Más allá de los equilibrios con las exigencias territoriales e intereses partidistas de sus siete socios, el PSOE se enfrenta ahora a la esfera más ideológica de estas negociaciones. Los socialistas pactaron la semana pasada con Junts y PNV eliminar a partir de enero el impuesto extraordinario a las empresas energéticas que llevaba dos años vigente y atenuar el gravamen a los beneficios de la banca. Y, aunque esa cesión no está directamente relacionada con los Presupuestos Generales del Estado, lo cierto es que ha soliviantado a sus socios de izquierdas, igual de imprescindibles para sacar adelante las cuentas y que llegarán a la negociación de uñas con el Gobierno.
El PSOE ha alcanzado estos acuerdos con PNV y Junts en el marco de las conversaciones para sacar adelante la ley que establecería un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas, pero las reivindicaciones de estos socios conservadores del Gobierno vienen de lejos. Los nacionalistas vascos podrán ahora rebajar el impuesto a la banca a las entidades que operen en Euskadi, como llevaban meses pidiendo. Y Junts, por su parte, exigía al Gobierno —en perfecta sintonía con las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec— acabar con el impuesto a las empresas energéticas después de que Repsol amenazara con retirar inversiones en su planta de Tarragona.
La cesión de los socialistas con estos dos socios le garantiza sus votos favorables a esa ley para establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades que pagan las grandes empresas, aunque el movimiento ha enfadado tanto a sus aliados de izquierdas que Podemos ha amenazado con derribar la norma (los morados tienen capacidad para hacerlo) si no se revierte ese recorte. Pero a ninguna de las fuentes consultadas se le escapa que este pacto del PSOE con Junts y el PNV trasciende esta ley y supone entrar de lleno en la cuestión presupuestaria: no solo porque el Estado verá reducidos sus ingresos al decaer el impuesto a las energéticas y al modificarse el que afecta a la banca, sino también porque supone un viraje del Gobierno en una materia tan delicada como la fiscal.
Como tal, las negociaciones del Ejecutivo con los grupos parlamentarios sobre los Presupuestos aún no han comenzado, si bien existen ciertos contactos desde hace semanas. El Ministerio de Hacienda se encuentra primero inmerso en intentar desbloquear la aprobación del techo de gasto, que determinará el nivel de inversión que pueden incluir las cuentas. Y, para ello, está negociando discretamente con Junts después de haber tenido que retirar en el último momento su propuesta anterior ante la amenaza de los independentistas de derribarla.
Fuentes conocedoras del contenido de esas negociaciones aseguran que marchan bien. Y, aunque la medida no esté estrictamente relacionada con el techo de gasto y a que Junts insista en que negocia cada cosa en "carpetas separadas", que el PSOE haya accedido a eliminar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas supone un espaldarazo a esas conversaciones, interpretan algunos de los socios de los socialistas. No obstante, el camino que el Gobierno allana por su derecha se le empina por la izquierda, puesto que Sumar, Podemos, ERC o Bildu han recibido el pacto de los socialistas con Junts con disgusto, y sus votos son exactamente igual de necesarios que los del partido de Carles Puigdemont para sacar adelante los Presupuestos.
El ala socialista del Gobierno, por su parte, ya dejaba caer hace unas semanas que la posibilidad de dejar caer los impuestos a los beneficios extraordinarios a la banca y las empresas energéticas existía y que el Ejecutivo tendría que hacer sacrificios ante una aritmética parlamentaria muy fragmentada en la que "la aspiración de un grupo político no se corresponde con la de otro". "Si el Gobierno no cuenta con una mayoría suficiente, no podrá cumplir con que esos impuestos permanezcan a lo largo del tiempo", admitía hace unas semanas la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
Compensar a la izquierda
Una vez confirmada esa cesión ante las exigencias de Junts y PNV, al PSOE se le presenta la disyuntiva de qué ofrecer a sus socios progresistas para compensarles. Por ahora, los socialistas tan solo tienen abiertas conversaciones con Sumar para presentar conjuntamente un borrador de Presupuestos que después negociar con el resto de los grupos parlamentarios. Fuentes de la formación de Yolanda Díaz afirmaban sentir el jueves pasado "enfado" ante la decisión del PSOE con los impuestos a banca y energéticas, pero, aunque insisten en que pelearán "hasta el final" para revertirla, también señalan que sus prioridades de cara a los Presupuestos no han cambiado.
En este sentido, Sumar pidió públicamente hace mes y medio una reforma legal para que los contratos de alquiler de vivienda tengan una duración indefinida, así como la prohibición de comprar vivienda en zonas tensionadas si no es para usarla como primera residencia, o el aumento de 100 a 200 euros al mes de la ayuda por hijo a cargo para los menores entre 0 y 3 años. Asimismo, para la formación es prioritario que se rediseñen los permisos para familias aprobados el año pasado para que, por ejemplo, al menos una parte del permiso de ocho semanas para padres de niños de hasta ocho años sea remunerado.
Otros socios, como Podemos, se muestran expectantes y a la espera de que el Gobierno acuerde su borrador y empiece a negociar con ellos. No obstante, fuentes de la formación morada aseguran que tendrán una posición de partida "dura", que además es especialmente inflexible porque sus bases aprobaron la semana pasada condicionar el apoyo de Podemos a los Presupuestos a que el Ejecutivo se comprometa a romper relaciones con Israel y bajar los alquileres por ley un 40%.
