La base de la Unión Europea, además de los valores, está en el dinero: no es ninguna sorpresa. Y Ursula von der Leyen quiere que su Comisión Europea 2.0 revolucione las cuentas en base a tres criterios: menos burocracia, más centralización en los Estados miembros y más poder para Bruselas, tal como adelantó el Financial Times y ha podido confirmar 20minutos, en un planteamiento que, eso sí, todavía está poco maduro. No obstante, los rumores han servido para que ya desde las regiones europeas se opongan a esta vía, puesto que perderían capacidad de gestión en las ayudas.
Ahora mismo, en total, los fondos que entrega la UE a los países están en muchos casos descentralizados y se reparten más de 500 entregas, repartidas en diferentes programas. Bruselas quiere que eso se acabe, con la excusa de reducir los trámites y la burocracia -una de las prioridades de hecho de la nueva Comisión Europea-. En este punto hay dos elementos clave: los fondos de cohesión y las ayudas a la agricultura, PAC incluida. La Comisión tiene plazo hasta mediados de 2025 para presentar su propuesta para el siguiente marco financiero, que abarcará el período de 2028 a 2034 y todos asumen en el Ejecutivo comunitario que serán unas cuentas que haya que pensar no solo para 27, sino también teniendo en cuenta una futura ampliación de la UE.
La cohesión y la PAC se llevan ahora mismo casi dos tercios del total del presupuesto de la UE, y será ahí donde se ponga el foco. Esto puede convertirse en un motivo de choque porque la idea de la Comisión es que todo se centralice mucho más en los Estados miembros a través de un pago único de todas las ayudas que le corresponde a cada país. En el caso de España es algo complejo porque, por ejemplo, los fondos de cohesión los gestionan directamente las comunidades autónomas y las capitales; precisamente por eso, estas no quieren grandes cambios y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió desde Bruselas esta semana a Pedro Sánchez que no acepte ese giro.
En la década de los años ochenta, las relaciones entre las instituciones se tensaron debido a un creciente desajuste entre los recursos disponibles y las necesidades presupuestarias reales. El concepto de una perspectiva financiera plurianual se desarrolló en un intento de apaciguar estas tensiones, reforzar la disciplina presupuestaria y optimizar la ejecución mediante una mejor planificación. El primer acuerdo interinstitucional en este sentido se concluyó en 1988. Establecía las perspectivas financieras para el período 1988-1992 y tenían como objetivo garantizar los recursos necesarios para la ejecución presupuestaria del Acta Única Europea.
Ya en 1993 se concluyó un nuevo acuerdo, junto con las perspectivas financieras para el período 1993-1999, que permitía duplicar los Fondos Estructurales y elevar el límite de los recursos propios. El tercer AI, sobre las perspectivas financieras para el período 2000-2006 (conocido también como Agenda 2000), se firmó el 6 de mayo de 1999. Uno de sus grandes objetivos consistía en garantizar los recursos necesarios para financiar la ampliación. El cuarto AI, relativo a las perspectivas financieras para el período 2007-2013, se celebró el 17 de mayo de 2006.
Con el Tratado de Lisboa, el MFP pasó de ser de un acuerdo interinstitucional a ser un Reglamento del Consejo que debe adoptarse por unanimidad, sujeto a la aprobación del Parlamento Europeo, con arreglo a un procedimiento legislativo especial. Además de fijar "los importes de los límites máximos anuales de créditos para compromisos, por categoría de gastos, y del límite máximo anual de créditos para pagos", el artículo 312 del TFUE prevé que el MFP también debe establecer "cualesquiera otras disposiciones adecuadas para el buen desarrollo del procedimiento presupuestario anual".
Las cuentas de la 'policrisis'... sin saberlo
El quinto MFP, que abarcó el período de 2014-2020, fue el primero en el que se registró una disminución en términos reales de los importes globales. Una de las condiciones previas del Parlamento para aceptarlo fue, por tanto, que se realizara una revisión intermedia obligatoria que le permitiera volver a evaluar las necesidades presupuestarias durante el período del MFP y ajustarlas en caso necesario.
El acuerdo garantizaba, asimismo, entre otras cosas, una mayor flexibilidad para permitir el pleno uso de los importes previstos, y la comprensión del camino hacia un verdadero sistema de recursos propios para la Unión. El 20 de junio de 2017, se adoptó un MFP revisado para 2014-2020, que incluía la provisión de un apoyo adicional a las medidas relacionadas con la migración, el empleo y el crecimiento. También se reforzaron el Instrumento de Flexibilidad y la Reserva para Ayudas de Emergencia, lo que permitió transferir fondos adicionales entre rúbricas y ejercicios presupuestarios distintos, de modo que sea posible responder a acontecimientos imprevistos y nuevas prioridades. Incluido el marco 2021-2027 ya se han dado un total de cinco pactos de este tipo.
¿Y el sexto? Será el del gran cambio si se cumplen los planes de Von der Leyen. La idea pasa, sobre todo, por una simplificación "de todo el sistema". Menos burocracia y más agilidad. Y hay otro elemento a tener muy en cuenta: los pagos estarían condicionados a reformas. Sin cambios, no hay ayudas. No resultará esto demasiado complicado porque es algo que ya se está haciendo con los fondos de recuperación pospandemia; así, sería trasladar este sistema al resto de ayudas que reparte la UE, en un marco mucho más exigente con los gobiernos que, eso sí, tendrían mucho más control sobre el dinero... siempre bajo la lupa de Bruselas.
La clave, como siempre en la UE, estará en la negociación. El Consejo -es decir, los Estados miembros- vería con buenos ojos ese cambio, pero no los niveles inferiores como la regiones. Faltaría por comprobar además qué papel tendría el Parlamento Europeo, que es colegislador, en ese nuevo esquema. Es una pata más, por supuesto, de todo el organigrama, pero sus competencias pueden crecer o no en función de los márgenes que dan los Tratados. Quedan muchas incógnitas por resolver.
Con todo, los Estados miembros se dividen en receptores netos o en proveedores netos al Presupuesto de la UE, en función de si reciben de Bruselas más dinero del que aportan a las cuentas del bloque. En el caso de España, fue receptor neto de la UE en 2023, con un saldo positivo de 13.815 millones, un 21% menos que en el año anterior. Es más, lo normal es que ha medida que pasa el tiempo y sobre todo se incorporan nuevos países, los receptores históricos pasen a ser emisores. Esa idea radica en la necesidad de "evitar desequilibrios" y "acelerar la integración" de los nuevos Estados miembros, según explican desde Bruselas. Ahora, eso sí, Von der Leyen quiere dar un vuelco a todo. Nuevas cuentas para una nueva UE.
Tres preguntas a... Enrico Letta
Enrico Letta (Pisa, 1966) ha sido primer ministro italiano y líder de la formación por antonomasia del centroizquierda en el país, el Partito Democrático (PD), y su carrera política ha estado llena de retos. Ocupó el Palazzo Chigi entre 2013 y 2014, cuando la crisis pesaba sobre Roma, y ahora mira desde la distancia cómo se sienta en él Giorgia Meloni, con quien compitió en las últimas elecciones. Además, pasó por varios ministerios y conoce muy bien el Parlamento Europeo y todo lo que se cuece en Bruselas.
