El Gobierno cambia el paso para intentar salir del bucle de derrotas parlamentarias y encontronazos con sus socios en el que lleva inmerso varias semanas. Este martes, el Ejecutivo anunció por sorpresa que renegociará su propuesta de senda de estabilidad de cara a los próximos Presupuestos con Junts, un gesto de distensión con los independentistas catalanes, con quienes la relación se encuentra en un punto de máxima tensión. Y no fue el único movimiento de la Moncloa, que también permitió que comenzaran a tramitarse en el Congreso sendas iniciativas legislativas de PNV y Podemos para apuntalar unas mayorías que no pasan por su mejor momento y que corren riesgo de derrumbarse y provocar el colapso de la legislatura.
Fuentes de Moncloa aseguran que retiraron la votación de la senda de déficit porque vieron oportunidades de negociar con Junts. En cualquier caso, al no enfrentarse a la votación del jueves esquivan un nuevo batacazo parlamentario, al tiempo que hacen otro gesto más a los posconvergentes. De hecho, Junts no tardó en realizar una primera oferta para apoyar una nueva propuesta: repartir en tercios el déficit entre la Administración central, la autonómica y las locales.
El Ejecutivo, que hasta el momento no se había abierto a modificar la senda de déficit, ahora ya da pasos en esa dirección. Se abre a una nueva propuesta consensuada con Junts en la que la Administración central asumiría más déficit en beneficio de las comunidades y corporaciones locales.
Fuentes de Sumar, por su parte, consideran que el movimiento del Ministerio de Hacienda no es una mera declaración de intenciones, sino que supone un intento en serio de intentar renegociar la senda de déficit. Y creen, además, que si el departamento que lidera María Jesús Montero ha reabierto las conversaciones con los de Puigdemont es porque "hay agua en la piscina", es decir, opciones reales de alcanzar un acuerdo, según señala un dirigente próximo a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Pero la retirada de la votación de la senda de estabilidad no fue la única decisión que tomó el Gobierno este martes para intentar volver a encontrar la sintonía con sus socios. El voto a favor del PSOE y Sumar a la toma en consideración de la iniciativa del PNV para dotar de mayores controles judiciales al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) va en esa misma dirección, y buena muestra de ello es que tanto los socialistas como Unidas Podemos —con quien compartía Gobierno entonces— rechazaron la misma proposición de ley en diciembre de 2022, cuando se debatió por primera vez en el Congreso.
Que la proposición de ley fuera tomada en consideración este martes en el Congreso no implica que la iniciativa se convierta inmediatamente en ley: tan solo ha iniciado su tramitación, y el PSOE puede aliarse con el PP para bloquear su discurrir parlamentario si así lo desea, como hace con cierta frecuencia. Pero el cambio de postura de los socialistas es significativo e intenta evitar a toda costa que su relación con el PNV se fracture, puesto que los nacionalistas vascos han sido uno de los pocos partidos con los que no han experimentado grandes problemas y que, además, han expresado públicamente que van a poner todo de su parte para que la legislatura continúe y sea fructífera.
Algo similar ocurre en el caso de Podemos, con quien el Gobierno necesita mantener tendidos los puentes. Este martes, el PSOE votó a favor de empezar a tramitar la proposición de ley de los morados para reformar el Código Penal y que la reparación del daño no sea atenuante en casos de delitos sexuales y para ofrecer asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia sexual. Y lo hizo pese a que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cargó frontalmente durante la defensa de su iniciativa contra los socialistas, a los que acusó de "incumplir" la ley del solo sí es sí y dejar en "total desprotección" a estas víctimas.
Pese a estas duras críticas, el PSOE evitó elevar el tono contra su socio parlamentario y se centró en asegurar que comparte la finalidad de la proposición de ley y por eso la apoya, a pesar de sus "muchas deficiencias", "tanto desde un punto de vista de técnica legislativa como respecto al contenido". "En algunos casos porque apuntan a modificaciones que o bien ya están aprobadas o que están en tramitación como se les ha dicho ya por parte de otros gobiernos", deslizó, eso sí, la diputada socialista Lidia Guinart.
