El instructor del Tribunal Supremo encargado de investigar el procés, Pablo Llarena, ha trasladado a los Juzgados de Barcelona varios informes sobre la fuga de Carles Puigdemont -objeto de una orden de detención nacional- el pasado 8 de agosto tras dar un mitin en Barcelona. En una providencia dictada este jueves, señala que no se puede excluir que los Mossos d'Esquadra que debían detenerlo incurrieran en delitos por faltar a su obligación o por encubrimiento.
El instructor explica en apenas dos folios que los informes que ha solicitado "aportan una explicación detallada" de la fuga. Los documentos analizan tanto "las circunstancias en las que se produjo la aparición pública del procesado rebelde" como "las razones por las que no fue detectada su entrada y salida de España y no pudo materializarse su detención".
Lo expuesto en estos informes "impide excluir la participación de otros responsables no aparentes en los delitos previstos en los artículos 408 y 451.3ºb del Código Penal", considera el instructor. El primer artículo al que alude se refiere a "la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables". Se trata pues, de un delito de dejación de funciones, castigado con una pena de inhabilitación de entre seis meses y dos años.
El segundo artículo castiga con penas de entre seis meses y tres años de prisión al responsable público que ayude al responsable de un delito "a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura". Además de la pena de prisión, se castigará a quien lo cometa con entre dos y cuatro años de inhabilitación para el cargo público.
Según relata la breve providencia, Llarena ha podido comprobar "la dificultad de abordar la detención del procesado [Carles Puigdemont] en el seno de la aglomeración de personas a la que se incorporó. Pero no da por probado que no hubiera colaboración policial. Efectivamente, los manifestantes independentistas comenzaron a aparecer por el paseo de Lluís Companys a primera hora del 8 de agosto, expectantes ante la posible aparición del líder fugado, y el expresident se sirvió de la multitud para desaparecer.
Puigdemont apareció en escena acompañado de varios compañeros de partido y finalmente se subió a un escenario para ofrecer un discurso. Al terminar su comparecencia, desapareció detrás del escenario acompañado de su abogado Gonzalo Boye. "La parte de detrás del escenario estaba vallada. Había un control de acceso y un distintivo para saber quién era de la organización y quién no. Teníamos unas 4.500 personas, por lo tanto, no era el momento más idóneo ni oportuno teniendo en cuenta los objetivos del operativo", relató al día siguiente el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent.
Acto seguido, el expresident entró en una carpa y accedió a un vehículo para salir del lugar. Entonces se inició "una persecución del vehículo", un Honda blanco conducido por una mujer, que portaba una silla de ruedas en el asiento del copiloto. A 600 metros del Parlament de Cataluña, los Mossos perdieron la pista al coche y entonces se activó el "protocolo Jaula", primero en Barcelona y después en toda Cataluña.
A lo largo de la jornada Puigdemont se escondió en tres pisos de particulares; y no salió de Barcelona hasta las ocho de la tarde, cuando las autoridades ya habían desactivado la operación jaula. Pablo Llarena solicitó informes a los Mossos d'Esquadra y al Ministerio del Interior para dilucidar cómo se había producido el incumplimiento de la orden de detención dictada por este mismo instructor. Pero el Tribunal Supremo no es competente para hacerse cargo de la investigación, por lo que ha remitido los documentos a los Juzgados de Barcelona "a los efectos legales oportunos", tal y como apunta en la providencia de este jueves.
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