El magistrado conservador José María Macías ha denunciado que el pleno del Tribunal Constitucional que ha aceptado por la mínima la abstención de Juan Carlos Campo de la Ley de Amnistía se ha constituido de manera "irregular" y ha advertido de que da a entender que se busca "preservar una determinada mayoría".
Macías ha emitido un voto particular, en el que carga duramente contra la forma en que se ha celebrado el Pleno de este martes, que ha aceptado la petición de Campo de apartarse de todos los asuntos de la amnistía por 6 votos a favor y 5 en contra, cuando hace dos semanas se avaló su abstención por unanimidad en la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo.
"La forma en cómo se ha resuelto al asumir y participar en el incidente de abstención de un magistrado, otros magistrados recusados antes de que se resuelva la recusación, es severamente irregular, y aún lo será más si esta situación se reproduce en los incidentes que quedan pendientes", asegura el magistrado, en su primer voto particular desde que fue nombrado magistrado hace unas semanas.
Según Macías, ninguno de los tres magistrados que tienen pendientes de tramitar y resolver las recusaciones presentadas contra ellos -el presidente Cándido Conde Pumpido, la magistrada Laura Diez y él mismo- tenían que haber participado del debate de este mañana.
De hecho, señala que "en coherencia con las objeciones" que plantea en su voto él no debió participar, como así lo expuso. "Debo señalar que mi participación en el Pleno se ha producido contra mi criterio y por decisión del propio Pleno".
Más allá de su situación particular, el magistrado advierte de que "el Pleno del Tribunal se ha constituido de manera irregular al haber participado en él magistrados recusados antes de que se resolviesen las recusaciones" dejando claro que "la conformación de un tribunal no es una mera cuestión interna, organizativa o de mero trámite", sino que "es una cuestión nuclear".
Por eso entiende que "lo que irremediablemente habría que concluir es que no se quiere proteger el funcionamiento del tribunal, sino preservar una determinada mayoría que previamente se da por supuesta, y semejante planteamiento desacreditaría al TC como un órgano de justicia y abonaría el discurso de su politización".
Asimismo, cuestiona que las abstenciones de Campo las haya asumido el presidente, pues la ponencias se han atribuido "a un magistrado afectado por una recusación no resuelta".
Una decisión, en su opinión, que no encuentra amparo legal en la ley que regula el propio tribunal que atribuye al presidente adoptar "las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, de las Salas y de las Secciones", porque, según Macías, afecta a "aspectos puramente organizativos que en absoluto permiten prescindir o exceptuar las reglas de reparto de los asuntos".
Aunque este pleno no ha abordado explícitamente aun las recusaciones, la polémica ya está servida pues existen 54 -algo nunca visto en el tribunal- cuyo devenir se antoja vital para alterar o mantener el actual equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores, que con la salida de Campo se queda en un 6 a 5.
La votación de este martes ha sido un anticipo de ello. Una de las discrepancias de los conservadores es que no veían bien que el presidente fuera el ponente de las abstenciones de Campo.
Pero también, según fuentes jurídicas, no querían que los tres magistrados recusados -Conde Pumpido, Diez y Macías, formaran parte del pleno que iba a votar las abstenciones por estar recusados.
Así las cosas, el debate se centra ahora en cómo tramitar y resolver las recusaciones, con visiones contraopuestas entre los bloques progresista y conservador, que podrían bloquear el tribunal.
Tal y como ha sucedido este martes, los conservadores abogan por excluir del debate a todos los recusados, lo que dejaría al tribunal en tablas (4 a 4) para resolver todos los incidentes de recusación; si bien otras voces entienden que solo el recusado en cuestión se aparte de su propia votación y sí participe de la de sus compañeros.
