Las explicaciones del Gobierno sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) no convencen a los agricultores. El Ejecutivo se ha reunido este jueves con las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias para detallarles el contenido de un pacto que el Ejecutivo ve como una "gran oportunidad" para exportar productos hacia el otro lado del Atlántico. Sin embargo, Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones no comparten el optimismo y consideran que el campo es el gran perjudicado y se ha utilizado como "moneda de cambio". Las organizaciones agrarias barajan movilizaciones en el primer trimestre de 2025 si la tramitación del acuerdo sigue adelante y España mantiene su apoyo.
El principal escollo de las discrepancias entre el Gobierno y las organizaciones agrarias es el temor del campo a que la entrada masiva de productos desde Mercosur producidos a precio más bajo desplome el mercado europeo. "En teoría, para el Gobierno de España el acuerdo va a ser muy beneficioso. Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con esa afirmación", ha expresado el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés. "Lo que no estamos dispuestos a pasar es que se permita la entrada de productos en la Unión Europea en condición más favorable a productores terceros que a los que producimos aquí", ha añadido. "No estamos exigiendo privilegios para la agricultura europea, estamos pidiendo que seamos iguales, que compitamos en igualdad de condiciones", ha reclamado.
Las asociaciones advierten de que producir al otro lado del Atlántico cuesta menos y los estándares sanitarios son también más laxos. El Ejecutivo destaca que el acuerdo para levantar los aranceles a ambos lados del Atlántico no modifica las exigencias en materia de seguridad alimentaria y que toda la mercancía que entre en la UE deberá cumplir con la normativa comunitaria. "Lo que trasladamos a nuestro gobierno es que se incrementen los controles y que todo aquel producto que no entre en las mismas condiciones de producción que nos obligan a producir a nosotros se echen para detrás", ha reclamado José Manuel Roche, secretario de Relaciones Internacionales de UPA.
Las posturas no parecen haberse acercado. "No ha habido grandes novedades en esta reunión. El tratado ya lo conocemos porque es básicamente el que se aprobó en 2019", ha valorado a la salida del encuentro José Luis Miguel, director técnico de COAG. "Es un tratado comercial que interesa a la Unión Europea por motivos, geopolíticos, por los sectores industriales, de servicios.... pero se ha utilizado a la agricultura como moneda de cambio", ha lamentado. "Hemos manifestado que seguimos manteniendo esa oposición al acuerdo, pedimos al gobierno español que no lo ratifique, que rechace este acuerdo y haremos lo que esté en nuestra mano para conseguir que no se apruebe", ha añadido.
En la configuración de estas nuevas reglas comerciales, el Gobierno reconoce las "sensibilidades" del campo español, que mira con recelo la competencia con otros grandes productores como son los países firmantes. Fuentes del Ejecutivo recalcan que el acuerdo ha sido diseñado "cuidadosamente" para proteger productos más sensibles, como la carne de vacuno y de ave de corral, el azúcar, la miel, el etanol o el arroz. Para evitar una entrada masiva en la UE de alimentos de este tipo cultivados en Mercosur, el pacto comercial recoge cupos que limitan las importaciones libres de aranceles. Se restringen, por ejemplo, a 99.000 las toneladas de vacuno que pueden entrar en la UE con los aranceles recortados, a 180.000 las de aves de corral y a 60.000 las de arroz.
El Gobierno subraya que estas cuantías suponen apenas entre un 1% y un 2% del consumo europeo de los respectivos productos, por lo que descartan que pueda dar lugar a un desplome de los precios. En cualquier caso, subrayan que existen además cláusulas de salvaguardia adicionales que se activarían en caso de detectarse un incremento excesivo de las importaciones de estos productos, evitando la entrada de más mercancía. Recuerdan que adicionalmente la Comisión Europea se ha comprometido a crear un fondo de 1.000 millones para compensar en última instancia posibles pérdidas al campo europeo por una eventual caída de la producción. "Tiene que haber una compensación, porque va a haber una pérdida de renta importantísima de nuestros agricultores por la competencia desleal por parte de países terceros que vamos a sufrir", ha reclamado en ese sentido Cortés.
No obstante, no se espera que el hecho de agilizar el flujo comercial con Mercosur tenga el mismo impacto sobre todos los productos. El Gobierno señala al vino y al aceite de oliva como los grandes beneficiados del acuerdo comercial, dado que los grandes productores en este caso se encuentran en el Viejo Continente -entre ellos España-, por lo que se vende hacia el otro lado del Atlántico es mucho más de lo que se compra. "Pueden ser punta de lanza para otros productos", señalan fuentes del Gobierno, que indican también como favorable la posibilidad de importar soja más barata para abastecer las granjas.
El Ejecutivo ve el acuerdo como una "oportunidad sin precedentes", al eliminar los aranceles a buena parte de los productos que se exportan desde la UE hacia Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, permitiendo así vender en esta región de forma más 'barata'. En contrapartida, también se liberalizan buena parte del flujo desde el otro lado del Atlántico hacia el Viejo Continente. En concreto, la UE ha liberalizado el 82% de sus aranceles, frente a un 93% Mercosur. Fuentes del Gobierno ponen el valor que el pacto se haya alcanzado en un momento donde existe una tendencia comercial en sentido contrario hacia la fragmentación de mercados y señalan que supone un "hito" para ambos bloques. Estiman que permitirá aumentar las exportaciones europeas entre un 50% y un 75% y un 11-12% las de Mercosur.
Estos argumentos no convencen al campo, que amenaza con convocar protestas a la vuelta de navidades si el acuerdo sigue adelante con el respaldo de España. "No descartamos movilizaciones. No sé si en enero o en febrero está sin concretar, pero desde luego en el espíritu de Asaja está que existan", ha advertido Pedro Barato, presidente de Asaja.
