El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha descartado abrir una pieza separada para indagar en las filtraciones de información relativa a la causa en la que investiga al fiscal general del Estado, precisamente por un presunto delito de revelación de secretos. El instructor sostiene que no procede abrir causa en el Supremo, sino enviar "testimonio" para que un juzgado de instrucción tome la decisión que considere. Hurtado también descarta "adoptar decisión alguna que suponga la limitación del derecho a la libertad de expresión".
En un auto de 11 folios, el magistrado del Supremo contesta a varios escritos, entre ellos uno presentado el 7 de enero y complementado el día 10 por la defensa de Álvaro García Ortiz, a cargo de la Abogacía del Estado. En el mencionado escrito, la Abogacía planteaba varias quejas y subrayaba que se había vulnerado el derecho de García Ortiz a un juicio justo al incumplirse la reserva de la investigación.
En definitiva, la defensa del fiscal general denunció filtraciones por parte de la acusación particular —Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso— y las acusaciones populares —la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y Manos Limpias—. Al hilo, el escrito de la Abogacía del Estado pedía al juez que abriera una pieza separada para investigar los hechos y aplicar una multa a los responsables de las filtraciones.
El juez recuerda que ya el 5 de diciembre dictó una providencia para remitir "al Juzgado de Instrucción correspondiente" una queja previa por filtraciones. Añade también que con el avance de la causa se han tomado diversas medidas para "extremar las precauciones" y evitar posibles filtraciones; entre ellas, la de no remitir a las partes personadas los vídeos de las declaraciones, sino una transcripción escrita.
"Hasta aquí las medidas que este magistrado ha de adoptar en el seno de la presente causa", recoge ahora el juez Hurtado, partidario de que sea un juzgado de instrucción quien analice si se "precisa una investigación". Por otra parte, el magistrado lanza un reproche a la Abogacía del Estado por acusar a las acusaciones de estar tras las filtraciones.
"No se alcanza a entender por qué se pone la atención tan solo en las acusaciones particulares y populares, cuando se alega que son estas 'las que están incumpliendo el deber de reserva de las diligencias sumariales', sin dar mas explicación que la aparición de determinada información en determinados medios", destaca el auto de Hurtado, y añade que la acusación no se sustenta en "prueba alguna".
Un juicio paralelo
Otra de las quejas a las que contesta el instructor, también proveniente de la defensa de Álvaro García Ortiz, consiste en la existencia de un "juicio paralelo" en medios de comunicación y la necesidad de acabar con él. El juez sostiene en primer lugar que "cuando de una alegación de este tipo se trata, formulada por una parte, sobre el comportamiento en el mismo proceso de otra, ha de ser mirada con la suficiente cautela". "Se suele olvidar de las opiniones de otros medios y determinados ámbitos que le son favorables", añade el instructor.
Es más, el juez toma como suya una respuesta del ICAM a la queja de García Ortiz: "El juicio paralelo —de existir— no afecta a la legalidad de la instrucción, pues el juicio mediático discurre sin injerencias en el ámbito jurisdiccional". "Necesariamente he de compartir esta consideración", relata el juez en el auto, en el que subraya que no puede tomar medidas más restrictivas "en cuanto que impedir" la difusión de informaciones "supone poner limitaciones a un derecho fundamental, como es la libertad de expresión".
