que, recuerdan, contarán con la mayoría en este foro a través de los votos de Hacienda. "No es una patada para adelante, pero si te estás ahogando en una piscina, de momento, es mejor tirar el flotador", señalan para alejar este debate.

Consideran que el mismo será "complejo" porque cada comunidad rema hacia su orilla y que abordarlo requiere una "generosidad global entre gobiernos" que creen que el PP no tiene. Con todo, varias comunidades del PP, como la extremeña, la murciana o la valenciana ya han avanzado que quieren tratar este asunto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

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