El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, igual que hizo con la misma norma del Gobierno de Aragón. Así lo ha asegurado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en una rueda de prensa en la que ha afirmado que Cantabria rechazó la posibilidad de negociar un acuerdo y evitar el recurso en la Comisión Bilateral de Cooperación.
La derogación de esta ley se hizo efectiva después de que fuera aprobada en el Parlamento autonómico con la mayoría de PP y Vox, y se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 12 de noviembre. La presidenta popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga Gómez, firmó la derogación de esta ley -que sacaron adelante el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y PSOE en 2021- argumentando que "nació muerta" porque "no hubo consenso" en su tramitación.
"De una ley que pretendía reparar a las víctimas de la violencia política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura podría haberse esperado un cierto grado de consenso que supusiera, en efecto, una auténtica reparación", declara la presidenta cántabra en el preámbulo de la derogación de la norma.
PRC y PSOE denunciaron en la Cámara regional que, con esta ley, se derogaba una norma que reconocía "los derechos de todas las víctimas", cerraba heridas y acababa con una "mentira intencionada" que "instala en el olvido los crímenes del franquismo". Ahora, el Gobierno de España recurre la decisión porque, según argumentan, la derogación de la norma "menoscaba" el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática".
En concreto, sostiene que la Ley de Cantabria "no hace una derogación técnica o aséptica de la legislación autonómica de memoria democrática, sino que elimina todas las previsiones de la Ley de Memoria Democrática autonómica". "Deroga totalmente el estatuto jurídico de las víctimas, así como las previsiones de colaboración que permitían la efectiva aplicación de la ley estatal", agrega.
