El plan del Gobierno para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales ha topado con una semana clave para el PP. Alberto Núñez Feijóo ha aguardado casi medio año para presentar, a cuenta gotas, su plan integral de vivienda; ha esperado al momento más ad hoc para marcar agenda propia y tratar de ondear la bandera de la vivienda, ya que se ha convertido en la primera preocupación social. Así es que cuando el Gobierno ha logrado alcanzar un acuerdo con los sindicatos, el pasado 20 de diciembre, y aprobar en el Consejo de Ministros de esta semana el anteproyecto para reducir la jornada laboral, la oposición se ha querido desentender. Al menos por ahora. Eso sí, reivindica su modelo de jornada flexible frente a la del Gobierno.
"No vamos a fijar sentido del voto en una votación que ni siquiera tiene fecha para ser sometida en las Cortes ni vamos a amplificar temas del Gobierno porque vamos a hablar de los nuestros", sostienen desde Génova, en alusión al plan integral de vivienda que ha comenzado a desgranar el líder del partido a inicios de año y, más concretamente, esta semana. De este modo, el PP evita tomar posición sobre una ley que el Gobierno ha pactado con los sindicatos, pero sin el beneplácito de los empresarios. Un detalle que toma relevancia dado que, a inicios de enero, avanzó que apoyaría la reforma de pensiones del Gobierno porque contaba con el aval de la patronal mientras que se negaba a negociar nada de vivienda si Sánchez no retiraba la reforma judicial.
Si bien evitan valorar el acuerdo, sí que reivindican su modelo para facilitar la conciliación: la jornada laboral flexible. Una propuesta que Feijóo introdujo en su plan de conciliación que presentó en el segundo semestre del año pasado. Su planteamiento pasa por que sean los sindicatos y la patronal los que lleguen a un acuerdo y, mientras tanto, presentar una ley que incluya recomendaciones tanto a las empresas como a los trabajadores para poder flexibilizar dicha jornada laboral, por ejemplo, regulando un banco de horas.
De este modo, los trabajadores podrían acumular las horas y elegir cómo las utilizan para poder conciliar su vida personal, en especial, con los menores a cargo. En todo caso, dicha ley evitará de imponer por obligación cualquier medida, tal y como siempre ha criticado el PP al Gobierno con la reducción de las horas de trabajo semanales. Este plan, que registró el PP en el Congreso a finales de septiembre, incluye otras medidas como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad y de las familias monoparentales así como bonificaciones por el contrato de cuidadores para familias numerosas.
Feijóo "canalizará el cabreo" por la falta de vivienda
Mientras tanto, el PP se muestra decidido a capitalizar la principal preocupación de los españoles, según la última encuesta del CIS. La oposición lleva meses cocinando un plan integral que habrían presentado el año pasado de no haber sido por la apertura de las investigaciones judiciales al entorno del presidente del Gobierno o de la catástrofe de la DANA. Así, a las medidas anteriormente anunciadas como el desalojo de los okupas en 24 horas, Feijóo ha ido avanzando a lo largo de la semana cada medida dedicada a los jóvenes, al sector o a los propietarios.
Su agenda culminará este domingo en Zaragoza, donde se reunirá con una treintena de alcaldes del PP para aprobar un paquete de medidas comunes con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, mejorar la seguridad en las calles y reducir la presión fiscal sobre los vecinos. Ese mismo día, está convocada una manifestación en las calles de Madrid para exigir una vivienda digna. En Génova aseguran que su programa es independiente de esta cita pero que, en todo caso, la aprovecharán a su favor. "Sabemos que hay malestar social, por eso a quienes no encuentran soluciones le estamos dando", aseveran. De hecho, asumen que Feijóo "canalizará el cabreo" por la falta de vivienda en su acto rodeado de poder territorial.
Fuentes populares admiten que se miden con el PSOE en torno a quién lidera la solución a la vivienda, ya que es una competencia compartida entre el Gobierno central [PSOE y Sumar] y sobre todo de las comunidades autónomas [la gran mayoría son del PP]. Desde Génova defienden que desde el Ejecutivo manda sobre ciertos trámites fiscalidad, la okupación o el IVA y, además, ven injusto que se cargue la responsabilidad por la falta de vivienda a sus presidentes autonómicos que, como en Extremadura, Murcia, Andalucía o Valencia, gobiernan desde hace apenas dos años.
En el caso de Madrid, donde el PP gobierna desde hace décadas, lo toman como una excepción. Y es que, en sintonía con Feijóo, defienden que una de las principales causas por la que se ha encarecido el precio de la vivienda en Madrid es la compra por parte de latinoamericanos de "rentas altas". Con todo, la oposición enmarca su plan de vivienda como la prueba de que "hay alternativa" al del Gobierno: "Igual fallamos, pero la política actual no ha funcionado".
