El Gobierno ha presentado este viernes un plan de despliegue de la nueva ley ELA, aprobada a finales de año, con el objetivo de "acelerar" su implementación y reforzar la coordinación entre comunidades autónomas. Se trata de un borrador que han presentado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la de Sanidad, Mónica García, a los representantes de ConELA para que hiciesen sus aportaciones al documento.
"Este documento pretende acelerar el cumplimiento de la norma con 11 medidas que aterriza la ley en políticas concretas para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad, así como la de sus familiares y la de las personas y profesionales que cuidan de ellas", señala el departamento que dirige Bustinduy en un comunicado en el que detallan el contenido del texto, que cuenta también con un calendario de implementación de los compromisos marcados en la norma.
Las medidas recogidas en el borrador van desde la aprobación de un reglamento específico a la agilización del acceso al Sistema de Atención a la Dependencia. También aparecen otras relacionadas con la inclusión de nuevos tratamientos a través del Sistema Nacional de Salud o la creación de un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas.
Una "hoja de ruta" con dos fases
El objetivo del Gobierno es marcar una "hoja de ruta" que permita facilitar el despliegue de la ley ELA, aprobada en octubre con el voto a favor de todos los grupos políticos. Así, el plan está dividido en dos fases. La inicial, ya en marcha, contempla ocho actuaciones para agilizar los trámites de valoración de la discapacidad con el fin de acelerar el acceso a las ayudas y las prestaciones vinculadas a la dependencia. También contemplan otras medidas dirigidas a la formación de los profesionales del sistema de dependencia o al incremento de las cotizaciones de los familiares cuidadores y su inclusión como "colectivo prioritario" en las políticas activas de empleo del Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social.
Además, esta primera fase recoge igualmente las actuaciones de las que tendrá que encargarse del Instituto de Salud Carlos III en términos de investigación, así como todas aquellas destinadas a las personas electrodependientes, que necesitan un "uso intensivo" de la electricidad. Y, por último, una de las claves de la ley, que representa una de las principales demandas de los colectivos de afectados por la ELA: la necesidad de avanzar hacia la provisión de servicios especializados las 24 horas del día.
La segunda fase que, según Derechos Sociales, ya está "en preparación" y se activará una vez se apruebe el desarrollo normativo de la ley, se centrará en "adecuar la atención prestaciones" a las personas afectadas. "Suponen, por tanto, medidas que deben movilizar los gobiernos autonómicos, como responsables de ofrecer los servicios", detallan desde el departamento de Bustinduy. Para ello se creará una mesa de trabajo con las comunidades autónomas en el marco del Consejo Territorial del Sistema de Dependencia; se actualizará la cartera de servicios para ampliar la cobertura en fisioterapia y rehabilitación; y se elaborará un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas.
