El Gobierno vuelve a ver como su frágil mayoría parlamentaria en el Congreso corre riesgo de partirse ante un asunto de capital importancia para su electorado: la vivienda. Este martes, la Cámara Baja debatirá la toma en consideración de una proposición de ley registrada por Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG para establecer nuevas limitaciones y otorgar más derechos a los inquilinos de alquileres temporales o de una habitación dentro de un inmueble. Y lo hará sin saber todavía si saldrá adelante. Aunque el PSOE aprobará que el Congreso debata la iniciativa de sus socios progresistas, según informó este domingo Europa Press, otros dos socios imprescindibles aún no han confirmado el sentido de su voto para que la norma comience a tramitarse: PNV y Junts.
La iniciativa que se debatirá y votará el martes fue registrada el pasado junio por el partido que constituye el ala minoritaria del Gobierno —que ha situado el acceso a la vivienda como uno de los grandes retos a abordar durante este curso político— y también por los aliados parlamentarios progresistas del Ejecutivo. El texto de la proposición de ley, no obstante, fue redactado por el Sindicato de Inquilinos, que se apoyó en las formaciones más a la izquierda del Congreso para presentar la proposición de ley ante "las escasas restricciones a la especulación que establece la ley de vivienda" en lo relativo a los alquileres temporales y de habitaciones.
Lo que se debatirá y votará este martes es tan solo la toma en consideración de este texto, es decir, si el Congreso inicia la tramitación de una norma a la que aún le quedarían muchos meses por delante de debate y discusión o si, por el contrario, esa tramitación ni siquiera comienza. Pero lo ajustado de la mayoría que sustenta al Gobierno implica que ni uno solo de los aliados parlamentarios que la componen puede desmarcarse para que la iniciativa sea tomada en consideración. Y no está tan claro que eso vaya a ocurrir.
Fuentes de Sumar y de Podemos admiten que, en los últimos días, han recibido señales positivas por parte del PSOE en relación a la posibilidad de apoyar la toma consideración de la proposición de ley, y fuentes socialistas consultadas por Europa Press han confirmado ya el voto favorable. Hasta ahora, en relación al problema de los alquileres temporales, el Ministerio de Vivienda que dirige la socialista Isabel Rodríguez se había limitado a anunciar que están preparando un decreto para limitar su duración máxima en función del motivo al que respondan. De esa regulación anunciada en julio, no obstante, no ha habido novedades. Y, en todo caso, sería mucho más tibia de lo que plantean los partidos a la izquierda del PSOE junto al Sindicato de Inquilinos.
No obstante, tan solo con el voto a favor de los socialistas no alcanza para una mayoría. Sin PNV y Junts, la iniciativa está abocada al fracaso antes incluso de comenzar su tramitación. Y los precedentes no son halagüeños, puesto que ambas formaciones, económicamente más conservadoras que el resto de aliados del Gobierno, se han mostrado históricamente reticentes a ampliar las regulaciones en materia de vivienda.
PNV y Junts ya votaron en contra de la aprobación de la ley de vivienda en el Congreso el año pasado, cuando la norma salió adelante tras más de dos años de negociación. Y, desde entonces, no ha habido un cambio de posición por su parte, al menos públicamente. El pasado mayo, de hecho, Junts tumbó en el Parlament de Cataluña un decreto del Govern que por entonces aún presidía Pere Aragonès (ERC) para regular los alquileres de temporada, algo que pudo hacer únicamente gracias a la abstención del PSC, pese a que ahora los socialistas sí parecen dispuestos a permitir que empiece a tramitarse una propuesta en un sentido similar a escala nacional.
Igualar a los inquilinos estables y temporales
La actual falta de regulación en relación a los alquileres temporales y por habitaciones está, según el Sindicato de Inquilinos, "generando la vulneración de derechos de los arrendatarios, pero sobre todo, la expulsión masiva de inquilinas a quien se les termina el contrato de alquiler para desviarlo al mercado temporal o de habitaciones". Por ello, lo que pretende la proposición de ley es equiparar los arrendamientos de vivienda habitual, a nivel de obligaciones para los propietarios y protección para los inquilinos, con los alquileres por meses y los que afectan a una sola habitación de un inmueble.
El objetivo último de la iniciativa es que deje de ser atractivo para muchos arrendadores poner sus pisos en el mercado de alquiler temporal, una vía que ahora mismo les permite eludir muchas de las salvaguardas para los inquilinos. En concreto, la proposición de ley establece que, en contratos de duración temporal, se prohibiría el cobro de honorarios de agencia al inquilino, así como que se limitaría la cuantía de la fianza que pueden exigir los propietarios, que no podría ser superior al valor de media cuota mensual (en el caso de los alquileres de vivienda habitual, la fianza máxima es de dos mensualidades).
Además, la reforma plantea que se puedan aplicar los límites de precios que ya recoge la ley de vivienda para zonas de mercado tensionado, unos topes que, hoy por hoy, solo se han puesto en marcha en Cataluña puesto que las comunidades gobernadas por el PP se niegan a aplicarlos. De la misma manera, se restringiría la capacidad de los propietarios de alquilar la vivienda con un contrato menor a los cinco años de duración que establece la ley, algo que únicamente podría hacerse si se justifica debidamente el motivo "y su conexión con la duración prevista". "En caso de no quedar debidamente acreditadas, se presumirá que dicho contrato es de vivienda habitual", con todo lo que ello implica: entre otras cosas, que no se podrá subir el precio más allá de lo marcado por ley durante ese tiempo.
La última de las grandes modificaciones del régimen de alquileres temporales afecta al tiempo que estas viviendas pueden ser arrendadas en esas condiciones. Se establece un tiempo máximo de seis meses para alquilar una vivienda en régimen de alquiler temporal: todo lo que exceda ese plazo sería considerado un alquiler de vivienda habitual y el contrato pasaría a tener una duración de cinco años (siete si el propietario es una empresa). Lo mismo ocurriría si el contrato temporal de arrendamiento se prorrogara más de una vez, aunque no se haya alcanzado el medio año de estancia en el inmueble.
