El Gobierno ha recibido uno de los mayores batacazos de la legislatura con la caída del decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital (IMV) o ayudas al transporte público y por la DANA. Moncloa esperaba que las últimas amenazas de Carles Puigdemont de tumbar todas sus iniciativas no se hiciesen realidad, pero todos los esfuerzos han sido en vano y Junts acabó votando 'no' a los tres primeros decretos del año que se debatieron en el Congreso, uno de ellos el ómnibus, que también contó con el rechazo del PP, UPN y Vox. Pese al enfado latente en Moncloa, los socialistas hacen de tripas corazón para que la legislatura no colapse, aseguran que seguirán negociando con Junts sin visos de elecciones anticipadas, mientras derivan al PP toda la culpa de que decreto no haya salido adelante.
Así, este primer Pleno del año no solo acabó con una nueva fractura de la mayoría que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez, sino con la caída de medidas de impacto directo a los ciudadanos: de momento no habrá revalorización para cerca de 12 millones de pensionistas, unos 20 millones de personas se verán afectadas por el fin de las ayudas al transporte, el salario mínimo interprofesional (SMI) volverá a niveles del 2023 y tampoco habrá ampliación de los préstamos para los afectados por la DANA. Esas son solo algunas de las consecuencias de un decreto que el Gobierno no esperaba que cayese, pero que finalmente lo ha hecho a todos sus efectos.
Moncloa no prevé una solución inmediata para revertirlos, como podría ser la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar decretos que incorporen algunas medidas que sí generan consenso, como las ayudas al transporte o la revalorización de las pensiones, pero se ha comprometido a seguir "trabajando" para "no dejar tirados ni a los pensionistas, ni a los usuarios del transporte público, ni a los valencianos y valencianas".
De momento, centran el tiro en pedir explicaciones a los que han votado 'no' a este paquete, en concreto, al PP, a quien cargan con casi todo el peso de la culpa. "Sus intereses no son los de los ciudadanos, sino la simple supervivencia de Feijóo dentro y fuera del partido", señalan fuentes de Moncloa, que quieren fijar el mensaje de que, con su voto, el PP "rechaza que se revaloricen las pensiones, que haya ayudas al transporte público o para los afectados de la DANA". "Nada le importa. Todo le vale. Es un frívolo", agregan las mismas fuentes.
Varios ministros han salido en tromba contra los populares tras conocerse el sentido de su voto. También desde Ferraz, que asegura que el PP, de todo el decreto, solo tiene problema con una parte del mismo, que es la cesión de la sede del Instituto Cervantes en París al PNV. "Tienen franquitis. No se puede estar en contra de que un edificio se devuelva por una incautación del franquismo", remachan con una cuestión que ha provocado sonoros choques entre el PP y el PNV en los últimos días y también durante el debate del decreto.
Y, en esta ocasión, la estrategia de Sumar coincide con la del PSOE: puño de hierro con el PP, guante de seda con Junts. Aunque en la formación que lidera Yolanda Díaz hay descontento con el movimiento de los independentistas catalanes, la propia vicepresidenta señaló directamente a los populares, a quienes responsabilizó de la caída del decreto. Díaz, de hecho, fue durísima con la formación y denunció que el PP, "cuando tiene que entre elegir entre mejorar la vida de la gente y ganar derechos o causar daño, siempre se queda con lo segundo: causar daño".
En contraste con estas declaraciones, el tono de Díaz con Junts fue enormemente suave. "Forman parte del bloque de investidura, y lo que es evidente es que hay que recobrar la confianza y seguir trabajando para mejorar nuestro país", se limitó a señalar la vicepresidenta. Las críticas a Junts se han reservado para dirigentes de segunda línea de Sumar: el portavoz de IU en la coalición, Enrique Santiago, espetó que PP, Vox y Junts "desprecian a pensionistas, jóvenes, trabajadores y a los colectivos más vulnerables", mientras el diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, espetaba que PP y Junts "no son políticos, son voceros de los poderosos".
Aseguran que Junts "se bajó del carro"
Aunque la disposición del PSOE es cargar con toda la culpa al PP y evitar subidas de tono con Junts para no jugársela con sus socios más inestables, no todos los ministros del Gobierno han logrado disimular su enfado, de hecho, fuentes gubernamentales acusan a los de Carles Puigdemont de haberse "bajado del carro" en un decreto que estaba "requete negociado y acordado". "Quien diga lo contrario, miente. Había un acuerdo mayoritario", lanzan voces acreditadas en el Ejecutivo. Ahora, "que cada palo aguante su vela", agregan.
Pero la advertencia no deja de ser un gigante con pies de barro, ya que los votos de Junts siguen siendo tan imprescindibles para el Ejecutivo como lo eran antes de lo sucedido en este primer Pleno del año. De ello son muy conscientes en la Dirección del PSOE, que insiste en que seguirán negociando "con todos" excepto con Vox para sacar adelante cualquier medida, porque "el reparto de fuerzas es exactamente el mismo que al inicio de la legislatura", remachan.
Sin embargo, resulta ya evidente que los órdagos de Puigdemont han ido a más en los últimos meses: desde presentar una iniciativa para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, pasando por acuerdos puntuales con el PP, hasta la "ruptura" con el PSOE que el líder de Junts fijó la semana pasada y puso en práctica con el 'no' a estos decretos. Todo ello complica más la negociación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año. Y aunque en Ferraz no se dan por vencidos y aseguran que su intención es presentarlos y agotar la legislatura en 2027, ya no se toman al pie de la letra el calendario marcado por Sánchez, que estaba fijado en el primer trimestre del año. "La cuestión es aprobarlos", relativizan fuentes socialistas.
