No habrá subida fiscal al diésel antes de fin de año. El último Consejo de Ministros de 2024, celebrado este lunes, aprobó varios decretos de cara al año que entra, entre los que se cuentan la nueva prórroga del escudo anticrisis o la subida de las pensiones. Pero entre las medidas aprobadas no está una que el Ministerio de Hacienda lleva meses persiguiendo, pero que no termina de concretar: la subida fiscal al diésel, con la que el Gobierno cuenta para ingresar en las arcas del Estado 1.000 millones de euros extra que necesita para hacer frente a gastos significativos, como la reconstrucción de Valencia tras la DANA.
La decisión de posponer la aprobación de este aumento impositivo se tomó por sorpresa, puesto que lo previsto era que Hacienda la incluyera entre las medidas aprobadas este lunes. Si no ha sido así, explican fuentes del ministerio que dirige María Jesús Montero, es porque "se sigue hablando y negociando" con los grupos parlamentarios. Traducido: porque el Gobierno no tiene aún amarrados los votos suficientes para convalidar la medida cuando, dentro de un mes, los decretos aprobados este lunes sean enviados al Congreso para que este les dé luz verde definitivamente.
Técnicamente, lo que quiere hacer Hacienda es igualar el trato impositivo que recibe el diésel con el de la gasolina, si bien el incremento tributario, si no hay cambios de última hora con respecto a la propuesta sobre la que se lleva un tiempo negociando, no se aplicaría al combustible utilizado por los profesionales. El objetivo final de subir este impuesto es "internalizar los costes ambientales que provocan estos carburantes y, en la medida de lo posible, [...] moderar las emisiones de gases de efecto invernadero" desincentivando la compra o el mantenimiento de vehículos movidos por diésel.
A priori, el Gobierno tiene opciones de sacar adelante esta medida con el apoyo de sus aliados parlamentarios, puesto que ninguno de ellos se ha negado taxativamente a aprobar un impuesto que, aunque no es demasiado popular, se entiende necesario para la descarbonización de la economía. No obstante, lo cierto es que, hasta ahora, tampoco ningún socio del Ejecutivo ha anunciado de manera definitiva que apoyará la tasa: quienes han llegado más lejos públicamente han sido aliados como el PNV, que se han mostrado dispuestos a hacerlo, pero nada más.
Además, a Hacienda se le ha complicado el panorama en los últimos días, puesto que Podemos ha dado una nueva vuelta de tuerca a su presión al Gobierno y, este lunes, amenazó con no aprobar la subida fiscal al diésel, pese a que hace un par de semanas estaba dispuesto a negociarlo siempre y cuando se estableciera un diseño progresivo para que la mayor parte de la tasa no fuera asumida por las rentas más bajas. "La subida no cumple con las políticas que debe llevar a cabo un Gobierno progresista para hacer frente a la crisis climática, es un impuesto que pagarían fundamentalmente las familias trabajadoras de nuestro país", denunciaron este lunes los morados.
Sin tasa energética no hay impuesto al diésel
La eurodiputada de Podemos Isa Serra argumentó que "es ridículo quitarle los impuestos a las grandes empresas energéticas, que son las que venden el diésel y las que más contaminan, y hacerle pagar a las familias trabajadoras más impuestos". Y esa es la verdadera clave de la negativa de Podemos a negociar la subida fiscal al diésel: el enfado de los morados por el hecho de que Hacienda no haya logrado —a su juicio, no haya ni siquiera intentado— convencer a PNV y Junts de aprobar un impuesto permanente a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.
El Gobierno aprobó este lunes la prórroga por un año del actual gravamen, que lleva en vigor desde 2023, pero ese decreto tendrá que someterse durante el mes de enero a votación en el Congreso y PNV y Junts ni siquiera han querido sentarse a negociarlo y han dejado claro que lo tumbarán. Podemos, se ha tomado esa situación como un engaño por parte del Ejecutivo, ya que fuentes moradas aseguran que la Moncloa les prometió que los nacionalistas de derechas aprobarían el impuesto. Y, habida cuenta de que esa tasa a las energéticas no va a salir adelante, el partido que lidera Ione Belarra amenaza con devolver el golpe a Hacienda impidiéndole sacar adelante la tasa al diésel.
De hecho, ya hace unas semanas Podemos se negó a aceptar el marco de negociación que, inicialmente, quería poner en marcha el Gobierno, que apostaba por negociar separadamente el impuesto al diésel y el energético. Entonces, los morados argumentaban que separar las negociaciones podría permitir a Hacienda centrarse en la del impuesto al diésel y dejar morir la del gravamen energético. Lo cierto, no obstante, es que esa tasa a los beneficios de las energéticas parece herida de muerte aunque el Ejecutivo tenga un mes por delante para hacer cambiar de idea a Junts y PNV. Y la subida fiscal al diésel, por ahora, se mantiene bloqueada.
