Por unos alquileres accesibles y una vivienda digna, y "contra la inacción política a nivel estatal y autonómica", inquilinos a lo largo y ancho de todo el país han salido a las calles en numerosas ocasiones este último año, convocadas por el sindicato de inquilinas que denuncia que, el 60% de nuestros ingresos "van directos al bolsillo de los rentistas".
España está dividida entre quienes acumulan propiedades e ingresos por el alquiler, y quienes, incluso con empleos estables, no dispone de recursos para acceder a una vivienda en propiedad y, con dificultades, logra vivir dignamente como inquilino. En este contexto, al que se suman los conflictos geopolíticos y la inflación que deriva de ellos, las generaciones más jóvenes -que son quienes más sufren la problemática de la vivienda- no pueden independizarse hasta los 30 años y dependen del apoyo familiar para hacerlo.
Mientras los alquileres en España superan los 1.000 euros de media, los salarios de los jóvenes entre 18 y 35 años se sitúan entre los 1.200 y 1.500 euros de media, por lo que vivir en solitario se hace prácticamente imposible para la mayoría. De hecho, según los cálculos realizados por el Consejo de la Juventud de España (CJE) dedican un 108% de su salario al alquiler de la casa y a los suministros. Es insostenible.
Las cifras del alquiler: hacia la huelga de inquilinos
Los datos hablan por sí solos: en los últimos cinco años, el precio mediano del alquiler subió un 19% en España. Más de lo que subieron los ingresos medios de los españoles (14%) y tres veces más que la inflación en ese mismo periodo (6,7%). Ante esta realidad, desde el sindicato reivindican, no solo una bajada de los precios del alquiler, sino también "acabar con la estafa de los alquileres temporales y por habitación", y el fin de las operaciones de compraventa con fines especulativos, entre otras.
Además de las movilizaciones, los sindicatos comienzan a hablar de la huelga de alquileres, que, en algunos lugares, ya ha dado sus primeros pasos: en Cataluña el Sindicat de Llogateres ha informado de que "un total de 29 familias de las promociones de viviendas de protección oficial gestionadas por La Caixa (Inmocaixa)" iniciaron una "huelga de dos meses", que implica la devolución del "recibo de las dos últimas mensualidades del año". "Empieza la ya anunciada revuelta de las llaves", ha dicho Enric Aragonès, portavoz del sindicato.
¿Qué es la huelga de alquileres? Precedentes en España
En agosto de 1931, más de 90.000 familias barcelonesas se declararon en huelga y dejaron de pagar sus alquileres. Ocurría en un contexto en el que la ciudad había pasado de 600.000 habitantes a más de un millón, tras la llegada de andaluces, extremeños, murcianos y gallegos que, azotados por la crisis del 29, que ya se dejaba notar en Europa, buscaban vivienda y empleo.
Sus demandas eran dos: que el gobierno construyera vivienda barata y que se obligara a una rebaja del 40% del precio de los alquileres. Rescatando este episodio de nuestra historia, los sindicatos comienzan ahora a hablar de una huelga de inquilinos para acabar con la crisis actual. Pero ¿qué repercusiones legales podría tener para quienes participen?
Posibles repercusiones de una huelga de alquileres
"Si una inquilina deja de pagar, el problema lo tiene ella. Pero si diez mil inquilinas nos organizamos para no pagar, el problema lo tienen los caseros y los gobiernos que les sostienen. En eso consiste la #HuelgaDeAlquileres hacia la que caminamos", afirman desde el sindicato.
Sin embargo, la realidad es que en España, la huelga de alquileres no está reconocida como un derecho legal, ya que el artículo 28 de la Constitución solamente recoge el derecho a la huelga por motivos laborales. Por eso, de llevarse a cabo, no tendría amparo legal en los derechos que tiene una persona por hacer huelga.
¿Las consecuencias? No serían penales, pero podrían ser civiles, como reclamaciones judiciales por parte del propietario o incluso desahucios, como ocurría en aquel 1931 cuando, la Cámara de la Propiedad y el Patronato de la Habitación de Barcelona, protagonizó una fuerte represión policial y jurídica, cuadriplicando los desalojos y deteniendo y apaleando a miles de sindicalistas.
