La ley de familias está de aniversario, aunque de momento tiene poco que celebrar. Este 28 de febrero se ha cumplido un año desde que el Consejo de Ministros aprobó la norma y la envió al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Ese fue el último avance del texto, que desde entonces ha estado abandonado en un cajón de la Cámara Baja, uniéndose al resto de iniciativas que está costando sacar adelante por la complicada aritmética parlamentaria, muy marcada por las negociaciones con Junts.
Lo cierto es que la norma viene de años atrás. Dos, para ser concretos. El texto se fraguó en los despachos de la entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ahora líder de Podemos, pero decayó por la convocatoria de elecciones anticipadas del 23 de julio de 2023. De hecho, su sucesor, Pablo Bustinduy, decidió enviarla a la Cámara Baja sin tocar una coma para agilizar su tramitación y negociar ahí las novedades que pretende introducir, como la ampliación de la baja por nacimiento de 16 a 20 semanas o retribuir el permiso de ocho semanas por cuidado de hijos.
Pero la norma ha estado un año sometida a un continuo aplazamiento del periodo de enmiendas. Más de treinta veces se ha decidido posponer la tramitación de la ley, de la que incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumió el pasado mes de octubre, en una especie de declaración de intenciones para desbloquear las negociaciones. "El proceso de negociación está siendo complejo y largo y, además, estamos en un contexto en el que la política social no ocupa el papel que debería tener en el debate político, lo cual supone un obstáculo añadido", cuentan a 20minutos fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, desde donde reconocen que "la configuración parlamentaria en esta legislatura es compleja" y que siguen trabajando para conformar una mayoría que permita sacar adelante el proyecto de ley. "Para este ministerio, la ley de familias es una urgencia absoluta y trabajamos para que sea aprobada cuanto antes", insisten.
Las mismas fuentes aseguran a este periódico que, según datos oficiales de hace un año, la nueva ley beneficiaría a más de medio millón de familias por las medidas recogidas en la iniciativa, como la expansión de la deducción para madres trabajadoras (que beneficiaría a 248.175 familias); la equiparación de las familias monomarentales de dos hijos a las familias numerosas (303.153); el incremento de la cobertura del subsidio por nacimiento (1.377); los nuevos acogimientos con discapacidad (282); y la garantía de plazas de Educación Infantil para familias monomarentales (37.928).
El PP denuncia "dos años perdidos"
En el PP, que desde el principio ha mostrado su rechazo a la ley, denuncian los "dos años perdidos" para legislar una mejora de las condiciones de vida de las familias en España. La norma del Gobierno no convence a los de Génova, que consideran que, tal cual está redactada, no respeta las competencias autonómicas ni responde a las necesidades de las familias, y defienden la iniciativa que ellos mismos registraron en octubre de 2024.
"Hay razones de peso que justifican nuestro rechazo y, por lo que parece, el de sus socios de investidura; pues son estos los que semana tras semana solicitan la prórroga en la tramitación de este proyecto de ley que, más que políticas de familia, pretende hacer política con la familia y, sobre todo, no resuelve sus problemas, que son muchos y van en aumento", subraya a este periódico la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del PP, Ana Alós. "Casi un año desde que el Gobierno registró la Ley de Familias, dos años perdidos porque la situación de las familias ha empeorado", añade.
Las ONG piden que se reactive la tramitación
Las entidades de infancia llevan un tiempo reclamando esta ley que, aseguran, contribuirá a reducir la tasa de pobreza infantil, actualmente en el 28,9%, que mantiene a España como el país con peores datos de toda la Unión Europea (UE), con más de dos millones de menores en esta situación. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, lamenta la falta de voluntad política para sacar adelante la norma y lo achaca al coste económico que supondría impulsar todas las medidas reconocidas en ella, que, sin presupuestos generales, se complica. "Dependerá de las negociaciones que están teniendo los partidos para ver si hay un apoyo a nuevos presupuestos, pero al final lo que está penalizando son el desarrollo de estas medidas tan claves", asegura.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta que el plazo para aprobar unas nuevas cuentas está a punto de vencer, el director de la organización recuerda que muchas de las medidas contempladas en la ley responden a una directiva de Bruselas, que ya sancionó a España por retrasar su transposición. "Además, estamos viendo por litigación estratégica algunas cosas como que la duplicación de permisos para familias monomarentales a través de los juzgados se están reconociendo. Queramos o no, esta ley tiene que aprobarse para dar reconocimiento a una realidad que, por parte de los tribunales, se está asumiendo. Y si no es ahora por presupuestos, el Gobierno y los partidos tienen que asumir que esta ley tiene que aprobarse. Habrá que ver si se prioriza o no", añade.
Desde UNICEF también reclaman que se reactive el proceso parlamentario. "Es muy necesario avanzar en la regulación de contenidos fundamentales de la ley, como, por ejemplo, el reconocimiento de las familias monoparentales y la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad con otros tipos de familias", defiende Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF España, que reclama también un "incrementos sustancial" de las prestaciones familiares. Una medida que ve "más que justificada", después de los últimos datos del INE, que apuntan un crecimiento de la pobreza infantil "en medio de la bonanza económica".
El otro escollo: la remuneración de los permisos
Otro de los compromisos de Bustinduy es la remuneración del permiso parental de ocho semanas. Es un mandato de la UE que, sin embargo, todavía no se ha llevado a cabo y que el ministro esperaba poder introducir en los nuevos presupuestos.
Ahora, cuentan fuentes de su departamento, están trabajando para que "dentro de esta ley o fuera", se apruebe la retribución de cuatro de las ocho semanas de permiso, junto con otras medidas, como que las familias monoparentales puedan disfrutar del doble permiso de paternidad —como ya están reconociendo los tribunales— y una prestación universal por crianza hasta los 18 años. "Nosotros trabajamos en el escenario de que habrá presupuestos y tenemos la confianza de que los habrá e incluirá la retribución de los permisos", zanjan.
