Las ayudas al transporte público que se pusieron en marcha en 2022 para ayudar a los hogares a afrontar la subida de la inflación se mantendrán más allá de la fecha en la que iban a expirar, el 31 de diciembre. El Gobierno ha alcanzado un acuerdo casi en el último momento con Podemos para prorrogarlas tal y como han existido hasta ahora durante seis meses más, hasta el 30 de junio de 2025. A partir de entonces, entrará en vigor otra fórmula, que ya no será para toda la población hasta ahora, aunque fuentes del Gobierno apuntan a que seguirán siendo "bastante universales".
La prórroga hasta mitad del año que viene ha permitido al Gobierno asegurarse el apoyo de Podemos al decreto ley que, de esta manera, ya podrá aprobar en el Consejo de Ministros del lunes que viene, 23 de diciembre. Fuentes gubernamentales confirman que también cuentan con el voto afirmativo de PNV y Junts, que, aunque abogaban por terminar con las bonificaciones para toda la población que han estado en pie durante los dos últimos años, han aceptado esta fórmula final.
Las exigencias de los morados de mantener el sistema de bonificaciones tal y como ha funcionado en los dos últimos años se había convertido en las últimas semanas en el último gran escollo para que el Ejecutivo tuviera cerrado el apoyo parlamentario a un decreto que, en principio, iba a recortar las ayudas al transporte, que a partir del 1 de enero ya no serían universales, es decir, de idéntica aplicación para toda la población independientemente de sus circunstancias.
En días previos, fuentes del Gobierno apuntaban que, si no para todo el mundo, seguirían siendo "bastante universales" y apuntaban a un presupuesto cercano a los mil millones de euros, frente a los 1.300 que han costado las bonificaciones al Ministerio en 2024. Por el contrario, para Podemos el plan del Gobierno suponía "desmantelar" el sistema de bonificaciones.
Según el compromiso que las dos partes han alcanzado este jueves, habrá una prórroga de medio año a las ayudas actuales al transporte. Es decir, se mantendrá la gratuidad de los trenes de Cercanías y de los de Media Distancia, los descuentos del 50% en los trenes Avant para usuarios frecuentes y el descuento en el precio de los abono transporte, para viajar en metro o autobús en las ciudades. En este caso, no cambiará la aportación que hará el Gobierno central del 30% sobre el precio de los abonos siempre que las comunidades autónomas aporten al menos otro 20%. Esto eleva la rebaja a un mínimo del 50%, aunque gobiernos regionales como el de la Comunidad de Madrid la elevaron al 60%, aportando un descuento autonómico del 30 en lugar del 20%.
A partir del 1 de julio de 2025, estas condiciones se modificarán en unos términos que todavía el Gobierno no ha detallado pero que irán en la dirección de restringir las bonificaciones-. Ya no serán para todo el mundo, sino para diversos grupos de población. Según apuntó hace meses el ministro de Transportes, Óscar Puente, la idea es bonificar sobre todo a los jóvenes, a la población más vulnerable económicamente y a los usuarios frecuentes en el caso de los trenes, pero previsiblemente no como hasta ahora En lugar de poder adquirir a priori abonos multiviaje a precios muy reducidos, y en torno a los cuales se han detectado fraudes desde el principio, entre las pocas pistas que ha dado Puente sobre el modelo futuro aparece un mecanismo por el que los viajeros frecuentes obtendrán su bonificación a posteriori, en función de los viajes realizados, y sería mayor en función de su número.
