"Solo hace falta voluntad para aplicar la ley de vivienda y no podemos aceptar el boicoteo de algunas Administraciones contra una ley aprobada en las Cortes". Así lo ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Cataluña, que junto con el País Vasco es la única comunidad que aplica esta norma impulsada por el Gobierno. Desde Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Sánchez ha hecho un llamamiento al resto de comunidades para que la "apliquen de una vez por todas", les ha instado a trabajar de la mano de la Administración central y "arrimar el hombro por encima de las siglas".
"Frente a los fondos buitre y la especulación, la ley de vivienda", ha pronunciado tras las visita a una promoción de viviendas para alquiler asequible y acompañado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. "El Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos ostentamos distintos ámbitos de competencia y debemos trabajar juntos". Para Sánchez, esa fórmula, junto con la colaboración público-privada es la que dará resultado a la hora de atajar el problema de la vivienda. Sin embargo, ninguna comunidad del PP aplica la ley en lo que se refiere a la declaración de zonas tensionadas, pero tampoco lo hacen Castilla-La Mancha y Asturias, que son del PSOE.
Tras un anuncio del presidente de la Generalitat de que pondrá en marcha la construcción de 50.000 pisos sociales en Cataluña, el jefe del Ejecutivo central ha señalado que esto es la "demostración" de que los esfuerzos colectivos logran resultados. "La colaboración soluciona uno de los problemas más acuciantes. Cuando todas las Administraciones reman juntas para abordar la vivienda, los compromisos se transforman en soluciones", ha subrayado.
Ha asegurado que este problema azota especialmente a los jóvenes, que necesitan "más viviendas", que sean más dignas, más accesibles y más sostenibles. "Ese es el diagnóstico y el tratamiento es poner sobre la mesa todos los recursos del Estado", ha señalado, antes de recordar que el Gobierno ha multiplicado por ocho el presupuesto de vivienda, ha aprobado el plan de vivienda accesible, el bono de alquiler joven y ha puesto en marcha una empresa estatal de vivienda junto con un sistema de avales públicos "que van a dar certidumbre a los propietarios y a los inquilinos".
También ha ensalzado el PERTE en materia de vivienda, un proyecto estratégico anunciado por el Gobierno para impulsar la construcción industrializada para priorizar el uso residencial frente al turístico en las zonas tensionadas. En todo caso, ha hecho especial hincapié en que la ley de vivienda de su Gobierno "funciona allí donde se aplica" y lo ha comparado con la excepción ibérica que redujo los precios de la electricidad en España. "Es lo que estamos haciendo con la ley de vivienda, necesitamos consistencia, determinación, tiempo y cooperación entre Administración", ha insistido.
