El Gobierno intenta reavivar la relación con sus socios tras varias semanas de varapalos parlamentarios que han sacudido la frágil mayoría en la que se apoya. Este martes, el Congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para incrementar los controles parlamentarios y judiciales a la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Y lo hizo gracias a los votos a favor tanto del PSOE como de Sumar, pese a que la pasada legislatura la misma propuesta fue derribada en la Cámara Baja precisamente porque los partidos que componían entonces el Gobierno —los socialistas y Unidas Podemos— rechazaron su toma en consideración.
Fuentes de Sumar se mostraban sorprendidas este martes por el cambio de posición del PSOE, que fue el movimiento clave para que la proposición de ley saliera adelante en el Congreso por 178 votos a favor, los de la apretada mayoría que invistió a Pedro Sánchez. Además de los socialistas, Sumar y el PNV, votaron a favor ERC, Junts, EH Bildu y Podemos, mientras que la toma en consideración fue rechazada por PP, Vox y UPN. La votación, no obstante, no implica que la iniciativa se convierta inmediatamente en ley: tan solo ha iniciado su tramitación, y el PSOE puede aliarse con el PP para bloquear su discurrir parlamentario si así lo desea, como hace con cierta frecuencia.
No obstante, y pese a que esa posibilidad está sobre la mesa, lo cierto es que el cambio de postura de los socialistas este martes es significativo después de varias semanas de encontronazos parlamentarios con sus socios. El PNV ha sido uno de los pocos partidos con los que el Gobierno no ha experimentado grandes problemas. Y el Ejecutivo quiere, precisamente, evitar a toda costa que esa relación con los nacionalistas vascos se agrie, toda vez que ellos han expresado públicamente por boca del lehendakari Imanol Pradales que van a poner todo de su parte para que la legislatura continúe y sea fructífera.
A este respecto, es muy significativa la respuesta que ofreció el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cuando fue preguntado por la prensa por los motivos que han provocado el cambio de posición de los socialistas con respecto a una iniciativa que tumbaron en diciembre de 2022. "¿Qué ha cambiado? El tiempo", respondió López a esa cuestión, para posteriormente argumentar que "los tiempos avanzan a tal velocidad que dejan obsoletas las normativas que teníamos antes y que servían". El PNV presentó por primera vez esta iniciativa en 2022 a raíz del escándalo de espionaje con el programa Pegasus a decenas de dirigentes independentistas catalanes, y entonces el PSOE la rechazó.
Tres jueces y no solo uno
Esos mismos argumentos, que la reforma serviría para adaptar la actual legislación al "entorno geoestratégico y tecnológico" actual, utilizó la diputada socialista Isaura Leal para justificar el voto a favor de su grupo este martes. El resto de sus aliados, por el contrario, recordó a los socialistas las circunstancias en las que fue presentada la iniciativa: ERC espetó que el expresident Pere Aragonès fue espiado mientras "negociaba" con el Gobierno y avisó a Sánchez de que no puede seguir "atrapado en su tacticismo" y de que la "paciencia" se puede "agotar", mientras Junts cargó contra el juez Pablo Lucas, ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que autorizó escuchas a Gonzalo Boye, abogado del expresident Carles Puigdemont.
La proposición de ley del PNV que comenzó a tramitarse este martes establece que sean tres jueces —y no solo uno, como hasta ahora— quienes deban autorizar por unanimidad una solicitud para espiar las comunicaciones de un ciudadano sospechoso, y además obligaría al CNI a presentar un balance ante la justicia tras cada escucha que realice. La norma, además, establecería el deber de que los servicios de inteligencia detallaran a los jueces las características concretas de los pinchazos telefónicos.
Asimismo, la iniciativa plantea que la comisión de gastos reservados del Congreso—más conocida como de secretos oficiales— tendría derecho a conocer qué medios se utilizan en las operaciones de espionaje realizadas por los servicios de inteligencia. Y, en relación con el poder ejecutivo, la reforma supondría que la propuesta del director del CNI debería ser hecha por el presidente y no por el ministro de Defensa, como ocurre hasta ahora.
