El Gobierno vuelve a la carga con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras el parón estival. El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes los objetivos de estabilidad tras el revés parlamentario sufrido el pasado julio y también ha informado del techo de gasto para la administración central. Estos dos pasos son teóricamente necesarios para poder elaborar el anteproyecto de ley de Presupuestos, cuya tramitación se antoja difícil por el precario equilibrio de apoyos parlamentarios al Gobierno.
Ahora, la senda de déficit viajará de nuevo hacia el Congreso, donde ya fue rechazada por la cámara el pasado julio por los votos negativos de los diputados de Junts. Para evitar un nuevo revés parlamentario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha reclamado su apoyo a las fuerzas políticas más beligerantes contra la iniciativa (PP y Junts) a quienes ha advertido de que deberán responder de los motivos de su rechazo si vuelven a votar en contra.
La vicepresidenta ha advertido a populares e independentistas de que tumbar los objetivos implicará recortar 11.550 millones de euros de margen de gasto a comunidades y ayuntamientos (la diferencia entre la senda actualmente vigente y la que se quiere volver a aprobar). La ministra de Hacienda ha incidido en que los objetivos propuestos permitirían a estos territorios tres años sin ajustes fiscales, en un escenario en el que el Gobierno central sí tendrá que hacerlos.
Montero ha cargado igualmente contra Junts y la oposición por bloquear el proceso. "Negarle al país tener unos Presupuestos lo tendrán que explicar aquellos que, en vez de enmendar las cuentas públicas, lo único que hacen es poner todo el tiempo chinas en el camino para que el Gobierno no pueda desarrollar su actividad política".
En todo caso, la vicepresidenta ha recordado que si el Congreso vuelve a rechazar los objetivos de déficit, el Gobierno seguirá igualmente adelante con los Presupuestos. En ese caso lo haría con la senda de déficit remitida a Bruselas, que es más restrictiva para la administración local y regional.
Montero ya desplegó esta estrategia con las fracasadas cuentas de 2024, pero nunca la llegó a poner en práctica porque el Gobierno desistió de tramitarlas. El movimiento está avalado por un informe de la Abogacía del Estado, pero cuya validez legal ha sido puesta en entredicho por algunos expertos.
El Gobierno ha presentado las mismas referencias de déficit y deuda para todas las administraciones que ya fueron rechazadas hace menos de dos meses. Así, las autonomías podrán incurrir en un déficit máximo del 0,1% durante los próximos tres años sobre el PIB y los ayuntamientos deberán presentar sus cuentas en equilibrio. Unas metas que dejan algo más de margen fiscal a estos subsectores que en la senda actualmente vigente.
El techo de gasto también se mantiene en los 195.353 millones (sin contar fondos europeos), que implican una modesta subida del 3,2% en un contexto de exigencias de ajuste fiscal por parte de Bruselas. En todo caso, a diferencia de la senda de déficit, el límite de gasto no se somete a votación en el Congreso.
Atascados con la senda de déficit
Lo que ha aprobado este martes el Gobierno es solo un paso previo para poder presentar un anteproyecto de ley de Presupuestos. El Gobierno lleva todo el año atascado en esta fase, por la que ya ha pasado en cuatro ocasiones (dos con las fallidas cuentas de 2024 y otras dos con las de 2025).
Después de esta barrera queda todavía por delante un camino lleno de obstáculos en forma de negociaciones tanto dentro del Gobierno como con los grupos parlamentarios para alumbrar un texto que pueda salir adelante con mayoría absoluta en el Parlamento. Los socios más difíciles de convencer son ERC y Junts que, para más inri, celebrarán importantes congresos internos este otoño.
La idea del Ejecutivo sigue siendo presentar los Presupuestos en tiempo y forma. "Los llevaremos para que se aprueben. Yo acudo con todo el ánimo de sacarlos adelante y es lo que tiene que primar dentro del equipo de Hacienda que tiene mucho trabajo por delante", ha trasladado Montero.
En todo caso, el Gobierno ya ha dejado claro que un fracaso en las cuentas públicas para este año no será motivo suficiente para adelantar elecciones. El Ejecutivo cree que se puede gobernar con las cuentas prorrogadas de 2023, como ya ha ocurrido en otras ocasiones en los últimos años. La prórroga más célebre es la de los presupuestos de Rajoy de 2018, que estuvieron vigentes en 2018, 2019 y 2020.
