El Consejo de Ministros de este martes será uno de los últimos para la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, como miembro del Gobierno y el que cerrará importantes asuntos que todavía estaban pendientes el Ministerio de Transición Ecológica. Dará luz verde al decreto que pondrá en marcha la eólica marina y que el sector lleva meses esperando y también el proyecto de ley para recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y volver a desgajarla de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que se integró en 2012. Por otra parte, el BOE publicó este jueves la declaración ambiental estratégica del nuevo Plan del Clima hasta 2030, el último paso del que, también desde hace meses, depende la aprobación de la estrategia renovada para la transición ecológica.
Si no hay cambio de planes, las previsiones dentro del Gobierno es que Ribera dejará el Ejecutivo cuando se confirme el visto bueno del Parlamento Europeo a su designación como vicepresidenta ejecutiva de Competencia y Transición Verde dentro de la nueva conformación de la Comisión Europea que Ursula von der Leyen anunció la semana pasada. Una vez confirmada qué cartera corresponderá a la persona designada por cada país de la UE para ser nuevo comisario o comisaria, Ribera y sus nuevos colegas tendrán que pasar por una audiencia individual en el Parlamento Europeo, en un trámite que todavía no tiene fecha pero que podría tener lugar en la primera semana de noviembre.
Después, Ribera dejará de ser vicepresidenta tercera del Gobierno y antes de que eso ocurra el Consejo de Ministros de este martes será una especie de reunión 'escoba' en la que quedarán aprobados varios asuntos que desde hace meses estaban pendientes sobre su mesa del Ministerio de la Transición Ecológica.
Eólica marina
El viernes pasado, la reunión de secretarios de Estado y subsecretarios dejaron incluido entre los temas listos para aprobar en el siguiente Consejo de Ministros el decreto que regulará la eólica marina y que pondrá la bases para que en los próximos meses puedan empezar a celebrarse en las primeras subastas.
Es una decisión que llevaba semanas con el trabajo técnico ya terminado y que el sector esperaba con impaciencia, puesto que considera que si no ocurría ya en este mes de septiembre sería muy difícil que haya subastas en 2025. Se trata de determinar de qué manera se otorgarán los permisos para construir parques eólicos flotantes frente a las costas españolas, sobre todo Canarias y Galicia, las comunidades donde se ubica el mayor número de zonas y de mayor tamaño de las 19 identificadas por el Ministerio en un 0,46% de los 5.000 kilómetros cuadrados a lo largo de los 10.000 kilómetros de la costa española. Por primera vez, estas 19 áreas podrán compartir otros usos como la pesca con aerogeneradores flotantes que el Gobierno confía en que generen hasta 3.000 megavatios de electricidad en 2030 pero para ello es necesario aprobar un primer decreto, el de este martes, a partir el cual se desarrolle esta nueva actividad de generación renovable, muy avanzada en países como Dinamarca, Reino Unido o Estados Unidos y que aquí el sector eólico lleva años esperando.
Entre las cuestiones que hay que definir se encuentra si la eólica marina despegará en España en todas las zonas por igual o primero en comunidades más interesadas, como Canarias. Por otra parte, está la cuestión de qué papel tendrán las comunidades locales a la hora de elaborar los proyectos eólicos y la compensación que recibirán por ello.
Esta cuestión ha estado muy presente en las alegaciones que presentaron hace unos meses los pescadores de Galicia -muy críticos con la mera existencia de la eólica marina- y también la Asociación Eólica Española (AEE), aunque en direcciones diametralmente opuestas. Los primeros presentaron alegaciones para que los aspectos sociales de la eólica marina como el ambiental o la creación de empleo pesaran un 70% y no "un máximo del 30%" a la hora de permitir un proyecto. La Xunta pide que este porcentaje sea 50-50%. Por el contrario, el sector eólico reclamó directamente "eliminar" el diálogo entre promotores y comunidades locales que por primera vez será obligatorio para sacar adelante los proyectos eólicos.
Un día ante del Consejo de Ministros que previsiblemente aprobará la eólica marina, fuentes de la Xunta advertían de que "solo será una buena noticia" si el decreto incluye "medidas compensatorias" los sectores afectados, incluida la pesca, y hace "obligatorio y no simplemente opcional" el diálogo entre promotores y afectados.
Nueva Comisión Nacional de Energía
También está previsto que este martes salga del Consejo de Ministros el proyecto de ley que deberá aprobar el Parlamento para recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE) como regulador independiente de la CNMC, en la que se concentró en 2013 por motivos presupuestarios.
Ribera llevó el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros en febrero de este año y entonces explicó que la decisión de recuperar la CNE como supervisor independiente de la CNMC respondía a "reforzar su capacidad de inspección" y "limitar la excesiva concentración empresarial" en el sector energético.
La nueva CNE pasará a depender del Ministerio de Transición Ecológica en lugar del de Asuntos Económicos, responsable de la CNMC de la que todavía forma parte, y también como novedad, el Gobierno le encomendaba el objetivo de "asegurar la descarbonización de la economía". Precisamente este mandato es visto por algunos expertos como algo que podría afectar a la independencia de un órgano que debe velar por la libre competencia en los sectores eléctricos, de hidrocarburos líquidos, de gas natural y del hidrógeno y otros gases renovables. Así se manifestó hace unos días en una jornada organizada sobre la nueva CNE por el Club Español de la Energía. "El cumplimiento del objetivo de descarbonización dará lugar a muchas interpretaciones", advertía la presidenta de la AELEC, la asociación de las eléctricas, Marina Serrano.
Versión definitiva de la nueva estrategia energética
Otro de los asuntos que quedan por aprobar definitivamente sobre la mesa de Ribera es la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima hasta 2030, para modificarlo con respecto al que entró en vigor en 2020 y alinearlo con el despliegue masivo de las renovables desde entonces y unos objetivos más ambiciosos de descarbonización que se han aprobado desde entonces a nivel europeo.
La Comisión Europea lleva esperando desde el 30 de junio que España y otra veintena de países de la UE le envíen el borrador definitivo, que en el caso español estaba pendiente de la declaración ambiental estratégica que se aprobó finalmente el 9 de septiembre y el BOE publicó este lunes por la tarde.
Según el documento, el Gobierno mantiene la ambición que fijo en el primer borrador, en junio del año pasado, para aumentar notablemente la presencia de energías renovables en la generación de electricidad y en el mix energético, aunque también contempla algunas correcciones, como la que hace al alza sobre el empleo de biocombustibles en el transporte. Si en el borrador que dio a conocer el año pasado preveía que en 2030 hubiera un 11% combustibles renovables de origen no biológico, biocombustibles avanzados y biogás, ahora revisa esa cifra para elevarla al 17,26%, en ambos casos muy por encima del objetivo del 2,1% en el PNIEC en vigor.
También revisa al alza el porcentaje de renovables en el sector del transporte, que pasa del 25% en el primer borrador al 28% en la versión final y también es muy superior al 15% del plan actual. La potencia instalada de almacenamiento también se incrementa ligeramente, de 22 gigavatios (GW) a 22,5 GW en 2030, por encima de la meta en vigor de 20GW y desciende ligeramente del 51% previsto el año pasado al 50% el objetivo de dependencia energética de España para dentro de seis años.
En términos generales, los objetivos en materia energética del plan del Gobierno hasta 2030 son tan ambiciosos como en su primer borrador, con la intención de reducir un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 con respecto a 1990 o un 70% con respecto a 2005, frente al 23% y 61% previstos actualmente respectivamente. También aumentan ligeramente los objetivos sobre el incremento anual de renovables en sistemas de calefacción y refrigeración, del 1,3% hasta 2025, frente al 0,80% vigente y al primer objetivo de 1,27% y de 2,1% entre 2026 y 2030, frente al 1,19% vigente y el 2,07% que planteó en el primer borrador.
El Gobierno también se compromete con la Comisión Europea a que en 2030 el 81% de la electricidad generada sea de fuente renovable -frente al objetivo actual de 74%- y a que el 48% de la energía final sea verde -frente al 42% y superando incluso el objetivo voluntario fijado en la UE-.
Para ello, la versión final del nuevo PNIEC mantiene los objetivos de disparar la generación de electricidad con energía eólica hasta los 62 GW, incluidos 3 GW de eólica marina, frente a la meta actual de 50 GW; de 76 GW de fotovoltaica, incluidos 19 GW de autoconsumo, frente al objetivo actual de 39 GW, de los cuales 14 de GW de autoconsumo y la meta de 20 teravatios/hora de biogás en lugar de 10.47.
Aunque menores con respecto a los actuales, se mantienen los objetivos fijados en el primer borrador para la generación eléctrica con energía hidráulica (14,5 GW en 2030), y solar termoeléctrica (4,8 GW) y también permanecen invariables los del gas -26,6 GW- y de la nuclear -3 GW de generación eléctrica en 2030-.
