Este pasado viernes celebrábamos el 46.º aniversario de la Constitución española, en un contexto en el que, si miramos solo unos años hacia atrás, para algunos sería impensable o difícilmente creíble. Y es que aquellos y aquellas herederos de un partido que promovió el no a la Carta Magna, y que ahora dicen defenderla, distan mucho de la defensa real de la misma que hacemos los que para ellos y ellas somos hoy unos traidores.
Este año, tras 14 años de ausencia, un president de la Generalitat de Catalunya volvía a estar presente en el acto. Y es que Salvador Illa es un ejemplo de la defensa de los valores de nuestra Constitución. Ese día, el president Illa señaló el avance que ha supuesto el texto para el conjunto del Estado, y la necesidad de seguir avanzando en derechos reconocidos en el mismo.
Porque la mejor manera de defender la Constitución es aplicándola. Como ejemplos, su artículo 47 –el derecho a una vivienda digna–, a través de políticas valientes como las anunciadas por el president y las ya aplicadas por el Gobierno de España. O el artículo 45 –la defensa del medio ambiente– frente a los negacionistas climáticos. O respetando los Estatutos de autonomía, apoyando las diferentes lenguas oficiales. O abanderando políticas que defienden y protegen la libertad cultural e informativa expresada en el artículo 20.
A menudo, aquellos que se erigen como sus grandes defensores, utilizan la Carta Magna como arma arrojadiza e intentan apropiársela un día sí y otro también, mientras pactan con los que ponen en duda el propio Estado autonómico, bloquean instituciones recogidas en la misma o adelgazan hasta la asfixia derechos constitucionales como la sanidad o la educación allí donde gobiernan.
Por lo tanto, queda claro que lo que necesita nuestra Constitución para seguir siendo garante del Estado moderno y plural en el que España sigue avanzando es más aplicar la Constitución y menos apropiársela. Es decir: más Illa y menos Ayuso.
